Doble saqueo
LILIA ARELLANO
Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo: Abraham Lincoln
El discurso de Enrique Peña Nieto en torno a los riesgos que corre el país si no se aprueba la reforma energética, en un contexto de recesión económica armada por su propia administración, y la despilfarradora campaña mediática para grabar en el inconsciente colectivo que “Pemex no se privatiza”, son insuficientes para ocultar el doble saqueo que opera la actual gestión federal contra el pueblo de México: la entrega de la riqueza petrolera a compañías trasnacionales, con el generoso pago del “coyotaje” a los funcionarios involucrados, y el fiscal, a través del cual serán los propios contribuyentes mexicanos los que estarán obligados a pagar las consecuencias de la privatización del petróleo. Detalles de esta maquiavélica operación que vulnera la soberanía energética de México, fueron a dados a conocer por el diario estadounidense The Wall Street Journal, cuya publicación “sobre la entrega del petróleo, servirá de prueba para la denuncia penal en contra de Enrique Peña Nieto por traición a la Patria”, como lo advirtió el dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador.
El desastre económico que resiente el país y que ha llevado a Agustín Carstens, gobernador del Banco de México a advertir que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en este año será de apenas 0.9%, cuando se había programado y se destinaron los recursos financieros para que fuera del 3.5 por ciento, con el consecuente cierre de empresas y cancelación de plazas laborales, ha sido concienzudamente llevado a cabo por el gabinete económico que encabeza Luis Videragay, quien también armó el paquete económico para el 2014 con una endeble expectativa de crecimiento. No deja de ser relevante que sean precisamente los ex secretarios de Hacienda, Agustín Carstens y Guillermo Ortiz los agoreros del desastre y los que han estado señalando una y otra vez que la economía va en picada, cuando sus propias gestiones contribuyeron en gran medida para este estado de cosas.
Los reportes económicos de los últimos días dan material más que suficiente para el análisis, para uno que supere los registros en el papel, uno que permita ver más allá de lo que se advierte y se presenta como catastrófico. Bien podríamos comenzar por los voceros del desastre y su lenguaje. Ortíz Martínez y Carstens han hecho declaraciones tronantes. El primero augura un futuro económico ruinoso esperando su entrada a la vuelta de la esquina. El otro, disminuyendo el crecimiento en un número mayor de puntos porcentuales que ya salen del terreno de la lógica. Pero, sabemos, ninguno de los dos –ambos se mantienen dentro de las nóminas oficiales- desconoce cuáles son las reglas del sistema y de la política mexicana, por lo tanto, sus expresiones debieron contar con la bendición tanto de quien ocupa la misma silla que estuvo bajo su encargo como del que llaman jefe máximo de la Nación. Por lo tanto, habrá que tener presente que, dadas las circunstancias económicas mundiales, sin duda que una parte de lo expresado es verdad, pero que la otra es parte de una estrategia que pretende obligar a una mayor entrega patrimonial y, por ahora, ésta se enfoca directamente en el petróleo.
La economía mexicana tiene estructura, cimientos, columnas que la sostienen y todo ello está en poder de empresarios, comerciantes, hombres y mujeres trabajadores y productivos. Por mucho que se quiera ver de otra manera no solamente existen gasolinerías o gaseras, están los estanquillos, las panaderías, las tintorerías, los restaurantes, las papelerías, las tlapalerías, los salones de belleza, los despachos de profesionistas, las recauderías, están las fábricas, la producción agrícola, la ganadera, avícola, porcícola, pesquera, etcétera, etcétera. Esta importante parte del movimiento financiero nacional no depende del petróleo por lo tanto los que entrarían en crisis serían los gobernantes y sus equipos quienes tendrían que aplicarse la receta que nos han venido extendiendo durante ya más de dos décadas: “apretarse el cinturón”. Lo cual no significa necesariamente la cancelación de presupuestos en renglones prioritarios, sino un auténtico adiós a la superficialidad, a las prebendas, a los seguros médicos de lujo, a las caravanas de autos y guarda espaldas. Extraño resulta que quienes han sido responsables e iniciadores directos de los números que hoy conforman deudas y déficit, salgan tan campantes a realizar este tipo de declaraciones sin manifestar un solo gesto de culpabilidad, aún y cuando ésta, la tienen.
Hace un par de semanas señalamos en estas mismas líneas lo incomprensible del reporte que revela que el gasto que realizan más de 110 millones de mexicanos para subsistir y en el que se incluyen todos los renglones, suma anualmente 4 billones y medio, cifra similar al presupuesto que presenta el gobierno como necesario para sacar adelante su función, la diferencia ya en el nivel de esas cantidades es prácticamente mínima. Los golpes que ha recibido la economía han sido asestados por las autoridades; el desempleo será sin duda mucho mayor en virtud de nuevas cargas tributarias; el cierre de minis, pequeñas y medianas empresas y comercios es fácil predecirlo ante las normas aprobadas que obligan a quienes apenas cuentan con ingresos para mantener las puertas abiertas; las más cuantiosas fugas que tienen el erario son causadas por las exenciones, descuentos y prebendas fiscales otorgadas a los grandes consorcios. No se ha necesitado de manos extrañas para aporrear a este país y a sus habitantes, lo han hecho los de dentro, los paisanos, los que logran convencer para entronizarse y luego se convierten en los más duros e insensibles capataces y verdugos.
Habrá que irse con mucho cuidado al observar los movimientos que tienen que ver con el dinero, con su manejo, con sus aplicaciones y ser mucho más cautelosos en lo que respecta a las actividades relacionadas con los hidrocarburos. Cuauhtémoc Cárdenas puso el dedo en una llaga que está a punto de supurar: “pueden fincársele a Enrique Peña Nieto cargos por traición a la Patria”. Y esto no es demagogia ya que es la única denuncia que según la Constitución es válida tratándose del titular del Ejecutivo Federal y en ese terreno, una vez llevada al conocimiento internacional, son otras las lecturas y por supuesto los desenlaces. Así que, mientras por el lado gubernamental siguen vigentes las sorderas y los intentos de crear percepciones totalmente alejadas de la realidad al tiempo que se siembra la incertidumbre, por el otro va tomando forma una estrategia que será impulsada por el peso de las declaraciones ya vertidas. En medio bien podemos situarnos los ciudadanos, pero no con la apatía demostrada durante un largo periodo, sino con la simple y llana exigencia de bien merecido respeto y en esas tres palabras se encierra casi todo.
Ahora, los funcionarios peñanietistas están llevando al país al limite para justificar la entrega de la riqueza petrolera como una “necesidad” para sacar al buey de la barranca y como única alternativa para impulsar la economía. No debe olvidarse que uno de los principales factores del deterioro económico de este año es responsabilidad de los integrantes del gabinete que han sido ineficientes para ejercer el gasto o se han dedicado a retener los recursos públicos autorizados por el Congreso para la inversión pública, lo que ha afectado a no pocas ramas de la actividad productiva del país, lo que incluso ha sido denunciado por las cúpulas empresariales.
El propio Enrique Peña Nieto advirtió ayer de los grandes riesgos para México de no concretarse su reforma energética, como la perdida de competitividad y el peligro de que la inversión productiva se vaya a donde la energía es más barata. Lo que no dice es que la economía mexicana no depende del petróleo sino del aparato productivo nacional y del trabajo de millones de mexicanos, que han sido severamente castigados por su administración con una reforma hacendaria meramente recaudatoria. No señala el mexiquense que lo que está petrolizado es el gasto del gobierno, que se resentirá al no contar con los recursos provenientes de la producción petrolera y cuyos hoyos fiscales los hará pagar a los contribuyentes cautivos incluso a través de la contratación de mayores deudas en el extranjero que deberán ser pagadas en el mediano y largo plazo por todos los mexicanos.
Los desencuentros en las negociaciones entre panistas y priístas se pueden resumir en que los primeros buscan que sea la iniciativa privada nacional la que se beneficie de la reforma energética, mientras que los priístas buscan su enorme coyotaje con empresas trasnacionales, que serían extraordinariamente beneficiadas con los cambios que se le están haciendo a la reforma energética presentada por Peña Nieto. Lo que no están midiendo ni unos ni otros es la generación de conflictos sociales que resultará de aprobar una reforma energética en los términos en los que se está negociando, y no están considerando que esto puede llevar a una insurrección civil en contra del actual gobierno federal que se está comportando como un simple ladrón en una casa que debería cuidar porque para eso fue contratado.
The Wall Street Journal desnudó el miércoles las reales intenciones del gobierno de Peña Nieto con su reforma energética, que han sido negadas una y mil veces en público: “altos representantes del Gobierno y miembros importantes del PAN se encuentran en negociaciones avanzadas para sellar un acuerdo que permita al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisito y crudo en aguas profundas, según tres personas que participan en las conversaciones, si bien advirtieron que sigue habiendo obstáculos en el camino”. De acuerdo con el mismo diario, el plan que negocian el gobierno y el PAN es tener un dictamen sobre la iniciativa de reforma energética para ser votado en el Senado a finales de noviembre. La administración de Peña Nieto espera que ambas cámaras lo voten antes de fin de año.
Frente a la gravedad de las revelaciones de ese diario estadounidense, tanto funcionarios del gabinete federal como dirigentes y legisladores del PAN han desmentido los detalles sobre el acuerdo que negocian en lo oscurito, pero sin argumentos contundentes. Esa nueva propuesta, dice The Wall Street Journal, haría posible que Pemex pudiera utilizar contratos diferentes según el caso: los contratos de ganancias compartidas –que son los que explícitamente propone la reforma conocida públicamente-, en que toda la producción va al Estado, podrían ser útiles para campos petroleros de bajo riesgo. Mientras que los contratos de producción compartida –que no están planteados en la propuesta que se conoce- permitirían que la producción de crudo se “reparta entre las empresas y el Estado” (y) podría usarse para los campos de mayor riesgo.
Funcionarios federales y dirigentes y legisladores del PAN “también están esbozando un tercer tipo de contrato de licencia para los campos en aguas ultraprofundas y gas de esquisito, en los que la empresa privada controlaría el petróleo tras pagar regalías e impuestos”, y ya sabemos como se las gastan en nuestra burocracia en esta materia y el ejemplo más claro es lo que sucede en la minería, donde las empresas, principalmente canadienses, se llevan todas las ganancias saqueando los recursos del país e incluso se niegan a pagar impuestos y ya ni hablemos de compartir las utilidades con las comunidades de los territorios que sobreexplotan.
Frente a las revelaciones del diario estadounidense, Peña Nieto insiste que con su propuesta de reforma energética “el Estado mexicano mantendrá la rectoría y propiedad de los hidrocarburos”, en un vano intento de desmentirlo. Señala que su gobierno trabaja para ésta y otras reformas estructurales que el país necesita para desatar su potencial económico, cuando ya vimos como nos fue con la reforma laboral y con la educativa. Dijo que en este primer año “hemos dedicado nuestro empeño y nuestro esfuerzo a hacer los cambios estructurales para tener crecimiento económico y desarrollo social, cuando la cruda realidad es que el pueblo de México no tiene ni lo uno ni lo otro, incluso resiente rezagos en prácticamente todas las mediciones sobre el bienestar de la población que realizan organismos internacionales. No obstante, señala que “más allá del objetivo, está la oferta de lo que como candidato me comprometí, que fue elevar los niveles sociales de todos los mexicanos”, promesa totalmente trunca hasta el momento.
El presidente Peña Nieto precisó que su gobierno está resuelto a mantenerse en el mismo plan de acción para concertar las reformas que posibilite al país tener un horizonte de mayor esperanza y bienestar social para los mexicanos. “Este gobierno no se ha despegado un ápice de lo claramente comprometido”, dijo cuando la realidad es que no se ha cumplido ninguno de los compromisos suscritos con los votantes mexicanos, no sólo en materia económica y de bienestar social, sino en otros rubros importantes como el de la seguridad pública, en donde los resultados siguen siendo los mismos al mantenerse una equivocada estrategia contra los cárteles de la droga, que ahora es criticada hasta por el propio gobierno de Estados Unidos.
A su vez, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, salió a desmentir lo publicado por The Wall Street Journal, al señalar que el diseño final de los contratos propuestos por el gobierno de Enrique Peña Nieto para permitir la participación de empresas privadas en la industria petrolera está en manos del Congreso. Lozoya subrayó que “la privatización no se va a dar, eso es una mentira”. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reforzó que la propuesta del Presidente al Senado es que “el Estado mantenga la propiedad de los hidrocarburos y el control del sistema eléctrico nacional, pero que se permitan nuevas modalidades de participación, particularmente asignando más riesgo al sector privado a través de los contratos”. Agregó que la renta petrolera, las reservas y Pemex como empresa seguirán como propiedad de la nación al ciento por ciento, “pero esto no implica que no podamos tener una visión moderna y práctica de nuestro sector de hidrocarburos que implique nuevas formas de asociación con el sector privado”.
Aunque el Congreso de la Unión será el que determine la definición y alcance que tendrá la reforma energética, a partir de las distintas propuestas presentadas por los partidos y el Ejecutivo, ya sabemos como se las gastan los legisladores que responden a los intereses de sus partidos políticos y no toman en cuenta el interés nacional a la hora de votar. Por eso no hay prácticamente ningún elector que confíe en lo que harán sus representantes populares en el Palacio de San Lázaro y en el Senado de la República. En las bancadas del PRI impera la disciplina a los dictados del Ejecutivo federal, en el PRD se ha impuesto la negociación política y la aceptación de migajas, y en el PAN también impera la negociación y la aceptación de rebanadas del botín.
Los legisladores panistas, a través de su coordinador en el Senado, Jorge Luis Preciado, insisten en que la reforma energética no se negocia fuera del Congreso y advierten que si quieren que haya un nuevo marco constitucional para Pemex, el PRI tiene que respaldar la iniciativa de Acción Nacional. El legislador confirmó que el PAN insistirá en que las reformas al Artículo 27 constitucional incluyan los contratos de producción compartida, toda vez que quienes inviertan en la explotación petrolera deben arriesgar de 20 a 50 mil millones de dólares por año, y no les conviene que sólo les paguen por las utilidades. Explicó que en la iniciativa energética de Acción Nacional se plantea que haya un mercado energético con producción compartida. Es decir, explicó, que Pemex y las empresas que se contraten buscan petróleo, pero una parte del hidrocarburo que se saque va a la paraestatal y el otro a la corporación privada. Preciado subrayó que nada está acordado en materia de la reforma energética.
DE LOS PASILLOS
Un reporte elaborado en agosto de 2010 por la Unidad de Inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos revela que el gobierno de ese país ya mostraba en privado sus dudas y criticaba en informes clasificados los resultados y las “consecuencias no deseadas” que dejo tras de sí el despliegue del Ejército y la decapitación de algunas organizaciones criminales que dieron paso a “personal con menor experiencia e indisciplinado” que disparó “el repunte de asesinatos relacionados con las drogas”. A lo largo de memorándums y reportes clasificados, los servicios de inteligencia estadounidenses hacen una composición de escena de la ingobernabilidad y la “casi absoluta impunidad” con la que llegaron a operar los cárteles de la droga en la parte norte de México. Los reportes hacen alusión a los problemas de corrupción, a la penetración de las instituciones por parte de carteles, a la escalada de una violencia inaudita que expuso cuerpos decapitados, coches bomba, granadas de fragmentación en lugares como Ciudad Juárez, Chihuahua, o Matamoros, Tamaulipas.
El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrte, admitió que al cierre del año se estima un déficit de 300 mil empleos. Informó que al cierre de octubre se han creado, desde enero pasado, un millón 300 mil empleos, cifra debatible incluso con los reportes del INEGI sobre los índices del desempleo, y aceptó que la mayoría de éstos son precarios, pues la gente percibe tres salarios mínimos o menos.
La paridad peso-dólar reportó ayer movimiento volátiles y presentó cotizaciones por encima de los 13.20 pesos por dólar, tras conocerse la cifra del PIB de Estados Unidos… Por lo que toca a la inflación, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación mensual durante octubre de 0.48 por ciento, por lo que alcanzó una variación anual de 3.36 por ciento, de acuerdo con cifras del INEGI.
El Senado de la República exigió a través de un punto de acuerdo que el Ejecutivo esclarezca a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el motivo real por el que un avión mexicano fue derribado en Venezuela y posteriormente incendiado; si sus tripulantes eran o no narcotraficantes. Los senadores reclamaron la necesidad de un cabal esclarecimiento de este incidente.
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha despedido y, en su caso, ha puesto a disposición de las autoridades penales, a más de mil funcionarios corruptos, en el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto. El comisionado presidente del INM, Ardelio Vargas Fosado, indicó en el Senado que ante el endurecimiento de las leyes migratorias de Estados Unidos, se espera para el año entrante una repatriación masiva de connacionales, tomando en cuenta que en el 2012 tuvieron que regresar 360 mil paisanos.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1
