El nuevo TEPJF
PEDRO DE LEÓN MOJARRO
El primer intento de crear un Tribunal Electoral se remonta a 1987, se llamó Tribunal Electoral de lo Contencioso Electoral (TRICOEL).
Se encargaba de resolver los conflictos, derivados de los procesos electorales en el ámbito federal (Diputados, Senadores y Presidente de la República).
Sus resoluciones podían ser modificadas por los Colegios Electorales de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión que eran los únicos facultados para declarar la nulidad o certeza de alguna elección, por lo que terminaban convirtiéndose en juez y parte.
Fue en 1990 cuando se creó el ya desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE), y en paralelo, se hizo el intento de darle certeza jurídica a las elecciones creando el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), definiéndolo constitucionalmente como el órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, sin embargo aún no contaba con una naturaleza externa total.
Para 1993 el Tribunal Electoral se define constitucionalmente como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, pero para la elección presidencial la Cámara Diputados seguía siendo la encargada de calificarla.
En 1996 tras una reforma constitucional se incorpora el Tribunal Electoral en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, facultado para resolver las impugnaciones contra los resultados en las elecciones para diputados, senadores y presidente de la República.
Así nació el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dividido en una Sala Superior y cinco Salas Regionales, una por cada circunscripción electoral en que se divide nuestro país.
Finalmente en el 2014 con la última Reforma Electoral, desapareció el IFE y junto con el nacimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) se crearon dos Salas Regionales más, que entraran en funciones a partir de septiembre de 2017.
La Sala Superior del TEPJF cambiará a sus siete magistrados y su hora final es el próximo 4 de noviembre, el Senado será la el responsable de designar a los mejores donde se encuentran ya 7 ternas de aspirantes, escogidos de entre 130 que se registraron.
Las principales funciones del tribunal son, entre otras, conocer y resolver sobre las impugnaciones sobre elecciones de presidente de la República, gobernadores, jefe de gobierno del Distrito Federal, diputados federales y senadores electos por el principio de representación proporcional.
Esperemos que de verdad se constituya un Tribunal que se decida estar al margen de los intereses fácticos, mismos que aunque disminuidos, todavía persisten.
Lo deseable sería que exista una verdadera despartidización, dejando las cuotas de lado y sea verdaderamente independiente de cualquier poder.
Son las condiciones básicas para restablecer la credibilidad perdida por los magistrados salientes, que terminaron sometiéndose a interés externos, violentando flagrantemente la legalidad de la que son responsables de aplicar.
De los siete magistrados dos deberán concluir su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022, y los tres restantes el 31 de octubre de 2025, lo que deja una buena configuración en la que se quedaran magistrados con experiencia paralelamente a los que vayan ingresando en los nuevos procesos.
Como podemos ver, la historia TEPJF ha sido larga y es un elemento más de nuestra ya de por sí costosa democracia (2,657 millones destinados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016).
A nuestras deficiencias en la construcción de nuestra frágil democracia, lo único que hemos hecho, es agregar costosos aparatos institucionales, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que ahora no podemos implementar por qué no hay presupuesto.
Lamentablemente, no hemos sabido resolver con voluntad política y apego a un elemental sentido democrático, por lo que terminamos “resolviéndolo” generando más y más burocracia en árbitros, que terminan suplantando funciones que deberían ser práctica común del ejercicio de partidos y ciudadanos.
* Miembro de Unidos Podemos A.C. ZACATECAS
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