Dictan otro auto de formal prisión contra ex gobernador de Aguascalientes
Aguascalientes, Ags.- Aunque el Poder Judicial del Estado no lo confirmó oficialmente, bajo el argumento de que primero debe ser notificado el propio interesado, se logró conocer que la Juez Primero de lo Penal, Margarita Zapata Vallejo, dictó ayer poco después del mediodía auto de formal prisión en contra del ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat al considerar que existen elementos suficientes para hacerlo por la venta irregular de predios propiedad del Gobierno del Estado.
Además, porque no se presentó a depositar en tiempo y forma la fianza que le fue fijada por 10 millones de pesos que le ordenó el Juzgado Tercero de Distrito al momento de haberle concedido la suspensión provisional pero con la condición de pagar una garantía.
El Supremo Tribunal de Justicia solamente confirmó que a la una de la tarde de ayer venció el plazo límite para que la Juez emitiera su resolución, luego que el ex gobernador Reynoso Femat compareció la semana anterior en el Juzgado Primero de lo Penal en torno al presunto delito de peculado con terrenos localizados en el fraccionamiento Morelos, ya que su término constitucional de las 72 horas se amplió a otras 72 como lo permite la ley.
Por tanto, la Juez Margarita Zapata Vallejo emitió su dictamen sobre el caso, «pero no nos es posible darles información oficial hasta en tanto no se notifique al procesado», señaló textualmente el portavoz del Poder Judicial del Estado, Luis Alberto Tavarez Medina.
El delito por el que se le acusa a Reynoso Femat es por la venta de terrenos propiedad del Estado a un precio por debajo de su valor real a la constructora Urbi en el año de 2009. Su valor era de 16 millones de pesos y resulta que el predio se vendió a 3.4 millones de pesos y a plazos.
Con base en esta resolución judicial, a partir de que sea notificado, Reynoso Femat a través de sus abogados defensores tiene apenas unos días hábiles para cubrir la multa que le fue impuesta y cubrir la fianza que tiene pendiente. En caso contrario, se hará efectiva la orden de aprehensión y, por lo tanto, podría ser aprehendido en donde se encuentre, pero esta vez sin derecho a fianza.
Cabe mencionar que el ex gobernador tiene otro proceso penal por peculado y ejercicio indebido del servicio público, al estar vinculado con la compra simulada de un tomógrafo con valor cercano a los 13 millones 800 mil pesos.
En torno a los mismos hechos también se procesa a quien fuera el secretario de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera, actualmente prófugo de la justicia, y al ex director del Instituto de Vivienda, Alberto Serna Dávila, quien enfrenta su proceso en libertad bajo caución.
En su momento, la orden de aprehensión fue girada por la Juez Margarita Zapata Vallejo por su presunta participación en la venta ilegal de terrenos al sur de la ciudad de la denominada Reserva Territorial Morelos II con superficie de casi 100 mil metros cuadrados, en un precio aproximado del 17% de su valor real y a crédito a una empresa privada que no utilizó dichos terrenos para el desarrollo de vivienda como debe ser en estos casos, sino que los destinó a actividades meramente mercantiles.
La escritura correspondiente se suscribió el 15 de mayo de 2009 y firmó como testigo de honor el entonces gobernador de la entidad, Luis Armando Reynoso Femat.
Los detenidos participaron en menor o mayor medida en la desincorporación de dichos terrenos en un contrato realmente perjudicial para el Estado y ventajoso para el particular involucrado, dedicado a los desarrollos inmobiliarios a través de su empresa Constru Urbi S.A. de C.V.
En abril de 2009 se realizó la compraventa en el precio de 3 millones 405 mil 093 pesos, pagando 1 millón 700 mil pesos a la firma del contrato y el resto un millón 705 mil 093 pesos con 50 centavos a pagarse en un plazo de 6 meses para lo que se firmó un pagaré. Esto no fue obstáculo para firmar la escritura correspondiente, constando en ella que estaba pagado en su totalidad, claro está para poder obtener los créditos para desarrollo.
Según peritos, el valor del terreno en la fecha de contratación era de 19 millones setecientos 19 mil pesos.
El resto no fue pagado en su plazo, sino hasta después de un año, condonándole todos los intereses moratorios que se habían pactado en el costo TIE más tres puntos por 2.
El Código Penal del Estado señala en su artículo 174 que el peculado consiste en la distracción que haga el servidor público, para usos propios o ajenos de dinero, valores, fincas o cualquier cosa perteneciente al Estado o a un Municipio, a un organismo descentralizado, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa, al tiempo que señala que se le aplicará de 1 a 8 años de prisión, de 25 a 300 días multa y destitución e inhabilitación de 1 a 3 años para desempeñar otro.
