Ya es otro México
LILIA ARELLANO
Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada: Edmund Burke
El presidente Enrique Peña Nieto ha logrado importantísimos avances en el fortalecimiento de la subordinación de México a Estados Unidos y la entrega de sus principales recursos, entre los que sobresalen los estratégicos como el petróleo, el gas, la electricidad, las telecomunicaciones y los financieros. De ahí seguramente su felicidad actual manifiesta tras la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma energética: “me siento muy contento, muy feliz de haberse logrado este paso importante en la concreción de esta reforma, que estoy seguro es para el bien de México”, dijo ayer en Palacio Nacional. Lo que no mencionó es que se trata del cumplimiento de los compromisos y acuerdos asumidos como presidente electo con la administración de Barack Obama y el Congreso de Estados Unidos, desde octubre de 2012, y difundidos y detallados en diciembre de ese mismo año en el informe “Oil, México and The Transboundary Agreement”, que detonó la iniciativa de reforma energética que presentó el mexiquense al Poder Legislativo, la cual abre el acceso a compañías petroleras trasnacionales (principalmente estadounidenses) a una riqueza en reservas de hidrocarburos que equivalen al menos a unos 3 billones (millones de millones) de dólares de renta, según estimaciones de expertos en la materia.
La reforma energética de México, que reprivatiza los recursos energéticos del país, era de trascendencia fundamental para los Estados Unidos y para su seguridad energética, pues el petróleo mexicano representa una fuente territorialmente cercana y políticamente fiable para las importaciones del hidrocarburo. La intención de apropiarse definitivamente de los recursos energéticos de México fue delineado y decidido por el gobierno estadounidense desde principios de este siglo. En el 2001 se publicó el documento “Nuevos Horizontes”, elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos de Washington, que define la entrega paulatina del petróleo mexicano para beneficio de Estados Unidos. Este objetivo también estaba contemplado en el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el ASPAN, firmado durante el mandato de Vicente Fox con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, y que tenía como objetivo aportar seguridad y prosperidad a la región, algo que nunca vimos en México.
La Iniciativa Mérida o Plan México, que le obligaron a firmar a un débil Felipe Calderón a cambio de reconocimiento y apoyo y la promesa de alcanzar una legitimidad negada en las urnas, se inscribe en este mismo contexto de subordinación de nuestro país a Estados Unidos. La iniciativa Mérida fue un fracaso total para el gobierno de Calderón que sólo logró agudizar el repudio de la población hacia su mandato, hizo perder la Presidencia al PAN, enlutó más de 120 mil hogares que resintieron la pérdida de algún familiar, ocasionó pérdidas multimillonarias a México que cancelaron oportunidades de progreso y desarrollo, y aumentaron el número de pobres en el país. Sirvió para afianzar la subordinación de México al gobierno estadounidense, a que éste retomara el control de tráfico y comercialización de drogas en su territorio y a que las exorbitantes ganancias del narco se quedaran en su sistema financiero, en donde se convirtieron en un puntal del mismo.
Al arrancar el gobierno de Enrique Peña Nieto, éste y su gabinete se concentraron no en cumplir con las promesas de campaña que le permitieron alcanzar la Presidencia de la República, sino en ejecutar su papel de administrador de los negocios de las trasnacionales estadounidenses. En ese sentido, se apoyo la aprobación de una reforma laboral contraria a los intereses de los trabajadores en el ocaso del gobierno de Felipe Calderón, que canceló históricos derechos alcanzados a lo largo de arduas luchas sociales; se aprobó la reforma en telecomunicaciones que deja este estratégico sector en manos privadas, nacionales y extranjeras; se avaló, tras la detención de Elba Esther Gordillo, la reforma educativa, que cancela derechos de los docentes y afianza el control estatal a este combativo sector; se sancionó la Ley de Deudas Estatales que afianza el poder presidencial y subordina a las entidades federativas; se avaló la reforma financiera que refuerza el control de los grupos financieros trasnacionales sobre la economía del país; se aprobó la reforma fiscal que obliga a los contribuyentes a pagar los costos hasta de la reforma energética, que se ha convertido en la cereza de este pastel que subordina a México a grados impensables a los Estados Unidos.
Ya en estos momentos México es la segunda fuente más importante de las importaciones de petróleo a EU. Canadá es la primera. Sin embargo, al gobierno de Estados Unidos le preocupaba la caída de la producción petrolera mexicana, toda vez que la creciente demanda de su industria llevo a aumentos de las importaciones estadounidenses procedentes de Oriente Medio, una fuente cada vez menos confiable y cuya seguridad le demanda un gasto exorbitante porque le obliga a “inventar” e invertir en guerras en esa región.
La importancia estratégica de México para Estados Unidos no esta en duda. México es la segunda economía más importante de América Latina y cuenta con grandes reservas de petróleo que no tienen los Estados Unidos. De ahí la estrategia estadounidense de garantizar la Seguridad Energética de América del Norte, no la de Estados Unidos, porque de hecho ya se aprovechan de la riqueza del gas de Canadá, y tienen en la mira inmediata las reservas de las aguas profundas del Golfo de México y del gas Shalle, en el que México es la tercera reserva más importante del mundo.
Los proyectos de seguridad energética de Estados Unidos siempre contemplaron como punto fundamental contar con los recursos petroleros de México, para lo cual era indispensable destruir lo que señalaba la Constitución en la materia, que garantiza la propiedad de éstos a la Nación y el pueblo mexicano. La reforma energética de Peña Nieto tiene esa función y fue delineada por Neil Brown, ex asesor del Senado de Estados Unidos en materia energética e integrante del equipo del senador Richard G. Lugar y ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Fue en octubre de 2012 cuando Brown y su colaborador Carl Meacham negociaron la reforma energética con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto y directivos de Pemex.
Los compromisos y metas diseñadas en esas reuniones se divulgaron en el informe “Oil, Mexico and The Transboundary Agreement”, publicado en diciembre de 2012, el cual recomendó a los senadores estadounidenses introducir el tema energético en la relación bilateral México-Estados Unidos y presionar por una reforma energética en México. El gobierno de Estados Unidos se concentró en buscar la apertura de México al capital trasnacional estadounidense en el estratégico sector petrolero, lo que ya se logró en el Congreso mexicano, lo cual resulta sumamente positiva para la seguridad energética de Estados Unidos, toda vez que rebajará la dependencia de países como Venezuela o las naciones de Medio Oriente.
El gobierno de Estados Unidos nunca ha ocultado su intención de controlar los recursos y reservas petroleras de México y Canadá, porque son más confiables que Venezuela o los países de Medio Oriente, además de más cercanos, lo que reduce los costos de transporte. Ya con la reforma energética aprobada por la mayoría de los congresos estatales, serán los pozos maduros de México los principales objetivos de los inversionistas internacionales. En el corto plazo, México se va a convertir en el destino favorito de los inversionistas energéticos en América Latina.
La razón es simple: la riqueza en reservas de hidrocarburos se estima en 3 billones (millones de millones) de dólares. Cabe destacar que durante el gobierno de Felipe Calderón, los ingresos excedentes, es decir, aquellos adicionales a lo presupuestado, sumaron un billón 100 mil millones de pesos, de los cuales los derivados de los derechos petroleros representaron poco más del 50 por ciento. Durante todo ese tiempo, a través de estas mismas líneas, no dejamos de preguntar ¿en dónde están los excedentes petroleros? Pregunta que a la fecha se ha quedado sin respuesta.
Cabe destacar que en los dos sexenios panistas, las empresas trasnacionales que trabajaron por cuenta de Pemex ejecutaron contratos por 200 mil millones de dólares en proyectos para extraer crudo. Con la reforma energética los expertos estiman que multiplicarán sus ganancias por cinco.
El colmo en esta adverso panorama para los mexicanos es que las empresas participantes en la apertura del sector energético –nacionales y extranjeras- también podrán acceder a los recursos de los trabajadores depositados en las administradoras de fondos para el retiro (Afores). Los recursos de los trabajadores podrán ser canalizados para financiar proyectos de infraestructura en este sector, como lo anunció el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes.
Lo peor todo es que la defensa ante este embate del imperio estadounidense operado por sus testaferros en Los Pinos y en el Congreso de la Unión, está desarticulada. Ayer, Cuauhtémoc Cárdenas se reunió con dirigentes de organizaciones sociales para analizar las acciones que emprenderán contra la reforma energética. En una reunión denominada ”Encuentro Unitario de las Organizaciones Sociales” se acordó un llamado a una movilización nacional… el viernes 31 de enero. Su pronunciamiento se enfila a desconocer la autoridad de los legisladores que aprobaron el dictamen.
Las protestas ante este robo a la Nación son mínimas: tan sólo en Morelia, Michoacán, unos 500 perredistas, encabezados por el dirigente estatal Víctor Manuel Báez Ceja, marcharon del monumento del general Lázaro Cárdenas e ingresaron a la sede del Congreso local para protestar en contra de la reforma energética… En contraste, en el Congreso de Querétaro, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la minuta de reforma constitucional que les fue remitida la madrugada del viernes por parte de la Cámara de Diputados. Se esperaba que la reforma energética fuera avalada ayer mismo, mientras que a las afueras del recinto, unos 50 integrantes de diversas organizaciones protestaban contra los cambios constitucionales en materia energética.
DE LOS PASILLOS
En el Senado de la República fue aprobado en comisiones, en lo general y en lo particular, el dictamen de la reforma anticorrupción, por lo que pasará al Pleno para que sea analizado y votado. Ésta crea un órgano autónomo del Estado que sustituirá a la actual Secretaría de la Función Pública. Durante la discusión, el panista Javier Corral reprobó la manera en que la Cámara de Diputados cerró el periodo de sesiones, lo que impide que esta reforma sea aprobada por ambas cámaras y pudiera comenzar el mismo trámite que inició la reforma energética. También el senador perredista Armando Ríos Pitter afirmó que es desafortunado que los diputados hayan cerrado la cortina, pues dejan en suspenso la dictaminación de esta reforma, a pesar de que había un acuerdo político.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público postergó por segunda ocasión, para el próximo 17 de enero, la presentación de los avisos mensuales sobre las operaciones de clientes que establece la nueva Ley Antilavado. El 17 de este mes vencería la presentación de tales avisos.
Con la demanda central de la destitución del Secretario de Seguridad Pública del Puerto de Acapulco, Alfredo Álvarez Valenzuela, chóferes del transporte público cerraron los accesos a Acapulco, Guerrero. Con taxis, camionetas de ruta, urbanos, camiones materialistas y combis, bloquearon desde la mañana los accesos al puerto como Puerto Marqués, Pie de la Cuesta, El Kilómetro 30, Las Cruces, Cayaco, la Costera Miguel Alemán y Avenida Cuauhtémoc.
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