Justicia y Ley
JUAN GÓMEZ
El último episodio sucedido en Zacatecas en el que una grabación desnuda las “negociaciones” a puerta cerrada en la 60 legislatura, puso contra las cuerdas a la administración estatal y evidenció la falta de coordinación entre las distintas dependencias y por ende, la ausencia de una directriz para administrar este tipo de conflictos y darles solución jurídica, política y mediática.
La grabación subida a YouTube” y retomada por medios de comunicación tanto impresos como electrónicos locales, desató la indignación de un sector amplio de la opinión pública zacatecana, que puso de manifiesto la presunta corrupción en uno de los poderes responsables de fiscalizar y aprobar el ejercicio de las finanzas públicas.
El hecho en el que un grupo de 24 legisladores que participaron en una sesión secreta, en la que aparentemente se preparaba una estrategia para la sesión en la que se discutiría la aprobación del Presupuesto de Egresos 2013, fue publicada en las redes sociales diez meses después, para evidenciar una supuesta intromisión de funcionarios estatales en las componendas legislativas.
En este acontecimiento que le dio seguimiento la prensa local en varios frentes, tanto en el ámbito legislativo como en el de la administración pública, afloró la falta de coordinación entre las instancias involucradas.
El diario La Jornada Zacatecas publicó el 26 de septiembre la siguiente información de la reportera Alma Alejandra Tapia:
“La Secretaría de la Función Pública (SFP) no puede iniciar una investigación de oficio en contra del secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, por el presunto delito de soborno y malversación de recursos públicos, pues se le acusa de haber pagado 100 mil pesos a algunos diputados para que aprobaran el Presupuesto de Egresos 2013”.
“El titular de la dependencia, Guillermo Huizar Carranza, dijo en entrevista que la ley no le permite iniciar una investigación de oficio a algún funcionario público de Gobierno estatal; es decir, debe haber una denuncia de por medio para actuar”.
A su regreso de actividades en la ciudad de México y después de asistir al informe del gobernador de Chihuahua, César Duarte, el gobernador Miguel Alonso zanjó de inmediato el tema al señalar que sí hubiera alguna denuncia al respecto, el procurador Arturo Nahle tiene instrucciones precisas de darle seguimiento al caso del que se pudiera integrar algún tipo de delito “pero la denuncia no existe, solo posturas y señalamientos de partidos. Nos deslindamos de este caso”, dijo el mandatario.
Pero ante la insistencia de los reporteros Alonso Reyes frenó las preguntas al precisar que “el gobierno del estado ya fijó su postura, creo que hay temas más importantes que nos llaman a la unidad de todos para trabajar en el crecimiento de la entidad”.
Sin embargo, el ex procurador de Justicia del estado, Aquilés González Navarro, declaró al diario La Jornada Zacatecas lo siguiente:
“La Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) debe iniciar de oficio una investigación sobre el presunto caso de corrupción suscitado en la 60 Legislatura local, aseguró el ex procurador Aquilés González Navarro”. (http://www.ljz.mx/2013/09/28/
En la nota de referencia “Explicó que la publicación del audio en el que se desvelan estas supuestas prácticas ilegales, y que además fue difundido por algunos medios de comunicación, ya constituye una denuncia que obliga a las autoridades de Zacatecas a iniciar las averiguaciones previas correspondientes”.
En este escenario los dirigentes de los partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, Geovanna Bañuelos y Gerardo Espinoza Solis, respectivamente, declararon por separado que interpondrían una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del estado, para que se deslindaran presuntos actos de corrupción.
Ambos partidos políticos no actuaron en consecuencia.
Quienes sí lo hicieron fueron los jóvenes del movimiento YoSoy132 quienes la mañana del jueves se apersonaron en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del estado, para interponer la demanda respectiva.
Sin embargo el procurador de justicia del estado Arturo Nahle García ya se había adelantado y precisamente, inició una investigación de oficio sobre la multicitada grabación.
La denuncia de los jóvenes del movimiento YoSoy132, dijo el abogado de Zacatecas, será anexada a la que inició la procuraduría de Justicia del estado.
O sea, que el resultado de la investigación tendrá que esperar un largo período, en tanto se desmadejan los futuros acontecimientos en el seno de la 61 legislatura, en donde por cierto se aplazó la investigación que debe hacer la Auditoría Superior del Estado, entidad fiscalizadora que no goza de independencia, sino que está sujeta a las órdenes de sus superiores que son los diputados en funciones.
Pero el hecho tiene varias aristas que podrían acelerar el deterioro en su funcionamiento del poder ejecutivo, debido que los partidos de oposición podrían utilizar este recurso para presionar al gobierno y lograr ventajas en su avance en el estado.
Sin embargo nadie gana y todos pierden porque mientras no se actúe con transparencia tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo, la sociedad irá rebasando a las instituciones que irán acelerando su descrédito y debilidad.
El hecho es inédito en Zacatecas. Un legislador o legisladora graba a sus propios compañeros en una aparente componenda que está por encima de los intereses ciudadanos y sí a favor del enriquecimiento de un puñado de diputados, que no tienen empacho en beneficiarse del erario público de manera ilícita y oculta, cobijados por una figura en la que se trafica la opacidad y la corrupción.
La grabación fue un “disparo en el pie” del que nadie sale bien librado pero que evidencia también la falta de coordinación y de criterio para manejar un tema como el que nos ocupa, que tiene aristas jurídicas, políticas y mediáticas.
Mientras tanto los zacatecanos tendrán que esperar un largo tiempo, si quieren, a que se aplique la ley con equidad, transparencia y sobre todo, con justicia.
Al tiempo.
