Rendición de cuentas y combate a la corrupción: ¿Asignatura pendiente?
MANUEL IBARRA SANTOS
La comparecencia al Congreso del Estado de funcionarios gubernamentales para glosar el tercer informe del Ejecutivo describe, como una realidad incuestionable, la existencia de estructuras públicas con un alto déficit en materia de valores y cultura de rendición de cuentas.
En principio, las glosas se realizan al seno de la asamblea plenaria del Poder Legislativo, el que por naturaleza constitutiva no rinde cuentas a la sociedad y es profundamente opaco en el desempeño de sus cinco tareas sustantivas: 1).-Legislativa; 2).-De representación; 3).-Político/administrativa; 4).-De Control; y 5).-Jurisdiccional.
Y habrá que destacar, entonces, que en una sociedad sin una efectiva cultura de la rendición de cuentas, la democracia no solamente resulta frágil, sino que simultáneamente con ello aumentan los riesgos de incidencia de los actos corruptivos y se reduce, por lo tanto, la posibilidad de contar con gobiernos de calidad.
Las recientes glosas gubernamentales debieron de conducir a los actores políticos a discutir y revisar además, si la sociedad dispone de estructuras e instituciones efectivas responsables de conducir los procesos de rendición de cuentas. ¡No!, es la respuesta inmediata y obvia.
Sobre este particular existen tres realidades incontrovertibles: 1).-Los entes públicos fiscalizadores en Zacatecas – como en el resto del país- operan con altos niveles de partidización, lo que anula la probabilidad de tener mecanismos eficientes de rendición de cuentas; 2).-No gozan dichos organismos de la capacidad técnica suficiente, además de que utilizan herramientas no actualizadas de la auditoria; y 3).-El ejercicio de dicha importante responsabilidad se realiza en el contexto de una serie de bases jurídico/normativas profundamente obsoletas.
La rendición de cuentas no debe limitarse-por ningún concepto- sólo al control del ciclo contable presupuestal que los gobiernos deben de llevar a cabo, sino que tendrán que ir más allá de eso, para establecer mecanismos de evaluación a efecto de medir qué tanto el uso de los recursos públicos ha incidido en el mejoramiento de los niveles de desarrollo humano y, en todo caso, definir con precisión medidas sancionadoras y de enjuiciamiento a quien incurra en actos de responsabilidad.
Específicamente la Auditoria Superior del Estado (ASE), reconocida como ente público fiscalizador, no cuenta con esa autonomía de toma de decisiones para sancionar, debido a la supeditación derivada que registra de los acuerdos de índole político/partidario, no sólo al interior de la Comisión de Vigilancia, sino también al seno de la asamblea general parlamentaria y fuera de ella.
El legislativo, un poder que no rinde cuentas:
El desfile de representantes del Ejecutivo al Congreso del Estado a glosar el tercer informe gubernamental pone de relieve una serie de agudas y preocupantes contradicciones históricas. De entrada se acude al Legislativo que es, paradójicamente, un Poder Constitucional que no rinde cuentas a la sociedad y es excesivamente opaco en el desempeño de sus tareas sustantivas.
Efectivamente, el legislativo es un poder fiscalizador, pero también fiscalizable: Sin embargo: ¿A quién rinden cuentas los diputados en lo individual y el Congreso en lo institucional?
El estatuto jurídico de los diputados en México y en Zacatecas les permite, dentro de la Ley y sus normas reglamentarias, actuar con absoluta impunidad e irresponsabilidad y no pasa nada en tanto se conduzcan con apego a la disciplina de los líderes de la partidocracia vigente y no toquen intereses de las mafias.
Por su fuera poco, en el Estado los legisladores gozan como señores feudales, todavía de los privilegios del fuero constitucional, aunque a nivel nacional éste ya fue derogado. La discrecionalidad de los gastos en el poder parlamentario a la vista de la sociedad, son en verdad escandalosos.
El Poder Legislativo no rinde cuentas a la sociedad, aunque digan lo contrario, por una serie de circunstancias: a).- Debido a que existe un marco normativo pobre que no regula con precisión el cumplimiento de obligaciones parlamentarias; y b).- En razón a que los órganos de control del Congreso son débiles y su autoridades están sometidos a acuerdos de carácter político partidario, y no legales.
Y así, por ejemplo, el ente público fiscalizador, contemplado en el Artículo 71 de la Constitución Política de Zacatecas, padece de innumerables problemas entre los que podemos destacar tres: obsolescencia jurídica; limitaciones técnicas; y un fuerte acotamiento de sus funciones legales, producto de los acuerdos de corte partidario a los que está sometido.
Un sistema nuevo de rendición de cuentas:
Contar con gobiernos de calidad demanda la eficiente cultura de la rendición de cuentas y para que esta prospere se requiere un pleno estado de derecho, no de excepción ni de impunidad.
Hoy es tiempo, quizá, de recuperar el debate sobre la integración de un Tribunal de Cuentas, idea que se presentó hace tres años, pero cuya discusión quedó inconclusa, por una razón: necesitamos en la entidad renovadas prácticas, esquemas e instituciones públicas responsables de la conducción de las políticas de rendición de cuentas.
