2016, año de las Alertas de Género
ARGENTINA CASANOVA
En todo 2016 se presentaron al menos 17 solicitudes de declaración de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el mismo número de estados, al menos otros 7 estados ya tienen esa declaratoria aunque cada una con un contexto en el que el juego de la política y los acuerdos tuvieron mucho que ver en su dilación u otorgamiento.
Al terminar 2016 ya está declarada la AVG en Veracruz, Estado de México, Michoacán, Morelos, Jalisco (autodeclarada), Chiapas y Nuevo León, estas dos últimas después de muchos años de solicitudes, amparos y promociones de parte de las solicitantes, detrás de las cuales hay muchos años de trabajo voluntario.
Entre las entidades que tuvieron solicitud se encuentran dos entidades de la península: Quintana Roo y Campeche, aunque en cada uno, las causas son diferentes, en el primero se debe al feminicidio y en el segundo a la violencia económica contra las indígenas.
Destaca que la organización que solicitó la AVG para el estado de Puebla es la misma que la promueve en Tlaxcala y también en Campeche, lo cual llama la atención porque se trata de una organización domiciliada en Puebla, que además no tuvo previamente acercamiento con organizaciones que vienen trabajando estos temas en otras entidades.
Una de las solicitudes que podría sorprender más, pero que es al mismo tiempo una de las más necesarias, es la del estado de Campeche. Tan sólo en 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación derivada de la falta de actuación de las autoridades ante la denuncia de violencia que vivía una joven en el municipio de Ciudad del Carmen, y que concluyó con un feminicidio.
Solo un caso así amerita una Alerta de Violencia de Género porque evidencia claramente la inacción institucional y la falta de compromiso y responsabilidad de los servidores públicos que representan al mismo tiempo la omisión del Estado mexicano.
La solicitud por violencia económica contra las indígenas, por supuesto es también un hecho cierto y que permite visibilizar las condiciones en las que viven las mujeres mayas de la zona norte del estado, pero especialmente y desde el conocimiento práctico del estado, la que viven las mujeres en Calakmul.
Aunque Yucatán aún no tiene solicitud de Alerta de Violencia de Género, sus características y problemas se parecen a los que se viven en Campeche y Quintana Roo, entidades –las 3– que se posicionan entre los primeros 5 lugares a nivel nacional de violencia sexual, un delito de género al cometerse particularmente contra las mujeres.
Una característica de esa violencia sexual es que se presenta con características de incesto, particularmente contra niñas de las comunidades mayas.
Así como en la península, en otras partes del país las distintas violencias contra las mujeres han sido visibilizadas en algunos casos por las mismas alertas, pero aún hay muchos otros temas que se han naturalizado, como el abuso y explotación de las niñas en trabajos forzados, matrimonios serviles, o casi en condiciones de explotación laboral desde temprana edad, pero también con abusos físicos y sexuales.
En muchas entidades aún está permitido el matrimonio infantil bajo el argumento de que son ellas las que lo deciden y que son “usos y costumbres”, cuando en realidad constituyen formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
Sin embargo y pese a esas Alertas, la realidad nos habla de que no se toma en serio la gravedad de la violencia contra las mujeres y las emisiones o admisión de las solicitudes, responden más bien a la presión por el Informe próximo 8vo y 9no de la CEDAW, el cual México deberá presentar a finales de este año.
Las organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas se preparan a su vez para el informe sombra, en el que el tema de los recursos, su uso, transparencia y eficiencia podría ser una de las preocupaciones por la opacidad que ha prevalecido en su ejercicio.
Alrededor de las Alertas de Violencia de Género hay no solo las solicitudes, sino la urgencia de realizar modificaciones a la propia Ley y a su Reglamento, para que deje de ser botín político como se demostró en 2016 que puede ser, porque aún la vida de las mujeres no es un tema prioritario sino tangencial, frente a una realidad de emergencia y urgencia que amerita acciones y respuestas inmediatas.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
