En la cuerda floja

LILIA ARELLANO

No sólo para gobernar, sino también para sublevarse hacen falta leyes estrictas. Un ideal fijo, habitual, es condición para toda clase de revoluciones: Gilbert Keith Chesterton

Ante la creciente oposición de los sectores productivos a lo largo y ancho del país, que día a día se van organizando para hacer frente común a una impopular cascada de nuevos impuestos, la reforma fundamental del proyecto económico político del presidente Enrique Peña Nieto, la hacendaria y fiscal, se encuentra en la cuerda floja, pese a haberse aprobado en la Cámara de Diputados, y en estos momentos se realiza en el Senado de la República una guerra de gravámenes entre las tres principales fuerzas políticas sin que se visualice el hecho irrefutable que, entre otras muchas desventajas, esa miscelánea recaudatoria no resuelve uno de los problemas más grandes del país que es la dependencia que tienen las finanzas públicas respecto de los ingresos petroleros.

Al menos 16 cámaras y asociaciones del sector privado, encabezadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), han constituido un frente común en todo el país contra la reforma hacendaria propuesta por el gobierno de Peña Nieto y modificada por la Cámara de Diputados, mientras los sectores productivos advierten de la alta pérdida de empleos el próximo año de aplicarse en los términos avalados por los diputados, así como el bloqueo de nuevas inversiones como el señalado por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Inmex) en el sentido de que 50 empresas del sector han detenido inversiones por mil 500 millones de dólares debido a la iniciativa presidencial aprobada en San Lázaro.

La reforma hacendaria que se debate en el Senado está plagada de parches y no está orientada a atender los requerimientos reales del país, sino sólo las necesidades de gasto del gobierno federal, que por otro lado se niega a transparentar el ejercicio del presupuesto federal, lo que también abona al rechazo de los sectores productivos a aportar más si desconocen a que rubros se va a dirigir el gasto público. El propio Banco Mundial señaló ayer la preocupación de que esta reforma, en esta fase, no parece resolver uno de los problemas más grandes del país, que es la dependencia de los ingresos petroleros”. Gloria Grandolini, directora del Banco Mundial para México y Colombia, consideró que el conjunto de cambios propuestos por el gobierno y las enmiendas realizadas en la Cámara de Diputados “parece ser que no disminuirán el porcentaje de la recaudación que está directamente ligada al petróleo”.

Actualmente, 35 de cada 100 pesos de los ingresos del Estado mexicano están relacionados con la explotación del petróleo, por lo que, según Joost Draisma, economista del Banco Mundial, el país enfrenta el reto de financiar un gasto público creciente, al tiempo que se abre una incógnita sobre los ingresos que podrá obtener en el futuro por la explotación del petróleo. México enfrenta presiones de gasto a futuro, particularmente para financiar pensiones y un creciente egreso en salud porque el tipo de enfermedades que aqueja a la población está cambiando; la gente vive más años y padece enfermedades más degenerativas que son más costosas de atender. Draisma dijo que por otro lado, el petróleo es una gran incógnita sobre cuánto hay, cuánto se puede producir y cuánto ingreso esperar de ello. “Lo que si sabemos es que el petróleo no dura para siempre. A lo mejor hay más que se puede explotar, pero en el tiempo se va a tener que sustituir con un ingreso básicamente  tributario para financiar las presiones de gastos”.

Por otro lado y de manera inmediata está la decidida oposición del sector empresarial a la reforma hacendaria, a la que se han sumado organizaciones de la sociedad civil y hasta organismos internacionales y educativos del país. Juan Pablo Catañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien encabeza esta resistencia, sostiene que “no es una verdadera reforma hacendaria, sino una iniciativa esencialmente recaudatoria, que pone en riesgo a los sectores económicos y de las familias en un contexto de desaceleración”. Dijo que sin cambios estructurales, la iniciativa de reforma hacendaria privilegia un modelo asistencialista, el cual arrojará choques sociales y una distorsión en la economía mexicana.

El empresario destacó que entre la sociedad y la iniciativa privada se vive un ambiente de desánimo por escasos cambios alcanzados y los nuevos impuestos, y advirtió que a lo largo y ancho del país se han generado manifestaciones sociales en contra de esta iniciativa. Y subraya que “no se descarta la idea de que para el 2014 se comiencen a generar una lluvia de amparos en distintos sectores económicos que indudablemente arrojarán un impacto negativo a la economía del país”.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), a través de su presidente, Francisco Funtanet, ha ido más allá al presentar propuestas de modificación a la reforma hacendaria aprobada por la Cámara de Diputados, con la que busca, subrayó, garantizar el impulso a la economía, la generación de empleo y el bienestar de la población. Durante las reuniones que ha sostenido el sector industrial con senadores, señaló que el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a alimentos con alto contenido calórico debe revaluarse. Dijo que la medida es desproporcionada, inequitativa y regresiva, que afecta en especial a la población más vulnerable.

Respecto a las bebidas azucaradas, Funtanet pidió ajustar el tratamiento fiscal propuesto, con el objetivo de no afectar a pequeñas empresas, y propuso realizar ajustes en temas de equidad  y proporcionalidad, así como establecer cuotas sobre contenido real de azúcar para reactivar la innovación. En relación con la deducción inmediata de inversiones, propuso ampliar el incentivo en todo tipo de inversiones,  con ello dinamizar el crecimiento económico, toda vez que en la minuta aprobada en la Cámara baja sólo se aplica este incentivo a “negocios verdes”. Explicó que la aplicación de éste significaría en el corto plazo una reducción de ingresos, pero en el largo plazo éstos se multiplicarán.

En cuanto a las prestaciones laborales, la Concamin cabildea para ampliar el margen para deducir las prestaciones a los trabajadores. Funtanet dijo que el esquema aprobado por los diputados implica encarecer la nómina en cerca de 7.0 por ciento, mientras otros especialistas afirman que se incrementaría la tasa efectiva de Impuesto Sobre la Renta entre 3.0 y 5.0 por ciento. Explicó que la eliminación de prestaciones  tendrá como consecuencia conflictos laborales, menores empleos y pérdida de competitividad del mercado laboral, además de un incremento en el precio de los bienes y servicios, como reflejo de la nueva estructura de costos de las compañías.

Por lo que toca al impacto en el sector automotriz, explicó que el monto de deducibilidad en 130 mil no permite contar con unidades seguras (bolsas de aire), y se debe reconocer la inflación durante los últimos 10 años, por lo que propone aumentar el monto deducible para apoyar el mercado interno.

DEBATE DE IMPUESTOS

Frente a toda esta oposición de los sectores productivos a la reforma hacendaria, en el Senado de la República, a la fracción parlamentaria del PRI parece tenerle sin cuidado y advierte que buscará que el paquete fiscal aprobado en San Lázaro sea avalado “en sus términos”, sin modificación alguna. Los perredistas buscan meter varios impuestos en la reforma fiscal para cubrir vacíos que se generaron en la minuta procedente de la Cámara de Diputados: “un peso más a refrescos; aumento del 5 al 8 por ciento a la comida chatarra y estamos haciendo un análisis sobre la posibilidad de establecer un IETU a los ricos”, dijo Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del Sol Azteca.

Los panistas analizan la viabilidad técnica y jurídica para meter de última hora un “impuesto de control”  a las empresas más ricas del país, presuntamente para tratar de evitar la homologación del IVA en la frontera. La propuesta que estudian es la presentada por el perredista Miguel Barbosa de imponer este IETU de control a las más de 420 empresas monopólicas  y oligopólicas del país, del orden del 5 por ciento, con lo cual se intenta equilibrar el eventual boquete tributario que quedaría si no se avanza en la homologación del  IVA en las fronteras.

Al escribir estas líneas se llevaba a cabo la reunión de los 15 integrantes de Comisión de Hacienda del Senado, para resolver la minuta de los diputados en dos o tres sesiones, a fin de que la próxima semana el Pleno de la Cámara alta determine el futuro de los impuestos a pagar por todos los mexicanos. Ahora bien, dentro de todos estos temas hay dos que parecen intocables: el destino de los fondos de los subejercicios registrados y en sí mismos la existencia de éstos que revela que no existe una necesidad apremiante de aumentar ingresos y por ende impuestos sino que, lo urgente es la optimización de ese gasto y la rendición de cuentas así como una simplificación en la liquidación tributaria que permita que los Repecos cuenten con capitales para reinvertir; nada se menciona, en el otro punto, sobre la relación de algunas modificaciones y la reforma energética y, ésta es directa ya que, como ha sido costumbre en nuestro país, las iniciativas cuentan con un mensaje muy directo y claro para el logro de objetivos que se tienen planteados y que no necesariamente son de primer orden en la jerarquía de problemas por resolver.

De no llegar a ninguna mayoría ese tan repetido caos que se augura pude vivirse en el terreno económico al haberse demostrado, una vez más, que no existen certidumbres claras ni confianza en los dictados sexenales en nuestro país, lo que también puede provocar la fuga que, por la aplicación de la Reforma, también se anuncia puede darse. O sea que ya se encuentran en el punto del cohetero: si se les prende les chiflarán y, si no, también. El país y los ciudadanos, eso… es lo que menos importa.

DE LOS PASILLOS

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución para crear el programa de Pensión Universal propuesto en la reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto. Dichos cambios, según el dictamen, pretenden robustecer la seguridad social otorgando a los mexicanos mecanismos de protección que les permitan contar con un nivel de vida digno y puedan cubrir las necesidades durante la vejez o ante la eventualidad del desempleo. La Pensión Universal apoyará con una cantidad económica mensual a los adultos mayores de 65 años a nivel nacional, que podría ir de los 580 pesos por persona  y posteriormente se podría incrementar hasta los mil 90 pesos. Para ese programa se pretenden destinar 45 millones 225 mil pesos para beneficiar a siete millones de adultos mayores que no cuenten con ninguna clase de seguridad social. ¿Para llegar de nuevo a este punto modificaron los sistemas de pensiones tanto del ISSSTE como del IMSS y crearon sus monstruosas Afores? O sea que ¿lo de hoy es el regreso a lo de ayer?

Y en el Senado se aprobó la Ley Aduanera, que busca generar mayor competencia y el uso de medios tecnológicos para vigorizar las importaciones y las exportaciones. Los legisladores avalaron incorporar mejores prácticas, además de la modernización de estos agentes económicos y una mayor inversión en infraestructura. El pleno aprobó una modificación al artículo 86, por lo que regresó el dictamen a la Cámara de Diputados para su análisis, revisión y eventual aprobación. ¿Algún día nos explicarán los legisladores el por  qué de su ceguera ante ISOSA y lo tejido en torno al contrabando, a los impuestos aduaneros, a la mercancía decomisada y a la sociedad formada por la actual señora de Fox y Gil Díaz?

La organización “El Barzón” denunció que a pesar de que el abasto de granos básicos está garantizado e incluso hay abundancia al respecto porque las lluvias ocasionadas por los fenómenos meteorológicos favorecieron las cosechas de Estados que en los últimos cinco años habían padecido sequías  y heladas, productores y consumidores no han visto una mejora en su precio porque éste es controlado por 20 grandes empresas que acaparan el acopia y comercialización. Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de El Barzón, dijo que hace falta que el estado regrese como regulador y competidor para lo cual propuso la creación de una nueva empresa mediante la fusión de Diconsa y Liconsa, a fin de que compre y acopie directamente los granos de los productores, en lugar de que lo hagan los grandes acaparadores. Aunque habrá que tener mucho cuidado de no engendrar otra maternidad para el saqueo del Raúl Salinas del presente Siglo.

El gobernador de Tabasco,  Arturo Núñez, reveló que en tan sólo una averiguación previa del proceso que enfrenta el ex mandatario Andrés Granier Melo, se detectó un desfalco por 5 mil millones de pesos. También reiteró que la crisis financiera que enfrenta la entidad se debe al quebranto que heredó la administración de la gestión de Granier Melo, que supera los 20 mil millones de pesos.

Durante septiembre y octubre, Pemex contrató deuda por mil 500 millones de dólares, como parte del Programa de Financiamiento autorizado a la paraestatal al inicio del ejercicio fiscal 2013. En el último bimestre se realizaron dos emisiones de bonos con la garantía del Export Import Bank de los Estados Unidos, para el apoyo a exportaciones a ese país. ¿Alguien sabe en donde está ese dinero, como lo han invertido, en que se ha gastado y si el endeudamiento está debidamente justificado?

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