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La ley y la política

JUAN GÓMEZ

El gobernador de Zacatecas interpuso el martes pasado una demanda de carácter penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la senadora de Morena, Soledad Luévano Cantú, por lo que consideró un acto de difamación en su contra. 

El episodio tiene su origen en la modificación que sufrió el Fondo Minero al desaparecer la forma de asignación a los estados, cuyos beneficios favorecían a Zacatecas en la realización de obra pública. 

El impuesto minero siempre tuvo un origen polémico, de inconformidades sobre todo por parte de la industria extractiva, que durante muchos años gozó de excepciones tributarias impositivas respecto al carácter contaminante de su producción. 

La semana pasada la senadora de Morena intensificó sus ataques en contra del mandatario estatal, al publicar en sus redes sociales que tanto el gobernador actual como su antecesor, Miguel Alonso Reyes, habrían recibido miles de millones de pesos del Fondo Minero y que “esos recursos se perdieron entre moches, desvíos y diezmos”. 

La legisladora zacatecana argumentó en su publicación que “Ahora que el dinero se usará en mejorar las escuelas están indignados porque se les acabó el negocio. Se aferran con uñas y dientes a su modelo de corrupción”. 

La publicación en la red social indignó al mandatario zacatecano que se ha propuesto que su administración trascienda con el sello de la honestidad, más allá de resultados en obra pública, social o política. 

Alejandro Tello Cristerna se ha propuesto en lo personal que su gobierno sea recordado como una administración que trabajó con eficiencia y honestidad, y por tanto, era previsible que no dejara pasar las publicaciones de la senadora. 

No es la primera vez que la controversia envuelve a la asignación de recursos provenientes del Fondo Minero, cuyo uso ha sido disputado por la federación y los gobiernos estatales. 

Basta recordar que a escasos tres meses de haber asumido el cargo en el 2016, Tello Cristerna pidió a la Secretaría de la Función Publica de su gobierno, que interpusiera una denuncia por presuntos actos de corrupción que habría cometido la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a cargo de Rolando Omar Garza Martínez en Zacatecas. 

La argumentación de los hechos radicaba en denuncias anónimas sobre presuntas presiones a los alcaldes de Fresnillo, Río Grande y Guadalupe, a los que se les condicionaba la contratación de determinados proveedores y de pagos adelantados. 

La denuncia le provocó al gobernante una relación ríspida con la entonces secretaria de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y naturalmente con el coordinador de delegados de la dependencia, Pedro de León Mojarro, hoy bajo el ojo del huracán en las investigaciones que se deslindan por presuntos actos de corrupción de la dependencia y que mantienen en cárcel preventiva a Robles Berlanga. 

En este contexto cabe apuntar que es la primera ocasión en que un gobernante zacatecano entabla una denuncia de carácter penal en contra de una legisladora, pero que será difícil que prospere como otras que se ha constituido, debido al escenario político que se vive en la actualidad y que es dominado en el ámbito federal por e Movimiento de Regeneración Nacional. 

Seguramente Tello Cristerna entabló la demanda ante la FGR para frenar la ola de ataques que ha orquestado la senadora Luévano Cantú, quien utiliza sus redes sociales para desgastar a la administración actual para ganar votos y simpatías antipriistas. 

La actual legisladora fungió como Oficial Mayor durante la administración del entonces gobernador Ricardo Monreal Ávila (1998-2004) y ha sido una fiel colaboradora del político zacatecano, en el éxito y en la desventura. 

Luévano Cantú es una política limitada en el discurso y en la acción pública, pero ha construido un discurso anticorrupción en contra del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, a quien ha denunciado ante la entonces Procuraduría General de la República y la estatal de Zacatecas, sin que haya resultados hasta el momento. 

El discurso anticorrupción de la senadora le ha dado grandes dividendos electorales que le permitieron ganar la presidencia municipal de Zacatecas en junio del 2016, pero el triunfo fue impugnado por el entonces dirigente estatal priista, Adolfo “Fito” Bonilla Gómez, por actos anticipados de campaña, lo que finalmente le arrebató la victoria a Morena en la capital en aquella ocasión. 

Soledad Luévano continuará en su estrategia de ataque al gobierno priista de Zacatecas, lo que considera redituará políticamente en la elección del 2021. 

Al tiempo.

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