Impulsan iniciativa para bajar sueldo de funcionarios, magistrados y jueces en Zacatecas
Zacatecas, Zac.- Acompañada de una intensa campaña en las redes sociales, módulos para recabar firmas en la Plaza Bicentenario y el Congreso del Estado, así como una petición a través de change.org, la diputada Soledad Luévano Cantú presentó la Iniciativa para crear la Ley de Austeridad y Límites de las Prestaciones Otorgadas en la Administración Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios.
La legisladora, del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), según change.org, pide el apoyo de los zacatecanos para que se reduzca en un 30 por ciento el sueldo de los diputados, magistrados, gobernador y altos funcionarios del Gobierno de Zacatecas. Hasta el momento, la petición apenas alcanza las cien firmas, a dos días de que se subió a este blog.
Change.org es una organización actúa como blog y lugar de acogida libre y pública de peticiones por Internet de carácter cívico, reformista, social y, en general reivindicativo del cumplimiento de los derechos humanos.
La diputada explica que Zacatecas es un estado pobre, lleno de carencias, “somos un estado con un podre desarrollo económico, nuestra industria está en pañales (a excepción de la industria minera) y nuestras colonias y comunidades carecen de los servicios básicos”.
Soledad Luévano destacó que actualmente, Zacatecas tiene un presupuesto anual que supera los 23 mil millones de pesos, por ello, recalca la legisladora, “ese recurso debe aprovecharse para detonar el crecimiento económico y social del estado y garantizar que dichos recursos se utilicen en beneficio de los ciudadanos “y no solo para satisfacer la avaricia de unos cuantos”.
En su iniciativa de decreto, la cual dijo, irá acompañada por 10 mil firmas, menciona que en Zacatecas se han cometido excesos que termina corrompiendo el noble sentido del servidor público para lucrar con esta importante tarea y obteniendo con ello beneficios personales que contrastan con la miseria que se vive a lo largo y ancho del estado.
“Lamentablemente, en Zacatecas algunos organismos públicos han cometido irregularidades para evadir las prestaciones mínimas que deben tener los trabajadores y, por ello, es necesario garantizar sus derechos y sancionar a los funcionarios que despojen a los trabajadores del Estado de sus garantías”.
A decir de la diputada de Morena, es urgente recobrar la confianza de los ciudadanos y, para ello, “debemos demostrar con hechos que nos mueve la vocación de servicio y no las aspiraciones económicas”.
Sueldos mínimos a los cien mil pesos
Esta iniciativa tendría influencia en los tres poderes del Estado, los órganos autónomos, desconcentrados, descentralizados, paraestatales, los municipios y las dependencias de todos ellos.
La propuesta de Soledad Luévano es para que el gobernador del estado no pueda tener percepciones mayores a los cien mil pesos mensuales; mientras que los municipios determinarán el monto de las prestaciones que deberán tener sus integrantes, “pero en ningún caso podrán ser superiores a los 50 mil pesos mensuales”.
En lo referente a los integrantes del Poder Judicial y Legislativo, sus integrantes no podrán tener percepciones superiores a los 70 mil pesos mensuales, y ningún miembro de la administración pública podrá tener percepciones mayores a las de su superior jerárquico.
La iniciativa de la diputada de Morena prohíbe la contratación de seguros personales o familiares, así como la contratación de seguros médicos privados con cargo al erario público. “Los servidores públicos solo tendrán derecho a las prestaciones de seguridad social que establece la ley”.
No a remodelaciones de oficinas
Soledad Luévano, en su propuesta legislativa, prohíbe la remodelación de oficinas públicas que tengan como objetivo dar condiciones de lujo a los servidores públicos que en ellas despache; pero, en caso de realizar una remodelación a las instalaciones públicas, deberá publicarse el proyecto y desglose del presupuesto en el Periódico Oficial del Estado con 15 días naturales de anticipación.
Por supuesto, dice la diputada, quedaría prohibida la compra de vehículos de lujo con cargo al erario público, así como de aquellos vehículos mayores a seis cilindros, salvo cuando se trate de vehículos utilizados en la construcción de obras o en tareas de seguridad, en cuyo caso la dependencia que solicite la compra deberá emitir un dictamen que justifique la adquisición.
De igual manera, no habría más contratación de vuelos privados para la movilidad de funcionarios públicos, así como los arrendamientos de lanchas, aeronaves o cualquier medio del transporte, salvo que se trate de maquinaria utilizada en la ejecución de obras públicas.
La iniciativa no olvida a los burócratas, a quienes les asignan remuneraciones no menores a los cinco mil pesos.
LNY/Redacción
