Obtiene Zacatecas segundo lugar nacional en Contraloría Social 2012
Guadalupe, Zac.- En el marco de la XLVII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Contraloría Social 2011, donde se otorgó la premiación a los participantes de la primera y segunda categoría.
El contralor interno del Gobierno del Estado, Guillermo Huizar Carranza, informó que los trabajos se analizaron en forma colegiada y el jurado calificador analizó los puntos fuertes y débiles de cada comité participante.
Cabe señalar que el jurado estuvo integrado por Aurora Virginia Parada Salomón, Contralora Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; así como Alejandro González Arreola, representante de Gestión Social y Cooperación AC; y Víctor Manuel Pérez Castro, representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Huizar Carranza comentó que Zacatecas como ganador del segundo lugar dentro de la primera categoría del concurso nacional, con el trabajo relativo a comité de obra “Pavimentación, guarniciones y banquetas, Barrio del Refugio”, del programa 3×1, en el municipio de Trancoso, se hizo acreedor a 15 mil pesos.
Guillermo Huizar señaló que este evento y principalmente este tipo de acciones fortalece y consolida a la CPCE-F, en la lucha por alcanzar sus objetivos de promover mayores niveles de eficiencia, eficacia, productividad, modernización y desarrollo de la administración, en beneficio de la sociedad.
Finalmente, el contralor interno, acompañado de sus homólogos, coincidieron que este tipo de concursos ayuda a consolidar una actitud que exalte y reconozca la cultura ética, honesta y transparente de los servidores públicos y condene con toda la fuerza de la ley a quienes se aparten de estos principios sustantivos de la función pública.
Por su parte, los premiados comentaron que todos tenían méritos suficientes para resultar ganadores, pero sin duda lo que se valoró fue la iniciativa ciudadana al organizarse, el involucramiento de los beneficiarios, la exigencia de la responsabilidad a las autoridades; así como el seguimiento a las quejas y denuncias presentadas en relación al proyecto.
