México en plena lucha contra la imposición, el neoliberalismo y la exclusión social
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
Al margen de lo atropellado, desaseado e ilegítimo (por ser contrario al sentir general) en que se ha llevado el proceso legislativo que culminó en la aprobación de la reforma energética en México; la privatización de Pemex debe ubicarse como parte del proceso neoliberal que se ha impuesto en el mundo durante las últimas décadas. Como atinadamente señala la economista Susan George: “todo el asunto de la privatización no está relacionado con la eficiencia económica ni en el mejoramiento de los servicios al consumidor, sino simplemente, en la transferencia de riqueza de la bolsa pública (que podría ser responsable de redistribuirla para solucionar desigualdades sociales) a las manos privadas”.
Por una parte, ha beneficiado a las empresas transnacionales y en especial a las corporaciones financieras que han acumulado más del 60% del Producto Mundial Bruto (PMB); por otra parte, la mayoría de los asalariados -85% de la población mundial- se debaten entre el desempleo, la precariedad laboral, la pobreza, la violencia y la pauperización de la clase media.
Por supuesto, México no es ajeno a esta impronta ya que durante más de 30 años los gobiernos tecnócratas han insistido en aplicar este mismo modelo económico, cuyo saldo lo podemos ver en la gran concentración de la riqueza en unas cuantas manos, paralelamente a la cancelación de las oportunidades y de los beneficios colectivos para millones de mexicanos. Basta recordar episodios como el Fobaproa-Ipab, el rescate carretero, entre otras medidas de gran abuso contra la mayoría de la población. Ahora, como colofón de esta embestida de políticas excluyentes (como la privatización de las comunicaciones y la banca) que sólo han dejado ganancias a pequeños grupos minoritarios pero muy poderosos; el Presidente de la República, el PRI y el PAN han perpetrado otro muy duro golpe al interés nacional con la entrega de Pemex/CFE. Así mismo, además de ser privatizadora, la modificación constitucional en materia energética resulta contradictoria con las metas que México se ha comprometido a cumplir para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
A final de cuentas, en los términos en que fue aprobada la Reforma Energética, más temprano que tarde, se abonará aún más al deterioro general del país. La supuesta panacea de las “reformas estructurales” como detonadora del desarrollo de México, existe únicamente en los discursos maniqueos de la élite económica y sus aliados en la política. La realidad es otra y será más dura; en muy poco tiempo se acelerará la dependencia económica, la marginación y la violencia, además de mantenerse estancado el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (que apenas alcanzará un 0.5% en este año; siendo el más bajo de América Latina). De por sí hoy ya tenemos 53 millones de personas en pobreza, 12 millones de pobres extremos, 7.4 millones de pobres alimentarios, 7.8 millones de “ninis”, cien mil asesinatos en siete años, más de 20 mil desaparecidos cada año; ante estas cifras, no podemos prolongar más esta tendencia destructora del tejido social. Si esta situación no es un veredicto del fracaso contundente de las políticas neoliberales aplicadas en México, entonces no queremos ver la realidad. Recordemos que uno de los añejos problemas nacionales radica, precisamente, en que cada vez que se intenta una “modernización” los beneficiados principales han sido el puñado de capitales que controlan la economía.
Hoy estamos frente a una emergencia nacional; el bienestar sigue siendo una asignatura pendiente y bajo la visión estrecha, entreguista y de nulo compromiso social mostrada por el oficialismo; cualquier estrategia de desarrollo humano con equidad, democracia y sustentabilidad está muy lejos de nuestro horizonte. Seguiremos sin aprovechar nuestras potencialidades, ni seremos capaces de crear las sinergias necesarias para procurar un crecimiento económico sólido y con equidad.
Requerimos con urgencia recomponer el camino; dar la lucha por nuestros recursos energéticos con base en una gran Consulta Ciudadana y, sobre todo, no perder la posibilidad de tomar las riendas de nuestro futuro. La crisis en la que hoy estamos inmersos requiere de otro modelo de nación como respuesta; de otra concepción de la economía y de un enfoque de políticas públicas cuyos ejes sean la inclusión social, la generación de riqueza y la distribución equitativa de las oportunidades. Recordemos que en el ideal democrático se aspira a negar definitivamente el poder de la riqueza como el instrumento de mando determinante en el destino de la sociedad: he ahí justamente nuestro problema de fondo como nación.
