Un gobierno de retroceso
Las feministas mexicanas, reunidas en el Encuentro Nacional de Zacatecas, definieron como un Estado fallido lo que vive la ciudadanía, bajo el mandato de un gobierno que, a cuatro años de administración, sólo ha marcado el retroceso para las mexicanas, es decir, para la mayoría de la población.
A la ya precaria condición que viven las mujeres de esta República bicentenaria, producto de la desigualdad, se suma la política sistemática de la asistencia y la pauperización cotidiana de sus condiciones de vida. Sin importar las evidencias reales, en el mensaje que Calderón emitió a la nación, con motivo de su IV informe de gobierno, quedó a la vista que la política hacia las ciudadanas mexicanas sigue en el nivel de «asistencia», un ejemplo de ello es que con el trabajo de talleres, se pretende disminuir la mortalidad materna.
Más allá del contenido de estos talleres, y de quién los impartirá y sus resultados, se deja a un lado la política central para salvar la vida de las mujeres, que requeriría de un acceso real a la atención médica de calidad y calidez, respeto a la identidad étnica e instalaciones y personal médico capacitado para atender emergencias obstétricas.
Esa política central incluye la inversión en caminos y transporte disponible, con chofer y gasolina para que las mujeres de las zonas indígenas puedan llegar a los hospitales y no caminar horas o morir ante la ausencia de transporte y chofer cuando la complicación ginecológica se presenta.
Estimaciones internacionales indican que salvar la vida de una mujer por complicaciones en el embarazo, parto o después de él, implica la inversión de un dólar por cada mujer embarazada, y los beneficios de esa inversión reditúan en todo el desarrollo de las naciones. ¿Cuánto costará cada taller que pretende echar andar Calderón?
La efectividad de dichos talleres tal vez la sabremos cuando Calderón rinda cuentas para saber qué política siguió México para cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Milenio 8, objetivo cuya meta ya sabemos, no se alcanzará.
Esperemos que la Cámara de Diputados, y las diputadas inviertan más en política social, que permita darle seguimiento y evaluación a los dineros destinados para abatir la mortalidad materna.
Llueve sobre mojado
Y como si algo faltara, la política económica más que incrementar condiciones de igualdad para las mujeres, ha profundizado la pobreza de las mexicanas, ellas están en los peores trabajos, en aquellos donde el salario mínimo es la base, sin seguridad social y sin estabilidad laboral.
Entre las «buenas» noticias, al referirse a la sentencia del Campo algodonero, Calderón aclaró (queriéndose lavar las manos), que involucra al gobierno del estado de Chihuahua. Destacó como «avances» el cumplimiento de la publicación de la sentencia y la construcción de un memorial, mismo que, hasta donde sabemos, no participan directamente las víctimas, como lo mandata la Corte, así como la estandarización de manuales y protocolos.
Un pequeño detalle que Calderón prefirió omitir, es que la Sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Mexicano, es por no proteger la vida de sus ciudadanas, no a una entidad federativa. Para no empañar su mensaje, evitó hablar de la reparación del daño, y de la política que el país debe seguir para garantizar la No repetición, punto nodal en la sentencia.
Ni que decir de las reformas incriminatorias y persecutorias de las mujeres, que deciden apegarse a la Constitución Política y poner en práctica su derecho a decidir, ser o no ser madres, de eso nada dijo. Esperamos que mañana martes, las 6 mujeres que aún quedan presas por aborto espontáneo en Guanajuato, salgan libres.
En fin que, mientras Calderón sigue con sus políticas de asistencia remendada, las mexicanas seguimos dando la batalla cotidiana para lograr la igualdad y enfrentar una política de retroceso.
