Niñez desprotegida

JUAN GÓMEZ

La semana pasada proliferó en las redes sociales un video en el que se aprecia una agresión a una niña de aproximadamente trece años, lo que ha sido uno de los temas de mayor comentarios mediáticos y en el ciberespacio, situación que es investigada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La agresión que sufrió la estudiante del Colegio de Bachilleres colocó nuevamente al estado de Zacatecas en el escenario nacional de los casos de mayor indignación y reprobación social, sin que las autoridades educativas o gubernamentales pongan en acción, no solo medidas de atención inmediata a la víctima y sus familias, sino políticas públicas en la defensa y protección de la niñez zacatecana.

Lejos de atender la problemática de la violencia infantil en el sistema estatal educativo, las autoridades del sector han optado por “lamentar” los acontecimientos y en el mejor de los casos, prometer el inicio de una “investigación”.

No se trata simplistamente de afirmar que el gobierno estatal tiene la culpa de los altos índices de violencia escolar, de consumo de drogas lícitas e ilícitas entre menores; de embarazos prematuros en adolescentes o de la participación de menores de edad en las bandas del crimen organizado, sino pedirle estructurar un plan de acción de políticas públicas tendentes a proteger el desarrollo integral de los niños zacatecanos.

Cuando escuchamos las estadísticas de la violencia infantil en nuestro país pasamos del asombro social a la preocupación, pero en muchas ocasiones la información solo se queda en los discursos anuales de determinados organismos autónomos o dependencias del sector salud o educativo, pero difícilmente surgen programas de acción inmediata que permitan controlar y erradicar este tipo de fenómenos.

Por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el año pasado lo siguiente:

“En México 60 por ciento de los niños entre uno a 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con estadísticas gubernamentales, en la mayoría de los casos son los propios padres quienes vulneran la integridad física y emocional de los menores”.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dio a conocer en su informe anual 2013 que “México ha logrado un avance significativo para asegurar que todas las niñas y los niños tengan acceso a la educación, pero de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2010, había más de 6 millones de niñas y niños entre 3 y 17 años que se encontraban fuera de la escuela. Es significativo que el 48% de éstos estuvieran en edad preescolar y el 36% en edad de cursar la educación media superior, ambos niveles obligatorios de acuerdo a la legislación mexicana. La tasa neta de escolarización para el ciclo escolar 2012-2013 era de 70.7% para preescolar, en educación primaria, 82.4 en educación secundaria y 52.9 en educación superior”.

En Zacatecas las autoridades educativas lejos de atender con atingencia la problemática de maltrato infantil que incluso se da en algunas aulas del sector educativo estatal, se oculta la información a la opinión pública y por tanto, se evita sancionar al docente responsable de la acción por distintas razones, pero prevalece en la mayoría de los casos, evitar el “escándalo” y lesionar la relación política con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Sin embargo cuando algunos casos trascienden a los medios de comunicación la Secretaría de Educación solo informa, en algunos casos, de la separación del grupo de los docentes inculpados para realizar una investigación, pero no se formaliza ante otra autoridad competente como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), alguna denuncia de hechos para deslindar responsabilidades por la vía jurídica.

Tampoco se da a conocer el tipo de tratamiento o asesoría sicológica que recibirá el menor y su familia, ante una agresión o maltrato infantil.

Otra información que trascendió a nivel nacional fue la de las niñas de la Telesecundaria 1 de la comunidad de El Saladillo, del municipio de Pánfilo Natera, y que por la naturaleza del caso, ameritó el año pasado una recomendación al gobierno del estado de Zacatecas (cifrada con el número 165) por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El portal Gala TV de Zacatecas informó el pasado 11 de febrero que “son seis las recomendaciones hechas con carácter de públicas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se pide reparar el daño de las víctimas con atención psicológica, se impartan cursos de capacitación obligatorias para prevención e identificación del abuso infantil en todos los planteles de educación básica del estado, instruir a quien imparta dichos cursos, establecer una unidad de atención al abuso y maltrato en centros de atención básica, se colabore con la CNDH para el seguimiento de la denuncia de hechos y se colabore para promover una queja ante la Contraloría interna del estado de Zacatecas, en virtud de las consideraciones para la recomendación, no obstante esto no se ha cumplido a más de cien días de los eventos señalados”.

El pasado jueves 22 de mayo el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes a través de un boletín de prensa “hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a conformar una cruzada a favor de los valores para prevenir la violencia, delincuencia y, en general, situaciones negativas entre la niñez y juventud zacatecana”.

En el comunicado 1075 se establece que “Los invito a todos a que seamos parte de la gran cruzada a favor de los valores en Zacatecas, en México, y que eso nos distinga; es importante que hagamos un gran pacto, una gran alianza estudiantes, maestros, directivos, instituciones gubernamentales y padres de familia para trabajar en este esfuerzo”.

Es válido el exhorto que hace el mandatario a la cruzada a favor de los valores, pero la invitación corre el inminente riesgo de quedarse únicamente en una buena intención. Sería conveniente que se diera a conocer una serie de políticas públicas a favor de la niñez y de los jóvenes zacatecanos, así como las acciones para quien o quienes no respeten los derechos de los niños, sean o no funcionarios públicos, maestros o ciudadanos en general.

Al tiempo.

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