Armonizan diputados en Zacatecas, la Ley de Justicia Alternativa

La Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas está ya armonizada a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, después de que los diputados aprobaran reformar esta legislación durante el periodo extraordinario de sesiones de este jueves.

La propuesta de modificaciones fue enviada al Poder Legislativo por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Arturo Nahle García y en las comisiones legislativas se hicieron modificaciones para que la ley reformada no invada ninguna competencia federal.

Por tanto, a partir de ahora en esta ley se establece claramente que los Centros de Justicia Alternativa que dependen del Poder Judicial del estado son los encargados de aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias penales, precisando que no se afecta la regulación propia de estas herramientas ya que ésta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

Se reforma la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado

Las y los diputados reformaron la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas; modificaciones que se derivaron de una propuesta presentada por el legislador Armando Perales Gándara, quien propuso adicionar una fracción al artículo 112 de esta norma.

Con los cambios, se abre la posibilidad de realizar un procedimiento de declaración de vacancia en los predios donde haya un asentamiento humano susceptible de ser regularizado, teniendo previamente la opinión del ayuntamiento competente en la jurisdicción donde se ubique el terreno.

Asimismo, en el trabajo en comisiones, se añadió un segundo cambio relativo al artículo 114 de esta misma ley para que sean sólo las autoridades las facultadas para invocar este procedimiento, diferenciándolo así de otros procesos que pueden promover los particulares, debido a que desde el ámbito gubernamental también podrán iniciar la regularización de estos terrenos para dar certeza legal a los propietarios.

La LXIII Legislatura ratificó a Valente Cabrera como comisionado de atención a víctimas

La LXIII Legislatura ratificó a Valente Cabrera Hernández como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del estado. El pasado martes se leyó ante las y los diputados la solicitud enviada por el gobernador Alejandro Tello Cristerna para que el funcionario fuera avalado por el Pleno.

Tras el análisis del documento enviado por el Poder Ejecutivo al interior de comisiones, se determinó que Cabrera Hernández cumple con todos los requisitos necesarios para desempeñar este cargo durante los próximos tres años.

Finalmente, fue en la sesión solemne de clausura del segundo periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, donde el nuevo funcionario rindió protesta ante las y los diputados.

Legisladores autorizan la enajenación de un inmueble en Mazapil

La LXIII Legislatura autorizó este jueves al ayuntamiento de Mazapil la enajenación de un bien inmueble, en calidad de compraventa, a favor de María Silvia Flores Martínez.

En el dictamen avalado por el Pleno se especifica que el inmueble tiene una superficie de más de 183 metros cuadrados y está ubicado en la Calle Prolongación 5 de mayo en la colonia centro. Además, se refiere que los trámites para esta compraventa se iniciaron ya en el año 2017.

Se aprueba que la Secretaría de Seguridad Pública encabece el C5 y el sistema estatal de seguridad

Con el objetivo de fortalecer las estrategias en materia de seguridad y vigilancia, las y los diputados aprobaron que el secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, incluyendo el C5,  pase a depender directamente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Para ello, se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas y la Ley de Videovigilancia del estado.

Con estas modificaciones, los legisladores destacaron que se «simplificarán trámites de orden administrativo al reconocer en una cadena de mando única a la instancia de seguridad pública que, por su naturaleza jurídica y funciones, requiere y hace uso de su información».

Asimismo, en las comisiones legislativas se estableció un apartado de artículos transitorios para determinar que, una vez que las reformas entren en vigor, se tendrá un plazo de 60 días naturales para que tanto el sistema de seguridad pública como la secretaría del ramo fortalezcan las estrategias en la materia.

Esto, con el objetivo de que se aproveche el potencial humano y material con el que cuentan, se homologuen los sistemas, se agilice la identificación de las personas y vehículos y se profundice en las investigaciones».

LNY/Redacción