Urgen políticas públicas para erradicar violencia contra la mujer: Gaby Máynez
Guadalupe, Zac.- Gabriela Álvarez Máynez, candidata a diputada en el Distrito III, por Movimiento Ciudadano, consideró que las autoridades del Estado Mexicano deben garantizar los derechos de las mujeres, tanto los que protegen su integridad física como de aquellos que fortalecen la equidad de género.
El último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos –expuso la maestra universitaria- señala que aún falta atender algunos aspectos de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Recordó que uno de los puntos fue el de las reformas necesarias para tipificar el delito de feminicidio, ya incluido en el Código Penal de Zacatecas; pero que ahora se necesita una estrategia de profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que se evite la doble victimización contra las mujeres.
“Urge fortalecer las políticas públicas encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para que sea una realidad la equidad de género en la entidad”.
Álvarez Máynez añadió, como ejemplo, que en Zacatecas sólo se castigan el hostigamiento sexual cuando existe una relación de subordinación entre el agresor y la víctima, pese a que el hecho mismo atenta contra la integridad de las mujeres.
“Son preocupantes los niveles de violencia contra las mujeres, pues 5 de cada 10 han sufrido un episodio de maltrato o agresión por parte de su pareja”, externó La Maestra Gaby.
Propuso una partida presupuestal para impulsar programas específicos que superen las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres.
“Estamos a favor de un presupuesto ciudadano, donde cada persona dé su opinión sobre las acciones u obras a realizar, y debe incluirse un criterio de equidad de género, porque mujeres y hombres valientes son quienes construyen una mejor sociedad”, detalló.
La candidata a diputada enfatizó la necesidad de impulsar un observatorio ciudadano, que evalué el desempeño de todos las instancias encargadas de hacer valer los derechos de las mujeres, que surja de las organizaciones de la sociedad civil y sea autónomo del gobierno.
LNY/Redacción
