Ni paridad ni presupuesto en Oaxaca
SOLEDAD JARQUÍN EDGAR
Sin duda hay mecanismos legales que hoy existen para que las renuncias de las presidentas municipales de Santiago Tamazola (PRI), San Miguel Ahuehuetitlán (PRI) y de San Juan Colorado (PRD) no terminen quitándole un lugar a las mujeres que fueron electas democráticamente en las pasadas elecciones de 2018, aunque pareciera lo contrario.
Todo lo cual depende de las instancias gubernamentales correspondientes para evitar lo que yo llamaría un fraude a la paridad de género que se consolidó constitucionalmente con las reformas al artículo 41 Constitucional en 2014 y que es producto de más de cien años de demandas de las mujeres por estar y participar en la vida política del país y que al paso de los años exigió igualdad.
En los tres casos, las renuncias de las propietarias y de sus suplentes, es considerado por los cabildos de los tres municipios como el ascenso inmediato de quien sigue en la lista de candidatos y candidatas que formaron las planillas electas en julio pasado. Lo cual, han demostrado algunos y algunas especialistas no es así.
El temor, sin duda alguna, es que las autoridades como la Secretaría General de Gobierno hagan como que aquí no pasa nada y se ejecute la decisión de los Cabildos violentando las leyes constitucionales que señalan cómo y qué se debe hacer, lo que involucra al Congreso local, donde se tendrán que poner a estudiar las diputadas y diputados para no dar paso al fraude a la paridad de género, lo cual sería muy, pero muy lamentable, pero ante todo bochornoso.
Así que todavía no es tiempo de frotarse las manos por parte de los varones que ya se ven asumiendo el poder de facto o que ilegalmente lo han asumido. No, todavía no, esto tiene que pasar por la legalidad, digo ahora que va y viene aquello de que ya se acabó la corrupción y que estamos en plena 4T ¿O no?
Hay caminos, ¿quién lo va a tomar? Esa es una pregunta que me hago ¿Las diputadas y diputados? Que tienen “mano” en la búsqueda de una solución para evitar el fraude a la paridad de género. Las ciudadanas de los tres municipios dónde las presidentas municipales electas solicitaron licencia a manera de renuncia, por razones que tienen que ver con (1) la simulación de partidos como el PRI y el PRD que las pusieron ahí para luego “obligarlas” a renunciar y que sean los hombres quienes sigan gobernando; (2) por amenazas (también de hombres) como ya señaló una de ellas, o (3) para que sea el esposo quien gobierne como se plantea en uno de los casos. Serán las organizaciones de la sociedad civil quienes se tengan que subir a esta demanda ciudadana, ahora sí como dicen, en defensa de los derechos políticos de las mujeres y ante la posibilidad de la (posible) comisión de un hecho concreto de violencia política en razón de género, que en Oaxaca ya no sabemos si existe o no.
Y es que la paridad que se plantea desde la conformación de las planillas de candidatas y candidatos que cada partido político presenta a la competencia de las presidencias municipales, contempla como una condición la alternancia entre mujeres y hombres.
Y si de lo que se trata es de que se cumpla la paridad entonces habría que hacer que la ley se ejecute a cabalidad. Y aunque es un caso distinto, por tratarse de una elección para renovar el congreso local, en 2013, Alejandra García Morlan (hoy diputada federal plurinominal del PAN), junto con su suplente, presentó un Juicio de Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, con el fin de que se diera cumplimiento al mandato de alternancia y equidad de género en la lista de candidatos plurinominales.
Como recordarán, en aquella ocasión Acción Nacional ganó por esa vía dos diputaciones, sin embargo, en la segunda posición se encontraba Antonia Natividad Díaz Jiménez, quien también por la vía del voto directo obtuvo una curul, por lo que de manera pronta se alistó para ocupar el cargo plurinominal el tercero en la lista, en este caso un varón, pero –reitero- en cumplimiento con la alternancia de género y la equidad, ella peleó en los tribunales electorales su lugar, aunque ella estuviera en tercer lugar de la lista y lo consiguió.
No lo sé a ciencia cierta, pero esta podría ser la vía para sustituir a las presidentas municipales y que el cargo, ganado por una mujer, sea ocupado por otra mujer, es decir, que la paridad se cumpla con la tercera en la lista de concejales que obtuvieron el triunfo en las urnas. ¿Será esta una idea descabellada?
Ni presupuesto ni paridad
De acuerdo con la información publicada por Página3: En Oaxaca, 3 de 4 secretarías con mujeres titulares, las que menos recursos financieros recibirán en 2019, hicimos una lista del presupuesto del Ejecutivo y lo ordenamos por montos, sin considerar los otros dos poderes ni los municipios.
En total, son 25 dependencias gubernamentales que manejan recursos públicos de mayor a menor, y sí, el presupuesto se torna raquítico, por decir lo menos, cuando se trata de instancias manejadas por mujeres.
La excepción es Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, a cargo de Adriana Aguilar, con 183 millones 492 mil 210.55 pesos, que se ubica en el lugar 13, justo a la mitad de las dependencias con mayor y menor presupuesto.
En el lugar 18, con 77 millones 288 mil 212.17 pesos, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que encabeza Yolanda Martínez López.
En Oaxaca donde el 32.2 por ciento de la población total habla alguna lengua indígena, la dependencia responsable, la Secretaría de Asuntos Indígenas, dirigida por Eufrosina Cruz Mendoza, se ubica en el lugar número 22, con 25 millones 320 mil 845.91 pesos.
En el lugar 23, le sigue la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, que encabeza, Ana Vázquez Colmenares, 17 millones 497 mil 182.97 pesos. Pese a las altas cifras de asesinatos de mujeres y otras violencias contra las mujeres, lo que anula de facto la posibilidad de emprender acciones de prevención, aunado, claro está, a los inconvenientes que ya se han planteado.
Y en el lugar 25, otra dependencia que dirigida por una mujer la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, bajo la dirección de Norma Reyes Terán, a quien solo se le destinaron siete millones 911 mil 851.61 pesos.
En suma, ni la pobreza, ni las mujeres, ni las personas indígenas ni los derechos humanos resultan prioritarios en la política gubernamental de Alejandro Murat Hinojosa, lo que se nota en los raquíticos presupuestos. Lo otro es lo que se ve y no se juzga: de 25 dependencias que componen el gabinete legal y ampliado, cuatro están bajo el mando de mujeres, 16 por ciento. La paridad en el ejecutivo brilla por su ausencia.
Así las cosas, en esta tierra donde la consigna gubernamental es que todo está en calma y no pasa nada.
