La Reforma Política, el “revoltijo” y los partidos en crisis
MANUEL IBARRA SANTOS
La reforma política aprobada por el Senado, que pretende cambiar las bases del viejo y agotado sistema presidencialista por uno semi/parlamentario, se realiza en el contexto de una profunda crisis de identidad ética de los partidos, hecho que ha arrastrado a la democracia mexicana a una deplorable debilidad que la hace poco funcional para servir a los intereses de la sociedad.
Los legisladores una vez más, motivados por un evidente pragmatismo, sin orientación ni sentido del cambio responsable, en el apresuramiento de la defensa coyuntural de sus intereses y de la “partidocracia”, crearon un “revoltijo”, una especie de frankenstein que bien pudiera a la vuelta del tiempo, en una actitud regresiva, obstruir la transformación de las instituciones públicas del Estado.
No se tocaron ni modificaron para nada, por ejemplo, los enormes privilegios económicos y excesos de los partidos, de sus dirigentes y de sus correspondientes mafias burocráticas. A las instituciones electorales se les relanzó, con la creación del INE, al tobogán del pasado, a un inexplicable centralismo de la historia y a los organismos estatales se les redujeron, en una conducta de pueril insolencia, sus potestades y márgenes de maniobra que vulnera el más elemental derecho constitucional de la soberanía de las entidades federativas.
En una actitud por demás contradictoria se aprobó la reelección de senadores, diputados y alcaldes, pero en cambio, no se avanzó legislativamente en la regulación de la revocación del mandato, figura de la democracia moderna que las sociedades avanzadas utilizan para remover a servidores públicos corruptos, deshonestos e ineficaces.
Tal vez una de las pocas cosas rescatables sea la propuesta de avanzar gradualmente hacia un sistema semi/parlamentario, con gobiernos de coalición, que ponga límites al vetusto presidencialismo. Pero aún sin administraciones de coalición, el senado ratificará el nombramiento del canciller, la Cámara de Diputados al Secretario de Hacienda y se otorga autonomía plena a la Procuraduría General de la República, que cambiará a partir del 2018 de nombre por el de Fiscalía General.
El lastre de los partidos y su poca confiabilidad:
De los componentes del sistema político nacional, además del desgaste histórico de la institución presidencial, el régimen de partidos se ha convertido en un lastre que no abona a construir en el país una democracia de calidad. La reforma política no procesó ni abordo correcta y adecuadamente este tema que es crucial.
Los partidos políticos en México experimentan en la actualidad una la más profunda crisis ética y de representación de su historia, que los hace poco confiables en su relación con la ciudadanía. Han sufrido – en términos del teórico Mauricio Duverger – una transmutación de partidos de masas y de cuadros, a partidos de mafias, de negocios y sin compromisos con la sociedad.
Una forma de evaluar a los partidos es partir de dos dimensiones políticas: su relación con el poder (1) y su relación con la sociedad (2).
Y la función de los partidos determinada por su relación con el poder, se manifiesta básicamente por la posibilidad de inducir políticas públicas y programas institucionales, que hagan posible en los hechos el ejercicio de gobiernos democráticos de calidad. En esta asignatura han fracasado estrepitosamente.
La función de los Partidos en su relación con la sociedad, puede abordarse y estudiarse desde cinco ejes específicos:
1).-Sus niveles de representación legitima de la sociedad; 2).-Articulación de las demandas ciudadanas; 3).-Reclutamiento político; 4).-Integración renovada de individuos y de cuadros; 4).-Movilización y socialización; y 5).-Legitimación de nuevas reglas de participación democrática. En éstas líneas de acción han fallado, asimismo, notoriamente.
Reforma y cambio democrático:
Una reforma política para que prospere no puede circunscribirse sólo a temas de carácter electoral, sino que tiene que trascenderlos y atender además otras prioridades del Estado como son el de garantizar los derechos a la seguridad humana, bienestar colectivo, crecimiento económico, justicia social y empleo digno.
