Minera Frisco-Tayahua quita agua, luz y salud a 121 zacatecanos

Zacatecas, Zac.- Tras la decisión empresarial de la empresa minera Frisco-Tayahua de iniciar hace un año, el proyecto de extracción a cielo abierto en propiedades de Salaverna, comunidad de Mazapil, se inició el «destierro» de sus habitantes. Hace 20 días, la empresa propiedad de Carlos Slim les retiró los servicios de luz y agua a 121 habitantes que se han aferrado a sus tierras.

Desde la Tribuna del Congreso del Estado, el diputado fresnillense, Gustavo Muñoz Mena, denunció que ahora, esas familias «deben recurrir al uso de velas, además que no han podido refrigerar comida y batallan con el agua porque el Ayuntamiento de Mazapil no ha cumplido con enviar pipas para salvaguardar su derecho al agua potable».

Aunado a ello, el legislador informó que estos habitantes han acudido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para tramitar un contrato de luz, pero la negativa se hizo presente cuando les dijeron que no había postes y además «no era costeable».

Gustavo Muñoz recalcó que los habitantes que defienden la tierra que es suya desde hace más de cien años, «se siguen aferrando a pesar de la crueldad y el comportamiento despiadado de la empresa minera que está enviando al exilio del desierto a estos zacatecanos».

Pero ahora, estas personas se enfrentan a otro problema, ya que recibieron el aviso que a partir del 1 de noviembre se transferirán los servicios médicos a la Clínica del Nueva Salaverna, «dejando en total desamparo y abandono a los que aún viven en el Viejo Salaverna». Y es que las autoridades de los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) entregarán a la empresa de Carlos Slim, considerado el hombre más rico del mundo, el actual edificio de la clínica para su demolición.

«Tendrán que recorrer alrededor de seis kilómetros para recibir servicio médico, o bien se quedarán sin ésta atención», sentenció el legislador.

Cabe recordar que en un principio, eran más de 320 las personas a las que se pretendía reubicar a ocho kilómetros de Mazapil, «bajo un supuesto convenio celebrado voluntariamente entre ambas partes.  Yo quisiera saber si de verdad les preguntaron a los habitantes si querían ser reubicados, si estaban de acuerdo en cambiar su territorio de mil 200 hectáreas a uno de siete; si estaban de acuerdo en cambiar sus casas con gran expansión territorial para sus plantas y animales, por una casa tipo Infonavit de 200 metros cuadrados con 90 de construcción».

Gustavo Muñoz dijo que resultaba muy sospechoso el que todas las dependencias gubernamentales que tienen competencia en el asunto, «han evitado, rezagado o simplemente se han negado a ser partícipes del conflicto negando información.

«Ni siquiera la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ahora les contesta el teléfono o los correos electrónicos que mandan para solicitar información. Los habitantes interpusieron una queja y les dijeron que la iban a mandar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero tampoco han recibido información al respecto.

Por esta razón, el diputado independiente dejó en claro la responsabilidad del presidente de la CEDH, Arnulfo Joel Correa Chacón, de «vigilar y procurar la protección de los derechos humanos de toda esta comunidad, es su deber trabajar por ellos, quienes como mexicanos pagan impuestos para que él goce de un sueldo como funcionario público. No es posible que prefiera ignorarlos por atender intereses individuales», acusó.

De igual manera, dijo que la Procuraduría General de Justicia del Estado Zacatecas (PGJEZ), encabezada por Arturo Nahle García, en donde interpusieron una demanda, «no ha tenido el seguimiento debido».

El legislador fresnillense pidió a sus homólogos en el Congreso del Estado, darle importancia a lo que realmente la tiene, «es el bienestar de los que más lo merecen y más lo necesitan. Este sector ha estado desprotegido y olvidado por años y, sin embargo, siguen trabajando como si les pagaran bien, mientras nosotros recibimos un muy buen sueldo a expensas de sus impuestos», espetó.

Hizo saber a los 19, de 30 diputados, que esta vez acudieron a sesionar, que como representantes populares «tenemos la obligación de atender esta petición, seremos irresponsables al seguir permitiendo que una empresa trasgreda los derechos de nuestro propio pueblo, cuando es nuestro deber procurar el bienestar y la armonía social. Dejemos de fingir que trabajamos por los zacatecanos, cuando no estamos dando resultados».

Gustavo Muñoz dijo que «para colmo de males» hasta el clero está involucrado, ya que la capilla será también entregada a la empresa Frisco-Tayahua, que la demolerá. «Ahora su propia religión les está cerrando las puertas de su templo. Compañeros diputados, no podemos ser insensibles al grave problema que están pasando los 121 habitantes que aún viven en el Viejo Salaverna», pidió.

Por esta razón, pidió se conformara una Comisión que esté en constante vigilancia y al pendiente de que no se transgredan más los derechos de esos zacatecanos de Mazapil. «Debemos ser responsables y responder de manera
inmediata, acudamos al rescate de estos ciudadanos que están a expensas del gobierno, de los diputados, de la CEDH y de todas las demás autoridades».

Y agregó: «Qué irresponsabilidad de todos nosotros si no actuamos para darles solución a estas personas que están olvidadas por los gobernantes, por nosotros como representantes del pueblo, por los que se supone cuidan los derechos humanos, y hasta por los demás ciudadanos».

El punto de acuerdo, que el legislador pidió fuera aprobado de urgencia por la importancia del caso, fue enviado a comisiones.