México necesita de los jóvenes y, ellos, más oportunidades y espacios de participación
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
Es evidente que la falta de oportunidades es quizá el problema principal que afecta a los jóvenes, así como la oferta de trabajo de baja productividad y salario que no les garantiza un nivel de vida digno. Entre los grandes obstáculos que impiden el desarrollo pleno de los jóvenes podemos mencionar la falta de oportunidades, la crisis económica, el rezago educativo, los altos niveles de inseguridad, el riesgo de adicciones, el aumento del desempleo y la informalidad, entre otros. En efecto, este sector poblacional se ha convertido en la principal víctima de las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos mexicanos durante las últimas tres décadas.
Las y los jóvenes están creciendo en un entorno hostil que les genera más inquietudes e incertidumbre que oportunidades. Basta ver que los mexicanos que tienen entre 12 y 29 años se sienten agobiados por la inseguridad y la falta de oportunidades de empleo, fundamentalmente. En nuestro estado, la desocupación laboral ocupa el primer lugar en el rango de las preocupaciones de nuestros jóvenes, a lo que le sigue la inseguridad, la pobreza, el aumento de precios, el narcotráfico y el acceso a la salud.
Hoy en día, de los 14.7 millones de jóvenes de entre 14 y 19 años que trabajan en nuestro país, el 26% recibe un salario mínimo o, incluso, una remuneración inferior; mientras que el 24% no tienen sueldo y sólo recibe propinas, labora eventualmente a destajo ó en un negocio familiar. Desgraciadamente, casi el 50% del total de estos muchachos viven con cinco dólares o menos al día; no obstante, cuatro de cada 10 laboran más de 48 horas a la semana y solamente un 13% del total cuenta con seguridad social. Tal como lo revelan los resultados de la investigación titulada “La precarización del empleo como ejercicio de violencia hacia los jóvenes”, elaborada por el Observatorio del Empleo de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
El nulo crecimiento económico en México ha generado un mercado laboral cerrado que ha puesto a los jóvenes en una situación muy complicada para conseguir trabajo, incluso para los que cuentan con formación académica competente; situación que los orilla a considerar la opción del trabajo informal y, desgraciadamente, hasta la posibilidad de participar en actividades delictivas. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), extraídas de su reporte “Indicadores de Ocupación y Empleo”, los jóvenes mexicanos más preparados académicamente, egresados de bachillerato y licenciatura; paradójicamente, son quienes menos posibilidades de empleo tienen: al mes de noviembre de 2013, el 38.4% de los desempleados en México eran jóvenes con estudios de nivel medio superior y superior. Por lo anterior, se estima que para el año 2020, el desempleo en egresados de educación superior alcanzará a tres millones de jóvenes.
Por otro lado, México es el tercer país donde existen más adolescentes y jóvenes asesinados (36 mil 444 durante el periodo de 2000 a 2008), sólo por debajo de Brasil y Colombia; siendo los más afectados los muchachos de entre 15 a 24 años de edad. Así lo revela el estudio “Violencia juvenil en América Latina”, realizado por El Colegio de México y el Centro de Investigación sobre Desarrollo.
Por supuesto, la exclusión social solo genera violencia, por lo que es imprescindible equilibrar las grandes asimetrías en la distribución de la riqueza, mejorar nuestros niveles educativos e integrar plenamente y con equidad a los jóvenes dentro de los procesos productivos. No podemos encadenar a millones de jóvenes mexicanos a una vida sin expectativas, ni oportunidades para su desarrollo integral como lo ha hecho hasta ahora el Estado mexicano. Éste no puede permanecer ajeno a las necesidades sociales y perpetuar un régimen de exclusión incapaz de diseñar y aplicar políticas públicas para resolver los rezagos y lastres que afectan principalmente a los jóvenes; de lo contrario, 7 millones de ellos podrían quedarse sin expectativas de futuro debido a la imposibilidad de acceder a la educación y a un empleo bien remunerado.
Tristemente, el gobierno federal está actuando a contrapelo de la vertiente social del Estado mexicano, al mismo tiempo de atentar contra históricos derechos del pueblo mexicano y contra su patrimonio energético. Esta óptica neoliberal la podemos ver con claridad en el ejército de desheredados y mexicanos que viven en pobreza, así como en las cifras presupuestales destinadas al gasto social: mientras que en Brasil, por ejemplo, éste representa un 26.2% de su Producto Interno Bruto (PIB), en nuestro país apenas alcanza el 11.3%; es decir, el gigante sudamericano supera con lo doble en este rubro. Además, el gasto social brasileño es más alto en términos Per cápita y como porcentaje del gasto público total (un 72.7%) en contraste con el 44.9% en México.
Es por ello que, pese a las adversidades, es una obligación de todas las fuerzas progresistas y democráticas dar la lucha por construir un modelo de nación incluyente, donde el Estado invierta realmente en la gente y sea el principal promotor de un desarrollo. En este sentido, como parte medular de su plataforma política, el Partido de la Revolución Democrática ha venido planteando diversas alternativas frente a la insuficiencia del esquema caduco de política social clientelar, asistencialista y electorero de los gobiernos neoliberales. Lo que necesitamos es reorientar el carácter distributivo y productivo de la sociedad con un sentido incluyente y que los jóvenes encuentren un entorno apto para desarrollarse y ser protagonistas en la construcción de una sociedad más próspera, justa y pacífica.
A los jóvenes hay que darles oportunidades, herramientas y no espacios de frustración, violencia y adicciones; al contrario, tenemos que aprovechar su enorme fuerza creativa e ímpetu, abriéndoles mayores espacios de decisión para que ellos sean los protagonistas del cambio que tanto requerimos en México.
