La educación: Gran batalla de México
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
La educación es un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres, formas de actuar y, como derecho que se garantice mediante un servicio público, debe estar orientada a satisfacer las necesidades sociales. La educación guarda una estrecha relación con los valores de convivencia humana: el aprecio a la dignidad de la persona, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la pluralidad, la libertad y la paz. En este sentido, la búsqueda de la igualdad de oportunidades y el bienestar tiene su origen y fuerza en los altos niveles educativos; tanto en el plano individual, como en el arraigo de una cultura cívica común.
En consecuencia, es de vital importancia que todos puedan tener acceso a una preparación adecuada, competente y de calidad, a fin de poseer los instrumentos para poder abrirse paso en la sociedad y sortear las dificultades que ésta impone, empezando por integrarse con éxito en el mercado laboral. En otro plano, para cualquier nación, los efectos económicos negativos de una educación deficiente “son peores que los de la recesión o depresión económica que actualmente asuela al mundo”, tal como advierte la Revista Newsweek al examinar el problema de la educación a nivel global. Sin embargo, el desarrollo educativo no sólo acarrea beneficios prácticos, sino fundamentalmente uno de carácter ético: la mejora del ser humano como tal, porque sin este objetivo la educación fracasaría en su esencia constructiva y democrática.
Desgraciadamente, en nuestro país la falta de oportunidades, el rezago educativo, los altos niveles de inseguridad, el riesgo de adicciones, el aumento del desempleo y la informalidad, son algunos de los grandes obstáculos que impiden el desarrollo pleno de los jóvenes. En efecto, este sector poblacional se ha convertido en la principal víctima de las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos mexicanos durante las últimas tres décadas. Basta observar las estadísticas para corroborar tal afirmación: de los 53.3 millones de personas pobres en México que había el año pasado, 21.2 millones eran menores de 18 años de edad y 12.1% de este grupo se encontraba en situación de pobreza extrema.
En los últimos diez años 6.5 millones de adolescentes han tenido que abandonar la escuela, es decir, de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria sólo 36 finalizan el bachillerato; siendo que la principal causa de deserción escolar es la falta de recursos económicos, tal como lo indica la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 2012. México continúa en el tercer lugar entre las naciones con mayor población juvenil (15 a 29 años) que no estudia ni trabaja, con casi 7.4 millones, además que está en el primer sitio en número de desertores escolares de entre 15 y 18 años, y es el último en cuanto a expectativas de los jóvenes al terminar sus estudios de educación media superior o superior, tal como lo revela “Panorama de la educación 2013”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Hoy en día, nos encontramos ante un escenario de pobreza y grandes carencias que aquejan a la mayoría de la población, las cuales propician que una gran cantidad de niños mexicanos interrumpan sus estudios; motivo por el cual, el Estado tiene la obligación de brindar un apoyo decidido a los grupos vulnerables de la sociedad y fortalecer el conjunto de derechos sociales, comenzando por la garantía constitucional que reivindica el acceso de todos a una educación de calidad.
La generación de conocimiento es una de las grandes riquezas de cualquier país y una condición para alcanzar un desarrollo equitativo y sustentable. Tanto en México como en Zacatecas, es indispensable depurar los procesos de innovación en materia económica, educativa y de competitividad mediante el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, como señala Lorenzo Meyer, a pesar de los enormes beneficios sociales y económicos generaría una inversión bien orientada en el campo de la educación, “los intereses creados (en particular los sindicales) hacen muy difícil modificar las inercias que premian el espíritu burocrático y castigan el innovador”.
Desafortunadamente, hoy estamos padeciendo en el sistema educativo los efectos de una lógica política de carácter clientelar y corporativa que ha venido arraigándose por la falta de compromiso social del Estado en un tema prioritario. Con anterioridad, muchos especialistas han subrayado que el problema de la educación básica (sobre todo), no es tanto de recursos y cobertura como de calidad, sino de un gasto mal usado a causa de criterios políticos y clientelares.
Tristemente, en las últimas semanas hemos sido testigos de un escenario de huelgas, manifestaciones, bloqueos de accesos carreteros, ocupación de oficinas públicas y neutralización de peajes por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se han puesto en pie de guerra a raíz de la reforma educativa presentada por el Ejecutivo federal y posteriormente aprobada por el Congreso de la Unión. La CNTE argumenta que de dicha Iniciativa, con sus modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales, tienen la intención de “privatizar” la educación pública; abrir la puerta a despidos arbitrarios; imponer criterios empresariales y establecer una educación basada en “la competencia, el individualismo y la meritocracia”. Así mismo, advierten que además de lastimarse los derechos laborales de los maestros y afectarse la educación básica, esta reforma también trastoca al nivel medio superior; es decir, a todos los subsistemas centralizados y descentralizados como los Colegios de Bachilleres, los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, el Colegio Nacional de Estudios Profesionales Técnicos, los Centros de Bachillerato Tecnológico e Industrial, entre otros.
Al margen de la valoración que cada quien haga de los diversos puntos que toca la reforma y sus posibles repercusiones; previamente, debió de haberse involucrado al conjunto de maestros del país y a la sociedad en general a fin de buscar consensos en la elaboración de una reforma de tanta importancia para el país. Sin lugar a dudas, el presente y el futuro de la educación en México deben construirse a partir de una lógica donde el interés colectivo sea la prioridad: en un marco de discusión abierta e incluyente que dote de legitimidad a la orientación que tome el proceso educativo nacional.
Es evidente que si el Estado mexicano no diseña políticas públicas eficaces para resolver los rezagos de este sector prioritario, 7 millones de jóvenes se quedarían sin expectativas de futuro debido a la imposibilidad de acceder a la educación, como tampoco a un empleo bien remunerado. No obstante, el combate a este gran problema tiene que emprenderse dejando atrás los criterios impuestos por el proyecto neoliberal: el Estado no debe evadir su responsabilidad social con la educación; tiene que buscar la equidad social y la equiparación de oportunidades; modernizar y racionalizar de forma consensuada el aparato educativo y fortalecer los presupuestos para tal fin, al igual que para dar un impulso decidido al desarrollo científico y tecnológico del país.
La educación no sólo tiene un carácter utilitario sino que es parte medular de la cultura y eje de una concepción humanista de la sociedad; no mercantilista, sino forjadora de ciudadanos con espíritu crítico y agentes de transformación social. Como afirma Marco Antonio Fernández: “la economía y la democracia mexicanas no podrán salir de su mediocridad con una educación mediocre, ni de su desigualdad con una educación que ofrece menos calidad a quien menos tiene”.
