Movilizaciones y Estado de Derecho
JUAN GÓMEZ
El presente año en Zacatecas se ha caracterizado por la generación de movilizaciones sociales de diferentes organizaciones, pero también llama particularmente la atención la toma recurrente de edificios públicos que son simbólicos no solo en la administración pública, sino en el ejercicio del poder de cualquier gobierno.
De hecho el presente año está terminando con la toma de Ciudad Administrativa, el Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo, Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación (Seduzac), en donde los jóvenes de la normal rural Matías Ramos de la comunidad de San Marcos del municipio de Loreto, causaron una vez más destrozos en su interior, especialmente en las máquinas dispensadoras de frituras y golosinas.
Esta noche me entero que nuevamente los incondicionales de Napoleón Gómez Urrutia bloquearon el acceso a la mina El Coronel en Ojo Caliente, propiedad del empresario Carlos Slim.
Pero eso no es todo, el dirigente del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo de los Colegios de Bachilleres de Zacatecas (Supdacobaez), Gerardo García Murillo, realizó también con sus afiliados, bloqueo y suspensión de clases en este subsistema educativo de nivel medio superior en el estado, en el que por cierto la semana pasada el director general Mario Caballero Ramírez presentó su renuncia al consejo consultivo, quien definirá el próximo 13 de diciembre la aceptación.
Los conflictos que se dirimen en las movilizaciones han sido de lo más variado, desde la demanda de un mejor precio al frijol, pago a ex braceros, problemas en las distintas minas asentadas en el estado en donde se han generado conflictos por reconocimiento contractual o bien, de mejor remuneración económica por las tierras, etc., y sobre todo el rechazo a la reforma educativa por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Asimismo los jóvenes de la escuela normal Rural Matías Ramos han realizado a lo largo del año distintas movilizaciones, bien sean solidarias o de exigencias para mejorar condiciones en el internado o porque no tienen internet en sus espacios.
Pero además algunos trabajadores de confianza o sindicalizados de algunos ayuntamientos han bloqueado también presidencias municipales, por retraso en el pago de sus prestaciones o quincenas, a causa de la precariedad económica de la administración municipal en turno.
También los agentes de la dirección de Tránsito hicieron un paro de labores en días pasados en demanda de la destitución del director Agustín Jaime Ortiz Arellano, por presuntas prácticas de corrupción, aunque el funcionario también denunció las mismas presuntas acciones de sus acusadores.
En este escenario de protesta, conflicto y de bloqueos, el ciudadano zacatecano queda literalmente en medio, tanto de la calle como a mitad de los trámites que realiza en oficinas administrativas estatales o municipales, mientras que algunos trabajadores del sector público también se sumergen en la inquietud del pago oportuno de sus quincenas.
El ciudadano promedio tiene que soportar la violación de sus derechos de libre tránsito, perder el tiempo parado en el boulevard o carretera, desviar su ruta y no acudir a tiempo a su oficina, casa o compromiso, mientras unos cuantos mantienen bloqueada una calle o el acceso a edificios públicos.
Las autoridades gubernamentales son adictas a medir la imagen del gobierno en turno o bien, la aceptación del mandatario entre la ciudadanía, y en tiempos preelectorales, las preferencias a favor de uno u otro aspirante a un puesto de elección popular, por lo cual, sería recomendable que en estos momentos realizaran una encuesta para pulsar el ánimo de la población ante este tipo de conflictos.
Efectuar una encuesta o sondeo de opinión para registrar el descontento social, sería prácticamente un gasto innecesario. Basta preguntarle al hombre de la calle, al automovilista, al taxista, al prestador de servicios, etcétera y obtendrán respuestas contundentes.
En Zacatecas se vive un conflicto recurrente que las autoridades estatales no han podido descifrar, entender y detener, pero que está lesionando preocupantemente el Estado de Derecho.
El diálogo y la negociación con los grupos beligerantes u opositores ha sido el instrumento o discurso constante en la resolución de los conflictos, pero la administración pública no se ha dado cuenta que su relación con la sociedad se ha desgastado porque ésta no ve preservados sus derechos.
Quienes violan la Ley obtienen atención y concertación, pero los ciudadanos zacatecanos que pagan sus impuestos, que atienden a sus responsabilidades, se les exige el cumplimiento de la norma, mientras que la impunidad prevalece entre quienes la infringen.
El otro problema es que ante la falta de determinación en la solución de los conflictos domésticos, el gobierno está deteriorando cada vez más no solo su imagen, sino su autoridad ante la ciudadanía.
El ejercicio del poder lleva intrínseco un desgate, pero éste es mayor cuando ese poder no se ejerce a pesar de la legitimidad que el ciudadano le otorgó en la urna.
Se observa fragilidad en la política interna.
Al tiempo.
