No a la violencia; menos contra las mujeres
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
Ayer conmemoramos en el mundo el Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para generar conciencia sobre este lastre social e impulsar la cultura de equidad de género. Hoy en día, hasta un 60% de las mujeres en el mundo experimenta alguna forma de abuso físico o sexual durante su vida. En el caso de América Latina, la ONU resaltó que la violencia de género contribuye a la inseguridad general, además de representa “una amenaza persistente y un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos” en los países de nuestra región.
Según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), casi todos los países en América Latina han registrado un aumento de la violencia doméstica, así como de las violaciones y los asesinatos de mujeres. En nuestro país, este tema es especialmente delicado y aunque hayamos logrado avances a nivel legislativo (como la promulgación de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en febrero de 2007); aún persisten las agresiones de género como la violencia, la desigualdad y la discriminación. Cerca del 47% de las mujeres mexicanas de 15 años o más han sufrido algún episodio de violencia emocional, económica, física o sexual, tal como lo informa el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) y, por otro lado, el 26.3% de ellas sufrido discriminación laboral en algún momento de sus vidas.
A nivel general, en las relaciones sociales existe una marcada exclusión de las mujeres al permanecer limitadas en el acceso a bienes y oportunidades, lo que contribuye a su desvalorización, denigración y amedrentación. Históricamente, la reproducción de este modelo de conducta social, en la que se consolida el dominio patriarcal, es la que ha dado origen a una amplia gama de iniquidades y agresiones hacia las mujeres.
Como problema adicional, nuestro país se ha convertido en un país donde prospera el deplorable delito de la trata de personas. Marian González del Castillo, integrante de la Dirección General contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), insiste en que este crimen “se mezcla con la migración y México es un país de origen, tránsito y destino, esto quiere decir que los mexicanos somos víctimas con altos índices de vulnerabilidad ante la trata de personas y somos fácilmente captados para ser trasladados para otros países, incluso en nuestro propio país, para ser explotados”.
Lo más preocupante, radica en que las mujeres y los niños son quienes más sufren de abusos y atrocidades: del total de personas sometidas a trabajos forzados como consecuencia de la trata, alrededor del 56% son mujeres y niñas y el 44% restante son hombres y niños, principalmente provenientes de países pobres. En el caso de trata con fines sexuales, una abrumadora mayoría del 98% es ocupada por mujeres y niñas, señala la Organización Internacional del Trabajo. Cabe recordar también que este flagelo es el tercer “negocio” más redituable del crimen organizado, sólo detrás del narcotráfico y el tráfico de armas.
Cabe insistir en que el foco de violencia de género lo encontramos en los propios hogares; como ejemplo, en nuestro propio estado seis de cada 10 mujeres zacatecanas han padecido algún tipo de violencia familiar, mientras que tres de cada 10 lo siguen padeciendo, según datos del Centro Estatal de Prevención y Atención contra la Violencia Intrafamiliar (Cepavif).
Sin duda, la realidad cotidiana en que viven las mujeres y sus hijos, sobre todo, por el doble rol que juegan: como madres y como soporte económico del hogar (97.9% de ellas combina sus actividades económicas y profesionales con los quehaceres domésticos); requiere de una respuesta contundente del Estado para solventar sus necesidades. Sin embargo, hasta ahora es evidente la insuficiencia de las acciones gubernamentales para atender las necesidades de este segmento de la población: aún persiste una enorme deuda histórica con las mujeres.
De ahí que en México y en Zacatecas tenemos la asignatura pendiente de procurar un trato igualitario en la sociedad, comenzando por desarraigar la mentalidad retrógrada que aún persiste en amplios sectores sociales, la cual consiste en aceptar la idea que las mujeres están destinadas a ocupar una posición subordinada respecto a los varones por prejuicios diversos. Por tanto, la solución de los abusos generados por la inequidad sólo puede darse a partir del fortalecimiento de la educación en valores éticos y democráticos como pilar de construcción colectiva.
desde Por lo que toca a las instituciones del Estado, una de las alternativas que se han generado para revertir esta inercia lamentable, la encontramos en las políticas públicas con perspectiva de género. Más aún, considerando que durante décadas el desempeño gubernamental y los recursos aplicados en su accionar han tenido un impacto diferenciado sobre las mujeres. Además, no hay que perder de vista que los hogares con jefa madre de familia conforman uno de los grupos que con mayor desventaja y dificultad hacen frente a la crisis y a la pobreza que padecemos, ya que una buena cantidad de mujeres tienen que sobrevivir con desventajas considerables y en situación de vulnerabilidad.
Esta lamentable situación nos obliga a lograr que ellas se constituyan en las principales beneficiarias de las acciones de los gobiernos en sus tres niveles, comenzando por incluir la perspectiva de género en todas sus acciones públicas; desde el diseño hasta la ejecución de políticas públicas transformar la vida económica, política, jurídica, social, cultural y familiar de las mujeres.