Corrupción y opacidad
LILIA ARELLANO
Muchas son las leyes en un estado corrompido: Tácito
La opacidad y la corrupción seguramente son el problema fundamental de México, un país que se ha distinguido en las últimas décadas por ser gobernado por una casta de funcionarios dedicados a la rapiña y al despojo, que podemos calificar de una cleptocracia. El nuestro es un territorio rico en recursos naturales y humanos, lo que le ha permitido sobrevivir a gobiernos dedicados al saqueo de los recursos patrimoniales de todos sus habitantes. Resolver este problema es una condición sine qua non para que se alcance el desarrollo que su potencial económico puede detonar. Pero seguramente que no se acabará por decreto ni con una reforma constitucional en materia de Transparencia, la experiencia histórica así lo demuestra.
En el patio de Honor de Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer la Reforma Constitucional en materia de Transparencia, con la que se articula todo un sistema nacional de transparencia que, confía, cerrará espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la actividad pública. En su discurso, destacó que la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo y en qué se gastan los recursos tributarios. También aseguró que el gobierno que él encabeza está decidido a realizar una gestión pública abierta y cercana a la gente, lo que hasta el momento no ha hecho. Señaló que la mejor garantía para el cumplimiento de la función pública es trabajar bajo observación de la ciudadanía. Y por ello, destacó las nuevas obligaciones para que toda institución –partidos políticos, sindicatos, órganos autónomos- que reciben fondos públicos estén obligados a rendir cuentas.
No es el primer esfuerzo de un gobierno federal mexicano por hacer frente a la onerosa práctica de la corrupción particularmente en las filas de la administración pública, tanto de la federal, como de las estatales y municipales, las cuales, hasta el momento, ha quedado demostrado, han fracasado. En el gobierno del “último presidente de la Revolución”, de José López Portillo, los niveles de corrupción alcanzaron grados de perfeccionamiento que daban estatus a los colaboradores de Jolopo, a grados escandalosos, lo que llevó al entonces candidato presidencial Miguel de la Madrid Hurtado a enarbolar el lema de campaña “Por la renovación moral de la sociedad”, que nunca se alcanzó. La gestión de ese oscuro tecnócrata creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, con Francisco Rojas Gutiérrez al frente, quien fue sustituido por Ignacio Pichardo Pagaza. Ambos, más que combatir la corrupción reinante, hicieron una labor para dar carpetazo a los asuntos relevantes que les tocó investigar, con la complicidad del titular del Ejecutivo Federal, es decir del propio Miguel de la Madrid Hurtado.
En la gestión de Carlos Salinas de Gortari, quien tal vez sea el presidente de México más repudiado, y de quien se sigue dudando de su legitimidad por no haber alcanzado el respaldo de la mayoría de la población, lo que obligó a la “caída del sistema” que lo ayudo a llegar a Los Pinos, esa dependencia siguió el mismo desarrollo con María Elena Vázquez Nava al frente. Al retirarse del cargo la funcionaria se dedicó a “limpiar” las cuentas tanto de Entidades como de Municipios a cambio de jugosas cantidades que también conocían de la legalidad a través de contratos por asesoría. La empresa, por supuesto, era de su propiedad y a ella se llevó a trabajar a los empleados que dentro de la dependencia le rindieron los mejores frutos y no de investigación sino de “tapadera”.
SIGUE LA AMARGA HISTORIA
Al arrancar el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León la Secretaría de la Contraloría General de la Federación cambió su nombre por Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y con Norma Samaniego y Arsenio Farell Cubillas, siguió cumpliendo la misma función de enterrar los casos escandalosos de desvíos de recursos públicos hacia cuentas particulares. El cambio de nombre no significó de manera alguna un real combate a la impunidad y a la corrupción, sino todo lo contrario por lo que las críticas acerca de esta función que se consideró ya inútil se recrudecieron.
Durante el gobierno de la alternancia, con el panista Vicente Fox al frente, y con uno de los “bárbaros del norte” como responsable de esa secretaría, Francisco Barrio Terrazas; el guanajuatense había prometido durante su campaña que se pescarían a “peces gordos” del priato, que habían saqueado las arcas públicas, pero tan sólo se trató de ardid de campaña, como los muchos que uso, y ni siquiera “charales” cayeron en las redes panistas. A la mitad de ese sexenio, la dependencia volvió a cambiar de nombre y se le denominó Secretaría de la Función Pública, con un funcionario tan oscuro como inútil como lo fue Eduardo Romero Ramos.
También con este ranchero mandatario, en 2003, se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Y en 2007, ya en el gobierno de Felipe Calderón, se reformó el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se estableció el derecho a la información pública como un derecho fundamental para los mexicanos. Tres años más tarde, en 2010, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, lo cual amplió sustancialmente las facultades, atribuciones y responsabilidades del Instituto, al ser considerado como autoridad nacional en la materia. También modificó el nombre al de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Al arrancar el gobierno del “hijo desobediente”, Felipe Calderón Hinojosa, otro mandatario que llegó a ocupar el cargo sin ninguna legitimidad y quien nunca pudo sacudirse la etiqueta de “espurio” que le pegó su principal adversario político, Andrés Manuel López Obrador, se colocó al frente de la Secretaría de la Función Pública a tres inútiles funcionarios: Germán Martínez Cazares, quien nunca pudo crecer y se quedó tan sólo en su papel de secretario particular del inquilino de Los Pinos, Salvador Vega Casillas y Rafael Morgan Ríos. Su ineficacia e inutilidad fueron tan evidentes que ni siquiera los escándalos más graves de corrupción en ese sexenio tuvieron un seguimiento riguroso de esa dependencia que se dedicó también a “echarle tierra” a los casos de desviación de recursos patrimoniales de la Nación.
La mejor muestra de tantas tapaderas está en los apellidos más famosos y cuyas acciones fuera de la ley son del dominio público. Los Bribiesca Sahagún, son uno de los mejores ejemplos que sólo pueden ser rebasados por su propia madre y las presiones sobre renglones petroleros y habitacionales ejercidas desde las cabañas del amor; también están muy presentes todos los expedientes relacionados con el FOBAPROA, la constitución del IPAE; el brutal crecimiento del contrabando y la creación de la empresa de Gil Díaz: Isosa. Ni que decir de la reproducción de contratos a la iniciativa privada en renglones petroleros o los llamados a las grandes cadenas comerciales para dizque sortear temporales cuando lo que se hizo fue autorizar sin los mínimos requisitos sus instalaciones hasta en lugares de cuidado patrimonial como Las Pirámides.
Ahora, con el regreso del PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo primero que se hace en la materia es “enterrar” a la propia Secretaría de la Función Pública, no vaya a ser que se fuguen expedientes que puedan dañar la “sana cercanía” que se ha construido entre priístas y panistas a lo largo de esta administración y que permitieron la aprobación de reformas tan perjudiciales para el país como la energética y la de Telecomunicaciones, por sólo mencionar dos. Ante todos estos fracasos y el hecho de que sean públicos millonarios desvíos presupuestales como ha sido probado por la Auditoría Superior de la Federación sin que se aplique ningún castigo, sanción, se solicite se reintegre lo despojado y cuando no pasa nada aún y cuando se tengan declaraciones tan fuertes como las emitidas por Luis Téllez sobre la partida secreta que utilizaba Salinas para sus propios gastos o lo dicho por el propio De la Madrid en razón del mal uso de los recursos públicos, hacen dudar y no sin razón sobre el éxito de esta nueva intentona de transparencia.
Cabe destacar que la Secretaría de la Función Pública tenía como propósito coordinar, evaluar y vigilar el ejercicio público del gobierno. Sin embargo, el 8 de septiembre de 2009, el presidente -“haiga sido como haiga sido”- Felipe Calderón anuncio su desaparición ante las fuertes críticas generadas por la inutilidad de esa dependencia y, también, como una medida de austeridad en el marco de la crisis que afectó a México de 2008 a 2009, labor que está concluyendo la actual gestión federal. Lo que el michoacano no pudo, el mexiquense lo está sacando adelante pese a que pertenecen a partidos que se decían distintos y opositores.
SIN MAYOR ESPERANZA
En su discurso de ayer, Enrique Peña Nieto aseguró que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia, pues la población tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos de los mexicanos, lo que hasta este momento no ha ocurrido. La promesa presidencial gira en torno a que con esta reforma se renuevan los mecanismos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. En el nuevo ordenamiento constitucional se prevé que todos los organismos e instituciones que reciban fondos públicos o que realicen algún acto de autoridad serán sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos.
Peña Nieto confió en que la transparencia fomentará que las autoridades se desempeñen con honestidad, responsabilidad y eficacia, algo que realmente me gustaría ver algún día. Y, como siempre que se hacen cambios de esta envergadura, el mexiquense anunció la creación de ooooootroooo nuevo órgano garante de la transparencia y acceso a la información pública con autonomía constitucional para hacer que prevalezca el interés general de los mexicanos por encima de presiones, influencias o consideraciones particulares.
Pero la realidad es otra porque conforme ha crecido el número de solicitudes de información han aumentado las reservas. Con Vicente Fox, los ciudadanos presentaron 172 mil 169 solicitudes a todas las dependencias del gobierno federal, de las cuales 5 mil 23 se clasificaron como confidenciales. Con Felipe Calderón se solicitaron 694 mil 155 y 15 mil 623 fueron negadas. Y en 2013, durante el primer año de gobierno de Peña Nieto, se reservaron 2 mil 797 solicitudes de información de un universo de 147 mil 148 peticiones. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), han concentrado las negativas de información.
También hay que destacar que alrededor de 84 por ciento de los programas públicos del gobierno federal carecen de mecanismos de rendición de cuentas o su cobertura es tan baja que hay dudas sobre su eficiencia. A finales del año pasado, organizaciones independientes de análisis de las finanzas públicas exhibieron la opacidad y el ejercicio discrecional del presupuesto federal. Organizaciones como Gestión Social y Cooperación (Gesoc), Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México Evalúa y Fondar, demandaron fortalecer las previsiones de transparencia y mejorar la gestión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, con el objetivo de dar certeza a los contribuyentes sobre el uso de sus recursos.
Asimismo, hay que subrayar que a más de un año de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, no se ha cumplido su compromiso de regular la publicidad oficial plasmado en el Pacto por México, que pese a lo que digan los dirigentes de las tres principales fuerzas política, ya pasó a mejor vida. Así, las reglas para repartir alrededor de 700 millones de pesos permanecen en la opacidad, a pesar de que el compromiso 76 del Pacto por México señalaba la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno para el segundo semestre de 2013.
Hay que recordar que Felipe Calderón gastó más de 8 mil millones de pesos en publicidad en su último año al frente del gobierno del Estado de México. En suma, de 2007 a 2012, Calderón gastó 27 mil 165.56 millones de pesos en publicidad y comunicación social, con lo que se hubiera podido construir poco menos de 3 mil escuelas. Y ahora, con Enrique Peña Nieto, el monto asignado a publicidad oficial es similar a lo presupuestado en los últimos tres años y alcanza 2,116.02 millones de pesos, equivalente a la mitad del recorte en gasto para cultura y similar también al monto de 2 mil 200 millones de pesos que recortaron al presupuesto para las universidades públicas.
La reforma en cuestión también sienta las bases para crear nuevos organismos locales autónomos, garantes del derecho a la información pública y la protección de datos personales en las 32 entidades federativas. Por supuesto que se establecen nuevas facultades para el organismo garante nacional como interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes mexicanas o tratados internacionales que vulneren el derecho a la información pública y la protección de datos personales, entre otros. Será el Senado de la República el que inicie el proceso de selección de los comisionados del nuevo organismo garante. En tanto el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales reglamentarias que permitan consolidar esta “nueva etapa de rendición de cuentas” en México.
La prueba de fuego para la nueva legislación que pretende acotar la corrupción en los gobiernos federal, estatales y municipales, así como en partidos políticos y sindicatos, será sin duda la implementación de las reformas estructurales, particularmente la energética y la de telecomunicaciones, donde se prevén ingresen los más sustanciosos capitales extranjeros. En la energética, también se verá su eficacia o inutilidad en el caso de la concesión de minas y el despojo de minerales que realizan las empresas extranjeras, particularmente las canadienses y las chinas. A prueba estarán los procesos de transparencia de las acciones gubernamentales que permitan la operatividad de trasnacionales que exploten los recursos no renovables de la Nación.
¿Cómo se realizarán las comprobaciones fiscales de las dependencias encargadas de esas delicadas funciones y de las propias empresas que participan de tan codiciado botín? ¿Será nuevamente a partir de facturas apócrifas cuya verificación presuntamente ya realiza la Auditoría Superior de la Federación? ¿Realmente se alcanzará la transparencia en el ejercicio público y la rendición de cuentas será una realidad?
Por la orientación que están teniendo las reformas estructurales que le preocupaban y ocupaban a Enrique Peña Nieto, lo dudamos, porque todo parece indicar que entramos en una nueva etapa de saqueo del patrimonio nacional para lo cual se tuvo que mutilar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impedía esas acciones, y construir un documento a modo que permita la labor de esta cleptocracia que sigue gobernando a México.
Eso sí, Hacienda se puso unas garrotas para transparentar todos los ingresos de los mexicanos, “haiga sido como haiga sido”, que consiguieran recursos que ni de chiste se asoman en la inmensa mayoría de los casos a siquiera los salarios oficiales de los funcionarios o de los legisladores, o de los ministros o de los que habitan o sirven en Los Pinos. Hasta el secreto bancario ha desaparecido y ahora todos somos sujetos al embargo pero nada obliga a los funcionarios a reintegrar un sólo peso de los que desvían de los fondos públicos o a entregar cuentas de las fortunas que acumulan a través del “coyotaje”, de los servicios en las ventas de terrenos, en el otorgamiento de concesiones. Hay, sin duda, de mexicanos a mexicanos, todo depende.
SUCEDE EN ESTE PAIS
Se van uniendo opiniones de ciudadanos muy preocupados por lo que sucede en nuestro país. A continuación el texto de dos correos a cuyos autores les agradezco su lectura a estas líneas:
Estimada Sra. Lilia Arellano:
Me reconozco seguidor de sus artículos periodísticos en el diario POR ESTO, y de su programa Estado de los Estados, siempre analítica y con comentarios muy certeros. La semana pasada funcionarios federales estuvieron en la bella Ciudad de Mérida, entre los temas a tratar fue el relacionado al tren Transpeninsular. Desde hace más de un año que para mí es claro que tal vía férrea tiene el siguiente propósito:
1.- Ante la construcción de DRAGON MART cercano a Puerto Morelos y ante la imposibilidad de recibir por ese puerto toda la mercancía en contenedores, ya que el caribe es área protegida por sus arrecifes de coral, no es posible dragar para crear un puerto de altura, es necesario buscar otra alternativa más próxima.
2.- Esa alternativa más próxima resulta ser el Puerto de Progreso, en Yucatán, que ya cuenta con esa infraestructura. Ahora bien, como el flujo de mercancías será intenso, trasladarlas por carretera implicaría mayores costos y numerosos vehículos de carga.
3.- Entonces, la alternativa es construir el Ferrocarril «Transpeninsular» para el traslado de los grandes volúmenes de contenedores hacia Calica a precio muy bajo, ya que la inversión no lo harán la iniciativa privada, sino el gobierno federal, pero administrada por los «empresarios»: el Sr. Roberto Hernández.
4.- Así, bajo esas circunstancias, cualquiera es empresario y cualquiera se hace de dinero. Solo resta poner las demás piezas de este claro rompecabezas, para saber quienes son los beneficiarios de este seudo beneficio social (efectos colaterales hacia adelante y hacia atrás).
Reciba un cordial y respetuoso saludo.
Atentamente: José Antonio Jiménez
El señor Hugo González Reyes, envió: Distinguida señora Lilia Arellano:
Por este medio le envío un saludo y aprovecho la ocasión para comentarle que he seguido sus interesantes artículos sobre la reforma energética
publicados en el diario POR ESTO; asimismo hago de su conocimiento que al margen de mi filiación perredista y en mi carácter de ex trabajador de
Petróleos Mexicanos, del año 1984 a 1987, me resulta totalmente errónea la decisión de poner en manos de empresas transnacionales la exploración,
extracción y la producción de derivados de la materia prima (crudo) cuando México ocupa el quinto lugar en cuanto a recursos petroleros; si má no lo
recuerdo el finado Ing. Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex y dueño de la empresa Permargo (Perforadora Marítima del Golfo) se opuso
rotundamente a la propuesta del entonces secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, Lic. José Andrés de Oteyza, a la sobre explotación de los recursos petroleros ya que esta materia prima es un recurso no renovable, y esta reforma obedece al cierre del ciclo que inicio Carlos Salinas de Gortari
cuando senadores del PRI y del PAN reformaron la Constitución para poder firmar el Tratado de Libre Comercio que tanto daño ha causado a los mexicanos;
tenemos ejemplos claros con la privatización de Telmex y la entrega de la banca a bancos extranjeros; me daría gusto poder tener con usted un espacio
ya que en mi calidad de ciudadano Mexicano y Quintanarroense me siento preocupado por lo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Reciba usted un saludo y mi reconocimiento a su verticalidad informativa.
Sirva también para enviar un agradecimiento sin límite a los 799 mil 675 seguidores de la denuncia sobre el relleno de garrafones en las llaves de agua públicas en la Ciudad de México, realizado por empleados de la empresa Bonafont. Dicha grabación tuvo lugar en las calles de Julio Verne, en plena colonia Polanco. Las reproducciones ha sido prácticamente imposible contabilizarlas. Gracias nuevamente y mucho cuidado con las embotelladoras, sobre todo porque nuestro país ocupa el primer lugar en consumo de agua embotellada.
Aparece desde hace un par de días la fotografía de la senadora por Michoacán, Iris Vianey, quien ha logrado un primer propósito: ser conocida a nivel nacional y no precisamente por sesudas participaciones en la Tribuna sino por solicitar una licencia a su cargo para acudir ante la PGR y aclarar los señalamientos que existen en su contra sobre nexos con el narco. Resulta que tal licencia no la deja sin fuero por lo que fue una medida inteligente que de inmediato ha sido atacada con la publicación de una foto en donde aparece bailando al lado de Melissa Plancarte, hija de uno de los malosos michoacanos. Pero ¿acaso no existen fotos y videos de decenas, cientos de políticos de todos los partidos, bailoteando y hasta cantando? ¿Qué pasó con las fotos publicadas en Proceso de los líderes de los diputados y senadores así como del propio Ejecutivo Federal con un narcototote?
Si como dice Osorio Chong, no hay otro “michoacanazo” si veremos otro gran ridículo.
DE LOS PASILLOS
La instrumentación de un estado policial en México sigue avanzando. Durante la inauguración del Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana en Puebla, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que sólo restan seis entidades por aprobar la iniciativa del Mando Único Policial, al cual se han sumado 26 estados. También aseguró que un número importante de grupos de autodefensa de Michoacán se han integrado a la iniciativa federal para institucionalizarse.
Lo que no avanza es la procuración de justicia en el país. La Procuraduría General de la República (PGR) reportó que arraigó del primero de enero de 2008 al 13 de diciembre de 2013 a 9 mil 582 presuntos delincuentes, de los cuales 259 permanecieron hasta 90 días privados ilegalmente de su libertad, y más de 50 por ciento superaron 40 días. Sin embargo, sólo 490 fueron consignados ante un juez, debido a que en ese número de casos el Ministerio Público logró obtener pruebas de su involucramiento en algún ilícito.
La implementación de la estrategia de fuerza policial y militar para combatir a las organizaciones criminales sigue generando “daños colaterales” como el desplazamiento de núcleos de población de sus lugares de origen. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, Efraín Peña, alcalde perredista del municipio de Apaxtla de Castrejón, confirmó anoche que el jueves habían arribado a esa cabecera municipal más de 500 ciudadanos que abandonaron la comunidad de Xochitepec, debido a la violencia provocada por grupos de la delincuencia organizad.
Tampoco la cosecha de cadáveres en territorio nacional parece no tener fin. En Morelos, al menos 10 familias del municipio de Amacuzac solicitaron al alcalde Noé Reynoso Nava iniciar las pruebas de ADN a los cuerpos encontrados por autoridades y pobladores, en fosas clandestinas. Lo anterior, tras el hallazgo de tres cuerpos que fueron enterrados en un cerro de la comunidad de Huajintlán, del municipio de Amacuzac.
Las Afores en México están erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores. El Centro de Estudios Rand Corporation denuncia que las comisiones que cobran para el manejo de las pensiones son excesivas y, por tanto, limitan los beneficios que tendrán los trabajadores en su retiro. Aseguran que las comisiones por la gestión de fondos de jubilación en México son las más altas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (IOCDE) y erosionan entre el 18 y el 23 por ciento los recursos acumulados para el retiro. ¿Y la autoridad algún día regulará este renglón para evitar aumenten los despojos?
Con un orgullo y una satisfacción inexplicable, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, informó que en un periodo de dos meses y medio se han cesado a más de 500 maestros de diversos estados de la República que han faltado a sus aulas por participar en manifestaciones en contra de la reforma educativa. El funcionario advirtió que no se puede revocar el despido pero que estos actos pueden ser impugnados ante el Poder Judicial.
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