La discriminación y los lineamientos electorales
RAYMUNDO MORENO ROMERO
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2017), 1 de cada 5 mexicanas y mexicanos habría experimentado alguna clase de discriminación durante el año previo al levantamiento de dicho ejercicio, 49.3% de la población indígena consideró que sus derechos son poco o nada respetados, en tanto que hasta 8 de cada 10 personas de la diversidad sexual habrían sido agredidas o vulneradas en su dignidad durante su vida. El panorama que reflejó la Enadis dista mucho del deber ser plasmado en el Artículo 1º de la Constitución y deja de manifiesto una realidad que algunos prefieren ignorar, pero que lacera la cotidianidad de millones en este país.
En términos jurídicos, a pesar de las opiniones consultivas de Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, y de los múltiples tratados internacionales suscritos por México, al día de hoy todavía son muchas las normatividades locales que no han sido armonizadas y dificultan trámites tan elementales como el matrimonio, la sucesión testamentaria, el acceso a prestaciones de Ley, o los derecho a la salud o al libre desarrollo de la personalidad. Lamentablemente Zacatecas, a pesar de su talante progresista, destaca entre las entidades con mayor rezago legislativo en materia de derechos humanos.
En cuanto a paridad, Zacatecas y todo México han dado pasos significativos, no obstante, la eliminación de la violencia de género y la anhelada igualdad sustantiva siguen siendo pendientes que los arcaicos constructos patriarcales obstaculizan constantemente.
Afortunadamente, a pesar de los muchos retos que prevalecen en materia de igualdad, los órganos electorales tanto nacional, léase el INE, como local, el IEEZ, han dado pasos en el sentido correcto de la historia. Los recientes lineamientos en cuanto a la paridad en las elecciones de gubernaturas, y los posteriores relativos a la inclusión de personas con discapacidad, LGBTTTIQ+ y de pueblos originarios a fin de ser consideradas en la postulación para cargos de elección popular de carácter legislativo y en Ayuntamientos, son parteaguas que admiten vislumbrar un futuro donde todas las expresiones de la diversidad que integran la sociedad mexicana estén debidamente representadas.
Si bien se trata de lineamientos en ocasiones limitativos o perfectibles, son también un avance significativo en la visibilización de poblaciones históricamente vulneradas y resultado de la lucha combativa y resiliente de muchos colectivos que por décadas han alzado la voz en favor de un México y un Zacatecas para libre, justo e igualitario.
Con las actuales reglas del juego, los partidos y coaliciones tienen la oportunidad de actuar con responsabilidad y postular a ciudadanas y ciudadanos con trayectoria probada y avalados por la Sociedad Civil Organizada, es decir, que genuinamente representen a las poblaciones aludidas por la autoridad electoral. Por su parte, las organizaciones locales y nacionales que promueven y defienden los derechos humanos, igualmente deberán estar atentas al proceso electivo que en próximos días concluirá al interior de los institutos políticos, será importante que se reconozca a aquellos partidos que actúen correctamente, y que se denuncie con contundencia, tanto en términos políticos, como jurídicos, a aquellos que incurran en omisiones o simulaciones.
Estamos ante la posibilidad de inaugurar una nueva era de igualdad y de auto representación para muchas y muchos ciudadanos que por décadas han sido excluidos de la participación política. Ojalá que las dirigencias de los partidos actúen en consecuencia, de lo contrario no serán pocos los Juicios de Protección de Derechos Políticos que deban dirimirse ante los tribunales electorales. Al tiempo.