Organismos de derechos humanos de Nicaragua: «Arbitraria» detención de estudiante zacatecano
ELIZABETH ROMERO
Managua, Nicaragua.- “Jurídicamente totalmente reprochable, es (un) arresto completamente arbitrario”. “Es una medida extrema”. Así se expresaron los representantes de organismos de derechos humanos en el país Gonzalo Carrión, Álvaro Leiva y Marcos Carmona, respectivamente, sobre el manejo de los operadores de Justicia sobre la detención del joven mexicano Jobany Torres.
Sin embargo, el juez que admitió la acusación de la Fiscalía, fijó la audiencia inicial para el 27 de junio a las 10:00 horas, ante la negativa del detenido de que no estaba claro de las consecuencias de admitir la responsabilidad.
Tenía 12 días preso sin ser puesto a la orden del juez y la fiscal Gisselle Borge, hasta llegó a sostener que este “se autolesionó” para justificar los moretones en el rostro y los ojos enrojecidos del detenido.
Además, la fiscal reconoció que la pena por la simulación de delito es de cien a 200 días multa, según el Código Penal, pero solicitó prisión preventiva.Y el juez Quinto Local Penal de Audiencia, Walter William, admitió la acusación y ordenó prisión preventiva por tratarse de un extranjero que “no tiene arraigo en el país”.
El judicial aceptó el argumento de la fiscal de que producto de esa simulación de Torres activaron todos los aparatos y todo el sistema de seguridad del país. También porque afirmó, en la simulación, de que estaba en riesgo su vida, “acarrea una situación delicada, ya que está en tela de duda la seguridad pública de Nicaragua”.
Antes de que los periodistas le consultaran sobre los golpes que presentaba el detenido, la fiscal Borge dijo: “Él (Torres) estableció y así lo dejó establecido en una entrevista que le tomó la Policía y de manera verbal a la suscrita, que él se autolesionó”.
“Él sintió, ya ustedes se imaginan, la angustia de haber creado esta situación que ha generado un nivel de tensión a nivel nacional e internacional (…), arrepentido de lo que había pasado (…) él dice que se golpeó él mismo con los puños”.
Sobre la prisión preventiva, el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, sostuvo: “La prisión preventiva es la medida más enérgica que se le puede aplicar a un ciudadano en un proceso. Ahí cabía otra medida cautelar”.
En la audiencia esto lo alegó el abogado defensor Ricardo Flores, quien pidió al juez estableciera un depósito pecuniario para que el detenido respondiera al proceso en libertad.
“Para nadie es un secreto que a veces hay abuso de autoridad y en muchos casos se ha determinado que existe un exceso de fuerza”, sobre todo en El Chipote, apuntó Leiva Sánchez.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, recordó que “se han demostrado las arbitrariedades y los abusos que cometen las autoridades policiales”.
Carmona apuntó que el detenido debió ser puesto a la orden de un juez, luego de 48 horas de detención. Sin embargo, dijo, “fue mantenido en El Chipote como si fuera un criminal”.
Refirió además que “es una medida extrema, porque aquí hay que demostrar qué tanto iba a dañar al Estado de Nicaragua (porque) aquí han habido actos de corrupción, aquí han asesinado y aquí no pasa absolutamente nada”.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, señaló que en esa detención “hay una suma de arbitrariedades”.
“Es una desfachatez completa la acusación misma y tiene una motivación de otra naturaleza”, confió Carrión, quien recordó que desde un inicio el detenido tenía derecho a asistencia consular, a la cual no tuvo acceso, cuando “es deber de principio y Derecho Internacional en materia de relación consular desde el momento mismo de su arresto”.
Y sobre los golpes observados consideró “que se presume tortura mientras no demuestren lo contrario”.
Expulsiones del país
Extrañamente el Gobierno no expulsó o deportó al mexicano Jobany Torres, cuando hay un historial de este tipo de casos. El 12 de enero 2016 fue expulsado tras ser capturado el italiano Alberto Boshi; el 3 de febrero de 2016, Carlos Ponce, de Freedom House; el 25 de junio de 2013, le tocó al consultor boliviano Carlos Ariñez Castel.
El 22 de noviembre de 2012, fue el periodista y cineasta sueco Peter Torbiörnsson; en marzo de 2013 fue deportado Mateo Cardella Costa, tras reclamar una propiedad, y el 11 de mayo de 2013 fue deportado a Costa Rica el fotógrafo chileno Héctor Retamal, de la Agencia France Presse (AFP), quien primero permaneció detenido en la cárcel de El Chipote.
Pide perdón
“Pido perdón por todo lo que hice”, fue parte de lo poco que expresó el pasante universitario mexicano Jobany Torres, visiblemente nervioso, casi al concluir la audiencia preliminar, donde la Fiscalía lo acusó por simulación de delito.
Antes, su defensor Ricardo Flores, le había solicitado al juez Walter William que no admitiera la acusación, lo que no sucedió.
De forma tímida el joven dijo que desconocía el alcance que tendría la “huida” del país y por lo cual “moví todo un Estado”. También solicitó al judicial que estableciera la multa correspondiente, a lo que tampoco accedió.
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