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El colapso de la política de género en la nueva normalidad

SARA LOVERA

Al final de la crisis por el Covid19 ¿dónde quedaremos las mujeres? La información parece catastrófica sólo considerando la pérdida de empleos y pequeños negocios; sólo confusión respecto de los derechos y programas que podrían salvarse ante la crisis económica.

Mientras, no han cesado, para quién no lo sepa, los reclamos, los análisis y las propuestas desde las mujeres, durante más de 100 días de pandemia.

Lo que preocupa es que en este régimen no aparece por ninguna parte la política de género. En el gobierno de la 4T sólo hay algunos discursos, algunos anuncios de estrategias o campañas, que no se sostienen, mientras se irrumpió el presupuesto, donde se “etiquetaron algunos recursos para programas específicos para mujeres”.

¿Saben cuál es el objetivo central del Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres? Hoy a 23 meses del triunfo electoral de la 4T, ese instituto no cumple su tarea. Está convertido en una oficina de trámite, sin programa, ni políticas. El Inmujeres es el responsable de la política de género según la ley. Pero se diría está totalmente desdibujado. Sin presencia política y sin peso en la toma de decisiones.

Además, no ha instrumentado el diálogo ni con los tres niveles de gobierno, ni con la sociedad, como es su mandato. A casi dos años de que la 4T empezó en la práctica a gobernar, el Instituto aún no puede operar el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la esencia de su existencia. Y sólo aparece como comparsa de la Secretaría de Gobernación, en una materia, la de la violencia, que, por desconocimiento del gobierno, invade el terreno de otras dependencias.

Además, no existe la posibilidad de operar instrumentos Constitucionales, legales y reglamentarios para promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país; no opera el Sistema Nacional de Igualdad  que corresponde al Inmujeres y debía presidir el Presidente de la República. Por tanto, no hay ni acciones federales, ni supervisión y ni evaluación.

Aclaro, campañas, ocurrencias o trabajo para mitigar la violencia contra las mujeres, como acciones directas, no corresponde a Inmujeres, sino a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República y, por supuesto, a todas las otras instituciones y dependencias que deben tratar con las mujeres violentadas.

En cambio, la tarea central del Gobierno de la República, a través de Inmujeres, un órgano descentralizado, con autonomía administrativa y patrimonio propios tiene que trabajar en el cambio cultural, asegurar la transversalidad de género, y hacerlo con todas las otras instituciones para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres y avanzar en lo que se conoce como empoderamiento de las mujeres. Bueno eso nadie lo está haciendo. Puede quedar totalmente en el olvido al inicio de lo que se llama ya la nueva normalidad.

Antes del Covid19 ya se veía que todo el andamiaje jurídico e institucional estaba sin dirección. El colmo es que este 8 de junio, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de las dificultades para lanzar una campaña contra la violencia contra las mujeres en casa, que habrá dos campañas. O sea, nadie más que él permite o no permite. Así le quitó a Inmujeres el papel que desempeñó 18 años antes. El otro día, en una conferencia mañanera, no puedo nombrar al Instituto, y dijo, “se encargará Nadine” en eso de las mujeres. Nadine alude al nombre de pila de la presidenta del Inmujeres, lenguaje sexista.

Importante parece es lo que vivimos, como ciudadanas mexicanas. Un triple discurso. El que invade relatos, rencillas, respuestas desde el Palacio nacional, como en relación a todas las personas mexicanas, el de la conmiseración frente a la violencia, donde no hay perspectiva de género, no programas, ni acciones efectivas, porque el Presidente considera que todos los hombres y todas las familias mexicanas son buenas.

Otro discurso adoptado por las funcionarias y algunas de estas funcionarias o legisladoras que en el pasado actuaron o militaron como feministas: un discurso adaptado al del Presidente: primero las pobres. O sea, lo que manda como mensaje es que la discriminación, la violencia y la injusticia de género, se concentra sólo en las mujeres pobres. Con ello se ha desdibujado el discurso político y de los derechos de todas las mujeres.

Y el tercer discurso está en los medios de comunicación. Donde la tarea para conducirlos a una postura más profunda, están equivocadamente alardeando, con absoluto desconocimiento en cada reclamo feminista contra la violencia, sobre hechos de violencia evidentes como la joven pateada por los policías capitalinos la semana pasada, o el video que se hizo viral de los abusos de un hombre con todo el poder del dinero y político, notario público del Estado de México. Y una tendencia peligrosa es, sin saber nada de la ley y las instituciones, sólo reclamando, en general, al gobierno.

Lo más grave es que los medios, sus voceros, locutores o periodistas repiten sólo el espanto, la conmiseración, la indignación por la violencia, sin análisis. Por ejemplo, el del futuro de las trabajadoras, emprendedoras, los casos impunes en la justicia y sus causas.

O sea, estamos ante un panorama desolador, contradictorio. Habíamos avanzado en un andamiaje legal muy trascendente; en la etiquetación de recursos para asuntos específicos, como el del embarazo adolescente o la nueva cultura institucional. En dos años nada. No hay informes, menos evaluaciones. Y todavía el Programa Nacional de Igualdad, en los pasillos de la Secretaría de Hacienda, lo que quiere decir, sin mucha ciencia, que no hay dinero para esa tarea de cambio cultural.

Y el asunto es grave porque se ha descuidado o despreciado una responsabilidad central. Que en estos tiempos de 4T es indispensable para pasar de los lloriqueos, sentimientos de angustia, desesperación, tristeza, indignación y enojo sin criterio, porque la violencia contra las mujeres va para arriba y no hay forma de deshacer el entuerto.

En mayo 26, hace 12 días, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció ante diputadas que hay descoordinación en acciones “por lo que no se ha podido dar una respuesta real a las mujeres que viven violencia”, ello en medio de la danza de las cifras, que en realidad no reflejan lo que sucede, ni lo explican, solo alarman.

El Gobierno federal, y pienso que ahí la Secretaria de Gobernación confundió al gabinete, tal vez al presidente de la República y a todos los medios, porque presentó el 8 de marzo de 2019 a la presidenta de Inmujeres, como su ayudanta en las acciones contra la violencia. Sin hablar de la desigualdad. Y esta señora nunca ha representado, ni encabezado la política de género del gobierno federal, como dice la ley de creación de Inmujeres, reformada en 2018.

Al Instituto le corresponde poner en operación los programas de transversalidad en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la administración Pública Federal; tiene que partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas; fomentar el federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la igualdad de género en los estados y municipios. La ley no habla de que Inmujeres tenga que ayudar al Sistema Nacional de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, porque ese es un programa específico, a cargo de la Secretaría de Gobernación, como debiera ser un programa específico para evitar la discriminación en el trabajo o el programa específico para fomentar la disminución de la pobreza alimentaria.

Ojalá me explique. En este gobierno ha confundido todo, por el afán de desaparecer programas, instituciones, oficina, papel de imprimir, por todos lados, ni siquiera se sabe que debía hacer el Inmujeres, el que ahora invade actividades perfectamente descritas legal y programáticamente para la Comisión Nacional de Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres Conavim.

Así, el instituto ha olvidado que su trabajo principal es cambiar la cultura machista que luego conduce a la violación de los derechos de las mujeres, a su discriminación y puede llegar a los tremendos y dolorosos datos de la violencia.

Es claro: Inmujeres no es una fiscalía ni una oficina de reparto de despensas, es y debe ser la instancia rectora de una política encaminada a disminuir la desigualdad, a capacitar a las y los servidores públicos para que aprendan a reconocer esa desigualdad y es la instancia responsable de cambiar la cultura, debía estar trabajando con todas la Secretarías de Estado, dependencias y gobiernos.

Pero además por el carácter de Inmujeres, debía estar haciendo convenios, armando caminos para la igualdad, con toda la sociedad. Pero nada, no ha conseguido echar adelante su programa; despidió a todas las personas con experiencia; se ha desprendido de las organizaciones sociales, feministas y de género; no tiene interlocución con ninguna institución y ha echado por la borda la experiencia de 18 años del Instituto. No tiene una campaña educativa, ni capacidad política para hablar con todos los sectores. Es menos que un florero y sus consejos, de mujeres independientes o militantes, incluso algunas feministas, no están cumpliendo con su trabajo. Tampoco lo hacen.

Para terminar. Los delitos contra las mujeres, es decir la violencia no tiene más explicación que la desigual condición de las mujeres frente a los hombres. En pleno siglo XXI hemos avanzado muy lentamente en ser reconocidas las mujeres como seres con derechos, inteligentes, a quienes no se debe discriminar y a quienes un estado democrático debía garantizar igualdad de trato como de oportunidades.

Sin ese prefijo, nunca podremos enfrentar la violencia contra las mujeres, cuyo datos, cifras y hechos, como diría el clásico, pese a quien le pese, no han disminuido, sólo porque hay otra narrativa gubernamental. Una que ha profundizado la conmiseración y confundido la violencia contra las mujeres, no por la desigualdad de género, sino por la pobreza, resultado del abuso del capital, la corrupción y el neoliberalismo.

La conmiseración es un sentimiento, hasta cristiano tal vez, como ahora está en boga; sirve para movilizar y activar los sentimientos de solidaridad, pero no sirve para que las mujeres reclamen, ejerzan y amplíen sus derechos políticos y sociales. Verlas conmiseradamente, sólo como víctimas, tal vez de algunos malos hombres, tiende una cortina de humo de cara a la responsabilidad del gobierno, y el cumplimiento de las leyes vigentes. Se pasa por encima a la Constitución.

Así la nueva normalidad, parece aterradora para la mitad de la población. Veremos.

saraloveralopez@gmail.com









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