El embarazo en las adolescentes
ARGENTINA CASANOVA
Un espectacular en una lona de casi cuatro metros de alto colocado sobre la fachada de una delegación del IMSS resume la actitud del Estado frente al embarazo en las adolescentes: dejar la responsabilidad en las mujeres y omitir la violencia sexual contra las niñas en el país.
La propaganda dice: “1 de cada 2 mujeres que inicia su vida sexual antes de los 15 años se embaraza”, y está en toda la fachada de la delegación del IMSS en Campeche, pero forma parte de una campaña nacional contra el embarazo en adolescentes. Y no es casual ni accidental el uso de la palabra “contra”.
Con el título “Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes. Una aproximación a los factores culturales, sociales y emocionales a partir de un estudio en seis países de la región”, se presentó un informe que pretende explicar los factores que contribuyen a las altas tasas de embarazo en la población adolescente, y este documento aporta datos muy relevantes que tendrían que ser incorporados a las políticas públicas.
Según este informe, que el IMSS y el equipo –que diseñó la estrategia basado sólo en números– no debe conocer, en estas edades el embarazo “suele ser producto” de la violencia sexual, dado que las adolescentes están “expuestas a condiciones de alta vulnerabilidad, entre ellas a varios tipos de violencia y riesgos”.
El anuncio del IMSS forma parte de la criminalización que desde las políticas públicas equivocadas se ha hecho del embarazo en las adolescentes, porque sí, en esa política pública institucionalizaron la responsabilidad en las mujeres de 15 años, a las que de golpe y discurso se les suprime su condición de niñas y se invisibiliza la responsabilidad que el otro tiene en el embarazo, que siempre es de dos.
O al menos eso creíamos hasta que el IMSS viene a decirnos que las “mujeres se embarazan”, es decir son mujeres y ya toman sus decisiones, y deciden embarazarse con todo lo que eso implica.
Eso nos lleva a pensar en la tarea que desde la sociedad civil tenemos por delante para hacer ver esos gravísimos errores que se convierten o son reflejo de los discursos institucionales.
En defensa de la campaña, precisan algunas personas, “esas son las cifras oficiales” y reiteran que se pierde de vista que para hacer una estrategia para lo que consideran un problema de suma importancia, carecen de la perspectiva de género para su desarrollo, y de la sensibilidad para entender que no puede hablarse del embarazo porque “ellas se embarazan”.
No es de sorprender que las personas que tenemos perspectiva de género o las mujeres lo leemos y sabemos que algo está mal. Muy mal. Es inaudito que se utilicen recursos públicos para una campaña que criminaliza, discrimina y sobre todo naturaliza hechos de violencia contra las niñas.
Desde la perspectiva feminista partimos de que el embarazo en adolescentes entraña una responsabilidad compartida en los casos en los que hay consentimiento, aun así al ser menor de 18 años están implicados contextos, en la gran mayoría de las veces, de abuso contra las niñas.
Donde ellos ven adolescentes embarazadas, nosotras vemos niñas que pudieron ser víctimas de abuso. El 80 por ciento de los embarazos en adolescentes está relacionado con abuso. Y las niñas no “se embarazan solas”.
Una estrategia de prevención del embarazo en adolescentes no se debe hacer desde la improvisación, además sin perspectiva de género que no es poner “a” en las palabras y mucho menos culpar a las mujeres como responsables de los embarazos.
Pero lo más preocupante es que se les vea como mujeres a las que se les demanda responsabilidad sobre su sexualidad, pero se les condena a la minoría de edad al no tener acceso a los métodos anticonceptivos, principalmente los de barrera para prevenir el VIH, acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia, y por supuesto a la interrupción legal del embarazo al despenalizar y ampliar las excepciones.
No es posible que se sigan gastando recursos públicos en actos que claramente violan los Derechos Humanos y la dignidad de las mujeres y las niñas.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
