No ceder ante los poderes fácticos

A más de un año de encabezar el Gobierno de la República, el priista Enrique Peña Nieto no ha cumplido sus compromisos. Sí, esos que firmó ante notario público y que se comprometió ante el pueblo de México durante su campaña política, que por cierto, utilizó como parte de su estrategia mediática para, hoy lo constatamos, engañar a los y las electoras.

Peña Nieto cuenta en este año con uno de los presupuestos más alto en la historia de la nación, sin embargo y extrañamente no lo ha aplicado en su totalidad, por razones que son injustificables para nosotros. Parece que este gobierno de la República no puede o no quiere entender cuál es el objetivo o los fines de los recursos públicos.

La falta de capacidad de las actuales autoridades federales para administrar, aplicar y distribuir los recursos públicos nos han traído graves, gravísimos problemas sociales y paralización del desarrollo económico.

No entendemos cómo es que con tantos recursos que se pueden utilizar para beneficio de la población éstos permanezcan inactivos y guardados.

Derivado de la falta de aplicación de los presupuestos federales, actualmente los habitantes de esta gran nación somos víctimas de la inseguridad, desigualdad y pobreza.

Peor aún, somos testigos presenciales de que la economía está inactiva, el desarrollo nacional está paralizado, el empleo no repunta, sufrimos el encarecimiento de productos y servicios básicos, mientras que los privilegios se mantienen para los pequeños grupos de siempre, amigos de quienes están en el poder.

No es gratis que entre la población persista y se incremente la percepción negativa respecto al gobierno de Peña Nieto, a tal grado que haya sido reprobado por la falta de resultados eficaces.

Ante esos nulos resultados, ahora Enrique Peña Nieto debe tomar otra decisión trascendental para el país y que se relaciona con sus propuestas de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, es decir, ceder o no a las presiones de los Poderes Fácticos.

Si así lo hiciera, la situación que podría presentársele no es sencilla, pues si cae ante las “mieles” que le ofrecen las televisoras en automático anula las posibilidades de realizar acuerdos con las fuerzas políticas que, como el Partido de la Revolución Democrática, estamos convencidas de que la patria es primero.

El Sol Azteca ha mostrado constantemente su disposición para lograr los acuerdos trascendentes para el país, no obstante, la actitud de Enrique Peña y sus decisiones de apoyar a los Poderes Fácticos podría derivar en desacuerdos con las fuerzas políticas, lo que a su vez impediría sacar adelante reformas importantes para la nación, como las de telecomunicaciones, educación y competencia, por referirme a algunas.

Por tal motivo, el PRD, y estoy seguro que los otros partidos políticos también, se cuestionaría ampliamente la posibilidad de acordar con un gobierno que no cumple sus promesas, que a las primeras de cambio y en las situaciones que no le son favorables se “vende”.

Si Peña Nieto decide apoyar a los Poderes Fácticos también estaría pasando por encima de la democracia, las instituciones, los derechos y el bienestar de los ciudadanos.

Lo pongo de esta manera: Enrique Peña tiene que pensarlos dos veces antes de tomar decisiones que le resultarían más perjudiciales que benéficas.

Es evidente que con el contenido de sus propuestas de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, Peña Nieto está cediendo a las presiones de los poderes fácticos que pretenden mantener a salvo sus privilegios y que a cambio le ofrecen realizar campañas mediáticas y sin crítica para levantar la imagen deteriorada de sus gobierno.

La reforma constitucional fue expresión de un gran acuerdo de las fuerzas políticas del país justamente para poder acotar, mediante la Constitución y las leyes respectivas, a los Poderes Fácticos y ponerle límites a su manera de actuar en el sector de telecomunicaciones.

No deben ni pueden aprobar leyes secundarias en materia de telecomunicaciones que no se apeguen a los cambios constitucionales, como lo intenta hacer ahora el Ejecutivo Federal.

Las normas reglamentarias deben interpretar con fidelidad y sin pretender anular en la práctica avances en el sector que ya se lograron en la Carta Magna, para efectos de que puedan ayudar a que los servicios de telefonía y de radiodifusión sean más baratos para la población y que ésta tenga una oferta más amplia con los canales que se licitan y con el canal público que se tiene que hacer funcionar.

La reforma fue avalada por el Congreso y publicada el 19 de julio del año pasado, ahora se está en el proceso de construcción de las leyes secundarias y es el momento de ser consecuente con lo ofertado a la población y no ceder a las presiones de los Poderes Fácticos o de lo contrario se atentaría contra el pueblo.

*Representante del PRD ante el IFE