Exigen diputados a Arturo Nahle deje de actuar como abogado del gobernador
Zacatecas, Zac.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), Saúl Monreal Ávila, destacó que en el segundo informe del gobernador Miguel Alonso Reyes, se afirma que hay un registro a la baja del índice delictivo, y que se contribuye a hacer de Zacatecas una entidad segura, si embargo, dudó de esas aseveraciones al afirmar que los zacatecanos «hemos sido testigos de un aumento indiscriminado de la violencia a lo largo y ancho de la entidad».
Durante la comparecencia del procurador de justicia del estado, Arturo Nahle García, dentro de la Glosa del II Informe de Gobierno, Monreal Ávila remarcó que Zacatecas ha quedado en el olvido como uno de los estados más inseguros, «de esta realidad dan cuenta las notas periodísticas a nivel nacional».
El petista dijo que ante esta realidad, resultaba inconcebible que el Servicio Médico Forense (Semefo) de Fresnillo no hubiera ya sido concluido, ya que el actual tiene un «estado deplorable». Asimismo, denunció que otro proyecto no atendido es la creación de un nuevo espacio para la Subdirección Regional de Servicios Periciales de El Mineral.
Ante de concluir su participación, dijo que era urgente el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, porque de acuerdo a los resultados publicados por Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en el 2011, en Zacatecas ocurrieron 193 mil 694 delitos, de los cuales el 88.5 por ciento no fueron denunciados, o no se inició una averiguación previa.
Por su parte, el diputado del Partido Verde Ecologista, Xerardo Ramírez pidió al procurador asumir su responsabilidad sin entrar en los ámbitos de otras áreas, por lo que le requirió dejar de actuar como secretario de Seguridad Pública y en otros casos como secretario General.
El legislador dijo reconocer la falta de capacidad de algunos miembros del gabinete, y que de ninguna manera es la función del procurador, estar corrigiendo la plana a otros funcionarios en los diversos asuntos relevantes del estado.
En este mismo sentido, el legislador perredista Juan Mendoza Maldonado, pidió al funcionario estatal abocarse estrictamente a desempeñar sus atribuciones, y dejar de asumir funciones que no le corresponden, además que le reclamó que haya sido él y el contralor interno del estado, Guillermo Huizar Carranza, quienes hayan salido a defender al gobernador Miguel Alonso Reyes, cuando se le acusó de peculado por la adquisición de propiedades.
«Usted enjuició y exoneró al gobernador en tiempo récord, pero no se olvide que Zacatecas es diverso, no hay voces únicas y no las podrá callara todas. En Zacatecas no hay intocables, así sea el propio gobernador», dijo enérgico.
En su turno, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Osvaldo Contreras Vázquez, señaló que le ha faltado una mayor intensidad a la labor del procurador Arturo Nahle, así como un mayor esfuerzo, ya que el índice de violencia en la entidad se ha incrementado junto con la actividad criminal y delictiva, lo que ha terminado por mermar no solo a la economía del estado, sino también, la credibilidad de la sociedad en el gobierno, a lo que se suma un ambiente de miedo y zozobra.
«Usted nos prometió peces gordos, y ni charales ha entregado», y sin embargo, le reprochó su defensa a ultranza del gobernador. Por lo que pidió que no judicializara la política, ni politiczara la justicia. «Usted es procurador de Zacatecas, no abogado del gobernador».
Reconoció que la entidad es una de las más inseguras por lo cual si ya tiene el Gobierno del Estado del problema, está obligado a tomar medidas urgentes para prevenir situaciones indeseables.
Reflexionó el legislador sobre el hecho de que después de las necesidades básicas, las de seguridad pública, las de procuración e impartición de justicia eficaz, pronta y expedita, son las que más preocupan a los ciudadanos, que actualmente viven bajo una constante incertidumbre y zozobra ante la amenaza a su seguridad personal y la de su patrimonio.
Finalmente, el diputado priísta José Marco Antonio Olvera Acevedo retomó la urgencia de impulsar la cultura de la legalidad, por encima de la cultura de la muerte, fomentando la práctica de la denuncia y la participación social, la exigencia a las autoridades la persecución del delito y el abatimiento de la impunidad.
