360 días, ¿y…?
LILIA ARELLANO
Curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado: Alberto Moravia
Faltan escasos cinco días para que se cumpla un año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y a los fracasos de su gobierno habrá que sumar la persistente violación a los derechos humanos, denunciada permanentemente por organizaciones no gubernamentales, además de su intención de llevar hasta sus últimas consecuencias el “atraco del siglo” con la aprobación de la reforma energética, que pondrá en manos de trasnacionales la riqueza petrolera del país, con las denominadas “licencias petroleras”, que tendrán la característica de no poder ser nacionalizadas en caso de que el Congreso de la Unión las apruebe, con lo que el robo del siglo no tendría marcha atrás.
De ahí la importancia de la disposición del ex candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, para aliarse con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a pesar de que éste sigue dominado por “los chuchos”, aliados a Peña Nieto, para evitar la imposición de una reforma energética que contempla la apertura de sectores estratégicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la iniciativa privada, nacional y extranjera. El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) insistió en que se pretende aprobar dicha iniciativa el próximo 12 de diciembre, el mismo día en que hace 14 años PAN y PRI avalaron la creación del Fobaproa, “deuda eterna” que beneficio a banqueros multimillonarios -los cuales fueron nuevamente favorecidos con la recién aprobada reforma financiera- y que se desconoce a ciencia cierta hasta cuando se terminará de pagar.
Las adversas consecuencias que traería para el pueblo de México la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto se vienen agravando conforme se van conociendo los detalles del dictamen de referencia. El diputado federal del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, advirtió –como lo publicó oportunamente Por Esto!- que “por más sinónimos y eufemismos que le han buscado, tratan de negar lo evidente: la privatización de Pemex, y por fin han creído encontrar un término para camuflajear esta privatización soterrada de la riqueza petrolera: “licencias petroleras”, donde las empresas tendrán el dominio sobre el petróleo que extraigan para lo cual se impondrán las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales. El legislador zacatecano señaló que “este atraco es la más grande traición que ha ocurrido en México después de que Santa Ana entregó más de la mitad del territorio nacional”.También destacó que las “licencias petroleras” fueron impuestas por las trasnacionales porque no quieren que más adelante, con un cambio de gobierno, se les expropien sus instalaciones con artículos nacionalistas como los actuales.
Y mientras la reforma de marras se discute y negocia entre las tres principales fuerzas políticas del país, sigue el oscuro manejo de la empresa paraestatal que beneficia a intereses económicos no muy claros, pero sin duda relacionados con funcionarios de primer nivel de la gestión peñanietista. En este contexto, resulta que la PMI, filial de Pemex, firmó un contrato de inversión para la comprar de 51 por ciento de las acciones del astillero español Hijos de J. Barreras (HJB), otrora mayor fabricante de barcos del sector privado español, que no ha hecho ninguna embarcación en dos años. HJB enfrenta una deuda con sus proveedores de cerca de 15 millones de euros y una drástica reducción de su plantilla que en los últimos meses ha generado protestas laborales. ¿Por qué no mejor se invierte para reactivar astilleros mexicanos?
Muchos especialistas y dirigentes de oposición han advertido de los riesgos para el país de aprobarse la reforma energética de Peña Nieto. Algunos han insistido en que con las modificaciones constitucionales con los hidrocarburos pasará lo mismo que con los recursos mineros del país. Sobre el particular, el investigador Gian Carlo Salgado, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que mineras extranjeras, particularmente canadienses, se han apropiado de cientos de concesiones en México para especular en las bolsas internacionales, y ganan millones de dólares sin explotar un yacimiento sólo rentabilizando las miles de hectáreas que tienen concesionadas por los próximos cien años en el territorio mexicano.
Al contemplar la indeclinable determinación del gobierno de Peña Nieto para regalar el patrimonio nacional petrolero a las trasnacionales, especialmente estadounidense, no queda más que esperar que la organización social y popular que encabezan Andrés Manuel López Obrador con el Movimiento de Regeneración Nacional y Cuauhtémoc Cárdenas al frente del PRD, junto con otras organizaciones políticas como el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, logren frenar la aprobación de esas modificaciones que constituyen sin duda alguna una traición a México. Por eso, habremos de sumar nuestro grano de arena a ese esfuerzo de importancia fundamental para el país.
DESATADAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS: HRW
Al iniciar estas líneas mencionábamos que otra de las grandes asignaturas pendientes de esta administración que cada día defrauda más a los ciudadanos que tuvieron la ingenuidad de votar por el candidato presidencial del PRI-PVEM como una opción de cambio político real y viable, se refiere a la violación a los derechos humanos que fue un signo característico del gobierno panista de Felipe Calderón. A casi un año de que iniciara la presente gestión federal no ha habido resultados para frenar las violaciones de derechos humanos en el país, acusó la organización Human Rights Wartch (HRW).
Por medio de una carta enviada al propio Peña Nieto, José Miguel Vivanco, director de HRW, destacó el hecho de que al asumir la Presidencia de la República de México, el mexiquense encontró a un país “sumido en una crisis de derechos humanos”, con una impunidad casi absoluta ante los “abusos generalizados”, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. A pesar de que se han tomado algunas medidas, como la promulgación de La Ley General de Víctimas, “a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico”. La administración del priísta no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad”. Las fuerzas oficiales de seguridad siguen cometiendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
El gobierno de Peña Nieto ha sido incapaz de definir un plan concreto para lograr el objetivo de reducir la violencia. Por el contrario, lamenta HRW, cuando la situación de la violencia ha requerido de la intervención federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor”, es decir, de la del “hijo desobediente”. Además, esta gestión “ha continuado una práctica del gobierno de Calderón que consiste en referirse despectivamente a victimas de violencia acusándolas de delincuentes, sin ninguna evidencia que lo demuestre”.
El colectivo de derechos humanos también resaltó que a pesar de que el actual gobierno federal reconoció la existencia de una lista –elaborada por la gestión calderonista- de más de 26 mil víctimas de desaparecidos y prometió depurar esa relación, la administración actual no ha publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, ni ha creado un registro nacional de restos humanos no identificados”, a lo que habrá que agregar que inconscientes funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) han llevado su grado de incompetencia a proponer un “borrón y cuenta nueva” e iniciar un nuevo listado de desaparecidos, lo que ocasionó la indignación de familiares de éstos que integran organizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia.
La ineptitud e incompetencia del gobierno peñanietista ha llegado al extremo de no demostrar avances significativos en la investigación de casos pasados de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en décadas anteriores. Además, no ha acotado el fuero de la justicia militar, ni ha hecho lo suficiente para evitar que periodistas y defensores de derechos humanos dejen de ser atacados. Aún no hay evidencias en el gobierno del mexiquense de que este dispuesto a avanzar más allá de compromisos retóricos. También ha sido incapaz de adoptar medidas concretas para poner freno a los abusos generalizados que distinguieron a la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón. Dichos abusos aún persisten y continúan impunes.
Para la organización HRW, Peña Nieto tiene el tiempo suficiente aún para “revertir el curso, fomentar la justicia por los abusos del pasado y demostrar un compromiso verdadero con la prevención de nuevos hechos. Cuando más tiempo espere para abordar estos abusos, más arraigadas estarán esas prácticas y más difícil será erradicarlas”, advirtió.
SUBORDINACIÓN DE FCH A EU
A prácticamente un año de que concluyó el gobierno de Felipe Calderón, uno de los ex funcionarios clave en materia de seguridad de la administración anterior confirmó que la gestión del michoacano panista creó “centros de fusión de inteligencia” en el país con apoyo de Estados Unidos como parte de su estrategia para enfrentar a los cárteles de la droga y en algunos de ellos participaban activamente agencias estadounidenses, aunque esto fuera ilegal.
Un documento desclasificado del Pentágono estadounidense revela que el mismo funcionario negó tener conocimiento de la existencia de centros de inteligencia de EU a los que no tenían acceso las autoridades mexicanas. Guillermo Valdés Castellanos, responsable de la agencia de inteligencia mexicana (CISEN) durante todo el gobierno de Felipe Calderón, dijo a una agencia internacional de noticias (The Associated Press) que desde su oficina se trabajó en la construcción de esos centros de fusión a partir de las experiencias tanto de Estados Unidos como de Colombia.
El ex titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) hizo comentarios reveladores a esa agencia de noticias con motivo de la publicación de su libro “Historia del Narcotráfico en México”, en el que asegura que no intenta defender la estrategia de seguridad del ex presidente Felipe Calderón, sino aportar elementos para entender la violencia explosiva del crimen organizado a lo largo de esa administración que causó al menos 70 mil muertos según las conservadoras cifras oficiales.
A pesar del desconocimiento que dice tener sobre el particular Valdés Castellanos, un memorándum desclasificado del Departamento de Defensa, obtenido por la organización no gubernamental estadounidense National Segurity Archive, describe el apoyo que una oficina del Pentágono había dado al denominado “Centro de Fusión México”, con acceso exclusivo para autoridades estadounidenses y cuyo propósito era enfocarse en “blancos de alto perfil”, los cuales no son identificados. Valdés evitó mencionar a The Associated Press cuantos centros de fusión fueron instalados con Estados Unidos y cuándo y dónde están o estuvieron ubicados y sí continúan en operación.
Lo que hay que resaltar es que el gobierno de Felipe Calderón promovió una relación de subordinación sin precedente con Estados Unidos en un intento por obtener una legitimidad que le fue negada en las urnas, a través de una fallida estrategia de combate a los cárteles de la droga mexicanos. En esa estrategia el CISEN jugó un papel clave, donde “se trabajó en la construcción de centros de fusión de inteligencia con las distintas dependencias”.
Valdés intenta explicar en su libro la complejidad de la violencia que comenzó a acelerarse en 2008 y tuvo su pico en 2011, con casi 17 mil muertos. Cabe destacar que en menos de un año del gobierno de Peña Nieto esa cifra ya se superó, de acuerdo con el número de averiguaciones previas de homicidios relacionados con el crimen organizado. El ex funcionario plantea que la ola de violencia tiene su origen en grupos de la delincuencia organizada con gran poder económico, social y militar, combinado con un largo historial de corrupción y complicidad institucional, en buena parte a nivel local.
No hay que pasar por alto que durante el gobierno anterior, que detonó la inútil y estúpida “guerra contra el narco”, el país fue testigo de algunas de las peores masacres en la historia reciente, cuyos cadáveres aún se siguen rescatando de fosas clandestinas, sin conocer siquiera su identificación y, mucho menos, quien o quienes perpetraron esos homicidios, por lo que siguen en completa impunidad.
Actualmente, según Valdés, el cartel de Sinaloa o del Pacífico es aún la “gran organización nacional”. Cabe destacar que fue precisamente la gestión de Felipe Calderón la que permitió el crecimiento del cártel comandado por uno de los hombres más ricos del mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, al concentrar sus ataques contra sus rivales y competidores en el negocio de la producción y comercialización de estupefacientes, y en la desarticulación de las principales cabezas de dichos cárteles.
DE LOS PASILLOS
Las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PVEM en el Senado de la República lograron la aprobación de la reforma financiera del presidente Enrique Peña Nieto. Las bancadas perredista y petista acusaron que la legislación que modifica 23 ordenamientos profundiza la extranjerización de la banca, en lugar de regular las ganancias exageradas de las grandes instituciones financieras, aumenta el poder de éstas sobre el país y abre la puerta para rescates similares como el Fobaproa. La perredista Dolores Padierna recalcó que la reforma criminaliza a los deudores, para los que se crea un nuevo marco legal “inquisitorio”, con severidad extrema para ellos e impunidad para la élite financiera, ya que no habrá sanción alguna para accionistas y directivos bancarios que provoquen riesgos financieros.
Tras concluir un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon hacia la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir una mesa de negociación esta semana con el magisterio veracruzano. Elementos del cuerpo de granaderos del Gobierno del Distrito Federal replegaron a los docentes que bloqueaban los carriles laterales de Paseo de la Reforma. Zenyazen Escobar, integrante del Movimiento Magisterial Popular de Veracruz, responsabilizó al gobierno federal de “obligarnos a realizar este bloqueo, pues no sólo incumplió con su compromiso de fijar una fecha para la mesa de diálogo, sino que incluso nos dijo que hagan lo que quieran”.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la desigualdad en el ingreso en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDCE), entre los que se encuentra México, se incrementó más entre 2010 y 2012, que en los doce años precedentes. Ejemplificó que en Estados Unidos, el 10 por ciento de la población más rica se llevo a casa la mitad del ingreso generado por la principal economía del mundo… México tiene las peores condiciones para el retiro de los trabajadores dentro del grupo de naciones de la OCDE. En nuestro país, las personas que entraron a laborar en 2012 y se retirarán después de una carrera plena, pueden esperar una pensión equivalente al 28.5 del ingreso promedio de su vida, tasa que es la más baja para un integrante de esa organización, que en promedio es de 54 por ciento.
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