Diputados buscan llevar a juicio político al gobernador priista de Zacatecas
Zacatecas, Zac- La oposición en el Congreso formalizó una solicitud para someter al gobernador priista Miguel Alonso Reyes a juicio político por violaciones a la autonomía del Legislativo, específicamente por la irrupción de policías estatales y agentes ministeriales armados, quienes generaron un zafarrancho el 8 de septiembre, durante la entrega del informe por el titular del Ejecutivo.
Además, los 11 diputados de PAN, PRD, PT, Morena y Movimiento Ciudadano ratificaron su rechazo a la solicitud del gobernador para un nuevo empréstito y la reestructuración de la deuda actual del estado, por casi 9 mil millones de pesos.
El bloque opositor exigió también la renuncia del auditor superior del estado, Raúl Brito Berumen, señalado tras conocerse públicamente el miércoles una grabación de una conversación telefónica entre el legislador local panista Mario Cervantes y el diputado federal del PRI, Francisco Escobedo Villegas, en la cual el primero cuenta que el auditor trató de convencerlo de votar a favor del crédito estatal.
La coordinadora de la bancada del PAN, Guadalupe Medina Padilla, acusó al auditor de ser “juez y parte” y encontrarse en un conflicto de intereses, pues es un empleado del Congreso y su trabajo es fiscalizar al gobierno estatal, pero por otro lado es amigo del mandatario y, según comentó, manejó las finanzas de la campaña de Alonso Reyes.
La aprobación para este endeudamiento permanece atorada en el Congreso, pues aunque el dictamen en comisiones fue elaborado a favor por la bancada priista, no se cuenta con los votos suficientes para recibir luz verde por el pleno del Legislativo zacatecano.
Los diputados de oposición acusaron a funcionarios del gabinete de Alonso Reyes de intentar sobornarlos para que cambien el sentido de su voto y aprueben este nuevo empréstito.
El coordinador de la fracción perredista, Iván de Santiago, afirmó que el gobernador priista pretende tener manga ancha en el uso de recursos para los procesos electorales del próximo año, cuando se elegirá a su sucesor en comicios constitucionales, a pesar de que el endeudamiento que pide dejará comprometidas las finanzas durante los siguientes tres sexenios.
La solicitud de juicio político fue elaborada por el abogado Santos Antonio González, y firmada por los diputados Juan Carlos Regis Adame, María Guadalupe Medina Padilla, Mario Cervantes, José Luis Figueroa, Iván de Santiago Beltrán, Alfredo Femat, Soledad Luévano, Gilberto Zamora Salas, Eugenia Flores Hernández, César Augusto Deras y Rafael Flores Mendoza.
El legislador José Luis Figueroa explicó que este procedimiento es solicitado “por las violaciones suscitadas en septiembre, en la entrega del Informe, cuando se generaron agresiones contra una manifestación pacífica que hacíamos algunos diputados para expresar nuestra inconformidad ante el hecho de que no se abría diálogo”.
En esa ocasión, los legisladores de oposición reclamaron al gobernador a través de pancartas los problemas financieros, la falta de obra pública y la inseguridad y, en respuesta, agentes estatales y ministeriales los contuvieron y pretendieron sacarlos del recinto.
La solicitud de juicio político, señaló el abogado Santos Antonio González, se basa en el hecho de que el Ejecutivo no puede subordinar al Legislativo.
“La Legislatura tiene que ser respetada por el Ejecutivo”, lo que no ocurrió durante la entrega del quinto informe de Alonso Reyes, pues la presencia de elementos de seguridad armados en el interior del recinto legislativo contraviene el reglamento del Congreso, y se usó esa fuerza pública dependiente del Ejecutivo para someter la protesta de los legisladores de oposición.
La Legislatura debe desahogar este procedimiento de juicio político, dijo el abogado. “Son actos y omisiones del gobernador Miguel Alonso Reyes; se trasgreden los derechos de los diputados que protestaron y de cada uno de los ciudadanos a los que representan”, acusó.
