Usos y abusos que roban la niñez (especial)

ELVA NARCIA CANCINO

En el trayecto de San Cristóbal de las Casas al municipio indígena tsotsil de San Andrés Larrainzar, en la zona de Los Altos de Chiapas, el padre Joel Padrón, narra una serie de anécdotas sobre matrimonios infantiles y matrimonios arreglados, los cuales asegura “van disminuyendo notablemente”.

“En algunas comunidades es tradición el contrato matrimonial hecho por los papás y frecuentemente es a iniciativa del papá del joven, con el fin de fortalecer los lazos entre las familias y la unidad comunitaria”.

El sacerdote se dirige a una comunidad indígena a media hora de distancia de San Andrés Larrainzar, va a oficiar un servicio religioso; este es el segundo viaje que lleva a cabo en ese sábado lluvioso, su contacto frecuente desde hace casi 50 años con los pueblos indios de Los Altos de Chiapas, le hace un gran conocedor de los usos y costumbres de la región.

En su narración explica que en los matrimonios arreglados en las zonas indígenas, rara vez la opinión de las niñas es tomada en cuenta y por lo general son los padres quienes hacen los acuerdos. Si acaso se le llega a preguntar a la muchacha, ella por lo general acepta “por compromiso familiar o por su cultura, pues no tiene opción para decir que no”.

Alguna vez le llegaron a contar, pero dice que no le consta, que a veces el papá del niño o de la niña propone que éstos vivan juntos desde pequeños “para que se vayan entendiendo mientras crecen y después se formalice el matrimonio”.

“Ahora, afortunadamente eso es cada vez menos, ya hay mucha comunicación entre los jóvenes, salen de su comunidad, salen de su medio”.

Cuenta el sacerdote que en muchos casos, las jovencitas llegan a tener problemas psicológicos, “se trastornan, se desequilibran, tienen, como dicen en las comunidades indígenas, “mal espíritu”, “como si el demonio llegara a poseer a estas jovencitas”, pero ese trastorno es resultado del choque cultural ocasionado cuando ellas son sacadas de su entorno familiar y pasan al control de los suegros.

“Cuando me mandan a llamar para que les haga oración porque tienen ‘mal espíritu’, yo les digo -comenta el sacerdote-, permítanle que vaya a su casa a pasar el fin de semana, o que la lleve el esposo y déjenla unos dos o tres días y eso resuelve el problema”.

María Teresa Olvera Caballero, del Consorcio de Organizaciones por la Vida y la Libertad de las Mujeres y las Niñas, una organización que trabaja principalmente en la región indígena de los Altos de Chiapas, asegura que desde la costumbre, tener hijas y criarlas “ha sido considerado como una inversión a largo plazo, en la medida que recibirán dinero, trabajo o regalos cuando sean pedidas en matrimonio”.

Olvera Caballero expuso el caso en Nueva York,  en marzo pasado en el marco del evento paralelo en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 60) de Oxfam y del proyecto de Debida Diligencia.

“El matrimonio prematuro es una ganancia financiera para las familias de esta región, marcada por la marginación extrema.

“Hace décadas -y aún ahora-, algunas jóvenes eran dadas en matrimonio muy pequeñas y el novio iba a trabajar de manera gratuita como parte de la concertación matrimonial durante uno o dos años con la familia de la esposa. En los últimos años esto ha cambiado y esa inversión se paga actualmente con dinero en efectivo”, aseguró.

Enamoradas

 Como es costumbre en los lugares calurosos del estado de Chiapas, en la colonia San Antonio, municipio de Chiapa de Corzo, la familia de Ana Yerli Marroquín González se sienta afuera de la casa para disfrutar el fresco de la noche.

Ana Yerli, quien tiene 16 años, está sentada en una mecedora y vestida con bermudas y camiseta holgada, no oculta sus siete meses de embarazo. Parado junto a ella está su primer hijo, Héctor Yahir.

Cuenta Ana Yerli que durante su primer embarazo se vio muy grave, pues se le subieron las plaquetas, ella dice que no se preocupó porque no sabía lo que eso significaba, pero aun así, con este segundo bebe en camino, ha tenido más cuidados.

A sus 37 años, Gabriela, la madre de Ana, ya es abuela. Ella también se casó joven, a los 18.

“Nosotros como padres -explica Gabriela-,  lo que queríamos era lo mejor para nuestras dos hijas, pero la juventud hoy en día está muy desatada y muy pequeñas agarran obligaciones”.

Ana Yerli conoció a su esposo, Israel Molina cuando él tenía 21 y ella apenas cursaba la primaria. Israel cree que las reformas al Código Civil, las cuales prohíben el matrimonio antes de los 18 años, son una buena medida para evitar que los muchachos y las muchachas “agarren compromiso a corta edad” porque luego se arrepienten, pero ni él ni Ana dicen haberse arrepentido.

Los papás de Ana habrían querido para sus hijas una vida mejor que la de ellos   “trabajamos muy duro para que no les faltara nada, para que no se quedaran como nosotros, como macetas, en el corredor”.

Hay quienes consideran que el matrimonio prematuro de las jóvenes se debió a que les dieron demasiada libertad, pero Guadalupe asegura que ellos decidieron educarlas así “para que vieran lo que en realidad es la vida”.

Según datos del Registro Civil del estado de Chiapas, en 20 de los 122 municipios de la entidad  se concentra la mayor presencia de matrimonios de menores, entre esos municipios se encuentra la capital del estado Tuxtla Gutiérrez y las ciudades más importantes de la entidad, Tapachula, Comitán Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo.

Los datos de esa institución indican que, por cada cien matrimonios en la entidad, 15 corresponden a menores de edad.

María de la Luz y Rosa Margarita son hermanas y también son vecinas. Radican en la colonia San Antonio en el municipio de Chiapa de Corzo. Ambas son menores de edad, María tiene 16 años y Rosa 14.

Ambas se escaparon con sus novios porque “estaban muy enamoradas”, además ya no querían estudiar; María terminó la primaria y Rosa cursó hasta el cuarto grado.

Ellas aseguran que son felices y que siempre quisieron tener una familia. Sus maridos no les pegan, pero de cualquier modo, si algún día ellas tienen hijas, les aconsejarán  que no cometan el mismo error, porque la vida en pareja implica muchas responsabilidades.

Las dos viven en la casa de sus suegros, sus maridos trabajan en un rancho, “en la vaquería”, dicen ellas.

La realidad de los matrimonios infantiles en el estado de Chiapas varía de región a región, la situación no es la misma en las zonas urbanas que en las rurales o indígenas. Un común denominador parecen ser las condiciones de pobreza y marginación, la falta de oportunidades, información, educación, opciones de desarrollo.

Hay quienes aseguran que la prohibición del matrimonio infantil no impedirá que los y las niñas, los y las adolescentes opten por la vida en pareja a temprana edad.

“La prohibición de matrimonios de menores de edad por sí sola no va a resolver el problema, la legislación es tan solo una herramienta para proteger, particularmente a las niñas y a las adolescentes pues al casarse se colocan en una situación de mayor vulnerabilidad”, asegura Jennifer Haza, directora de Melel Xojobal A.C., organización civil de San Cristóbal de las Casas.

Señala que junto con la legislación, se requiere implementar un sistema integral de protección a la infancia, con la articulación de todas las instituciones y con la participación activa de la sociedad civil.

Porque, asegura, los matrimonios infantiles son una práctica que violenta los derechos de las niñas colocándolas en una situación de desventaja, con factores de discriminación y desigualdad de género, donde niñas y adolescentes no son consideradas en la toma de decisiones, no tienen condiciones para negociar, para proponer, para decidir sobre sus proyectos de vida sino que están supeditadas a las prácticas patriarcales de las comunidades.

Los usos y costumbres vs la ley

En las oficinas centrales en la capital del estado de Chiapas, unos 20 oficiales del Registro Civil  de la zona centro acuden a su reunión mensual, en la cual, como es usual, hacen entrega de la información sobre matrimonios, decesos y nacimientos en su municipio.

En esta ocasión, las y los funcionarios han recibido una circular fechada el 3 de mayo de 2016,  la cual les instruye a que en lo sucesivo “se abstengan de realizar matrimonios que involucren minoría de edad de uno o ambos contrayentes”.

“No está por demás prevenirles que ni con dispensa de edad podrá celebrarse dicho acto, evitando en todo momento ser omisos de esta recomendación”, indica el documento firmado por la directora, Flor de María Coello Trejo, quien no ha dejado de hacer público su escepticismo sobre las reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles. En dichas reformas, mediante el decreto No. 231 publicado en el Periódico Oficial tomo III de fecha 6 de abril de 2016, en su numeral 145, se establece que solamente las personas mayores de 18 años podrán celebrar el contrato de matrimonio, sin excepciones.

“En Chiapas tenemos muchas zonas de usos y costumbres y hemos tenido muchos problemas, nos han insultado porque dicen que no tenemos que prohibir que se casen”, asegura la funcionaria al ser entrevistada.

Coello Trejo considera que antes de establecer una prohibición, debieron consultar a los funcionarios y funcionarias, a la población, a los distintos actores y actoras sociales, hacer un estudio tanto en zonas rurales como urbanas para poder tener un diagnóstico real de la situación en la entidad.

Al recibir la circular, las y los oficiales del Registro Civil expresan su confusión. No están seguros si podrán llevar a cabo los matrimonios agendados con antelación, tampoco saben si la dispensa de ley otorgada antes de la reforma pierde validez. Pero las indicaciones son muy claras y vuelven a leer el documento que acaban de recibir: “No está por demás prevenirles que ni con dispensa de edad podrá celebrarse dicho acto, evitando en todo momento ser omisos de esta recomendación”.

Yuseth Molina Melchor, oficial de la colonia Galecio Narcía, municipio de Chiapa de Corzo, cuenta que una niña de 13 años y un joven de 26, tenían la boda agendada desde el mes de marzo pero estaban a la espera de la dispensa del juez, “los papás estaban muy enojados porque ya habían preparado todo y no se les autorizó la boda porque la contrayente era menor de edad”.

Hay casos en los que el matrimonio es el recurso para la “reparación del daño”, es decir, cuando las niñas ya están embarazadas lo que los padres quieren es que el muchacho se haga responsable.

La directora del Registro Civil se pregunta quién protege a los recién nacidos, si las reformas al Código Civil tuvieron lugar para velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes; ella considera que aún faltan reformas al Código Penal.

La oficial del municipio de Jiquipilas, María Ofelia Salazar Ovando, asegura que “hay una desbandada de huidas”, es decir, que las parejas están escapando a vivir juntas, “los estamos haciendo irresponsables”, dice.

El debate gira entonces en torno a la prohibición, Dalila Hipólito Carrillo, oficial del Registro Civil del municipio de Cintalapa, cree que cuando en un país algo se prohíbe es cuando más se hace y considera que la educación, la concientización, la sensibilización a los niños y niñas, a los padres y madres, a los maestros y maestras, a los líderes comunitarios es más importante que restringir los derechos desde una perspectiva jurídica.

Las reformas al Código Civil fueron la respuesta al llamado que hizo el Senado de la República a 25 congresos estatales, entre ellos al de Chiapas, y en palabras del presidente de la mesa directiva del Congreso de esta entidad, Eduardo Ramírez Aguilar, se trata de una medida “atinada” que protege y promueve los derechos de las niñas, niños y adolescentes. “Lo que se pretende con esta acción es coadyuvar para que las oportunidades de desarrollo de las y los adolescentes no se vean truncadas como consecuencia de un matrimonio temprano”.

LNY/SEMMéxico