El respeto a los derechos humanos será una de nuestras grandes batallas en el 2014
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
A finales del año pasado, el Ejecutivo federal inició su mandato constitucional con el anuncio de múltiples iniciativas de reforma que abarcaban diversos aspectos de la vida nacional. De entrada, convocó a las diferentes fuerzas políticas y se comprometió a escuchar todas las voces del espectro político y de la sociedad en general, a fin de integrar de manera incluyente un nuevo diseño jurídico-institucional que nos permitiera recobrar la paz, revertir la desigualdad y consolidar nuestra democracia; cosa que no cumplió.
En particular, uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo federal fue, precisamente, el de terminar con el ciclo de violencia y violaciones a los derechos humanos que caracterizó a la administración de Felipe Calderón; no obstante, a un año de iniciada la gestión de Enrique Peña Nieto, la realidad es que tal promesa está muy lejos de refrendarse. A pesar de haber señalado que la salvaguarda un tema prioritario para su gobierno -al punto de que en el “Pacto por México” se expresó el compromiso de convertir el respeto de los derechos humanos en una “política de Estado”-, la situación de los derechos humanos en México empeoró en comparación con el año 2012, debido a la ineficiencia de las autoridades para investigar la comisión de delitos graves; pero también, por los efectos nocivos del modelo económico vigente que propicia mayor polarización y encono social, a la vez de impedir una calidad de vida digna para las mayorías.
En este sentido, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, afirma que durante el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto se consolidó la regresión histórica que se ha registrado en México en cuanto al respeto de las garantías básicas de la población: “estamos viviendo una gran situación de vulnerabilidad en todos los ámbitos, empezando por el derecho fundamental al trabajo y a tener un salario justo, debido a las reformas estructurales y las políticas regresivas que tanto daño hacen a los bolsillos de los mexicanos”, lamenta el activista.
Desgraciadamente, ésta, es una historia recurrente en la sociedad mexicana: promesas y más promesas pero no existe una voluntad política real para marcar una diferencia sustancial y, una vez más, las consignas y declaraciones oficiales se quedan en el aire y no producen mejoría alguna en la observancia de los derechos humanos y seguimos sin obtener los resultados deseados.
Cotidianamente, la falta de respeto a los derechos humanos es una realidad mucho más oscura que las versiones “alegres” que las autoridades pretenden proyectar. Tal como lo señala el legislador del Sol Azteca, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), José Luis Muñoz Soria: “el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha hecho un diagnóstico de derechos humanos, hizo a un lado la investigación de agresiones a periodistas o defensores de derechos humanos y tampoco ha tomado medidas para protegerlos”.
Al día de hoy, el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra los ciudadanos: las mujeres, indígenas, ambientalistas, defensores de los derechos humanos y periodistas, sobre todo, es una quimera. Efectivamente, tenemos una enorme deuda con la justicia y la legalidad: nuestro sistema es ineficiente y la ciudadanía demanda instituciones que funcionen, así como autoridades calificadas y responsables en la labor de prevenir, investigar y sancionar los delitos.
Cabe recordar que en México dimos un paso muy importante con la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicado el 10 de junio de 2011en el Diario Oficial de la Federación. Gracias a este avance, abrimos un nuevo sistema de protección de los derechos humanos en el país puesto que con esta importante reforma, el Estado quedó obligado a satisfacer y salvaguardar todos los derechos: sociales, económicos, ambientales, culturales, civiles y políticos con carácter de fundamentales.
A partir de entonces, nuestro marco jurídico establece con claridad que las normas relativas a los derechos humanos tienen que ser interpretadas de acuerdo a la propia Constitución y a los Tratados Internacionales. En este punto, el jurista Miguel Nuñez señala que “son los propios tratados internacionales los que facultan a los organismos internacionales para realizar la interpretación y delimitación de los derechos humanos y, en consecuencia, las autoridades mexicanas se encuentran obligadas constitucionalmente a tomar en cuenta las observaciones realizadas por dichos órganos”.
Tristemente, México está reprobado en materia de derechos humanos por todas las organizaciones nacionales e internacionales. Y por supuesto, la protección jurídico-institucional no basta por sí misma: para poder garantizar los derechos consagrados en la Constitución, es necesario que éstos vayan acompañados de condiciones políticas y socio-económicas que les permitan su plena aplicación. Bajo las condiciones económicas actuales y las estructuras de poder prevalecientes, es muy difícil que el Estado mexicano pueda cumplir con su obligación constitucional de salvaguardar la serie de derechos enunciados líneas arriba; hace falta equilibrar la distribución de la riqueza, erradicar los grupos de poder que se manejan por encima del pacto social democrático y someterlos a un verdadero estado de derecho.
A un año de mandato del gobierno federal, domina la ausencia de políticas públicas integrales, sobre todo, una estrategia de seguridad para reducir la violencia y los elevados niveles de impunidad que se registran en el país. La estrategia de seguridad del gobierno federal prácticamente no se diferencia con la de Felipe Calderón; quien convirtió al país en un territorio de sangre y muerte. Así lo advierte el director de la ONG internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sentenciar que “en el primer año de su sexenio (de EPN) ofreció escasas evidencias de que esté dispuesto a avanzar más allá de compromisos retóricos y adoptar medidas concretas para poner freno a los abusos generalizados que distinguieron a la ‘guerra contra el narcotráfico’ impulsada por su predecesor, los cuales aún persisten y continúan impunes en la actualidad”.
Es evidente que de seguir bajo el modelo económico neoliberal y la lógica política vertical y clientelar, será muy complicado cumplir con los postulados constitucionales que consagran los derechos humanos y la ley seguirá siendo, en buena medida, letra muerta en nuestro país.
Por nuestra parte, en el Partido de la Revolución Democrática entendemos que la igualdad social y la fortaleza de las instituciones son condiciones fundamentales para lograr que los derechos humanos se respeten en México; es decir, que los procesos democratizadores e integradores en el país se impongan al régimen de privilegios que persiste en una sociedad peligrosamente polarizada. No podemos permanecer sumergidos en un entorno de de vulnerabilidad en todos los ámbitos, empezando por el derecho fundamental al trabajo y a un salario justo, debido a las reformas estructurales y las políticas regresivas que tanto daño hacen a los bolsillos de los mexicanos.
Tampoco podemos resignarnos a vivir en una prolongada crisis de violaciones a los derechos humanos, ni permitir que se restrinjan cada vez más los derechos civiles y políticos de la gente a través de leyes hechas para contener manifestaciones de descontento mediante el uso de la fuerza. Es urgente evitar que el Estado mexicano siga apresurando una serie de modificaciones legislativas que inhiben o criminalizan la protesta social.
Frente a un gobierno inoperante, con visibles rasgos autoritarios y que no sabe escuchar; las fuerzas progresistas del país debemos luchar incansablemente en la defensa del régimen de libertades y por construir un proyecto de nación en el que el rumbo económico no sea opuesto al bien común y posibilite la integración de todos los grupos de la sociedad con pleno respeto a los derechos fundamentales de cada mexicana y mexicano.
Por último, aprovecho la ocasión para extender una felicitación a todas las y los zacatecanos en este año que está por comenzar; con fé en que podremos ir recuperando la paz, la tranquilidad y las oportunidades perdidas mediante el aprovechamiento de nuestras capacidades y recursos sobre la base de la concordia, la solidaridad y el diálogo plural e incluyente. Feliz año 2014.
