Candidato del PRI a alcaldía de Río Grande involucrado en fraude frijolero: Fernando Galván

Fernando Galván

Zacatecas, Zac.- El diputado local Fernando Galván Martínez reveló que «de un momento a otro» la Procuraduría General de la República (PGR), podría girar una orden de aprehensión en contra del candidato a la alcaldía de Río Grande, Constantino Castañeda Muñoz, por el fraude cometido por distintas organizaciones frijoleras por más de 126 millones de pesos, entre las que destaca la Integradora de Frijoleros del Norte, que encabeza el ahora priísta.

Desde la Tribuna del Congreso del Estado, Galván Martínez recordó que el pasado 13 de junio salió a la luz la investigación que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizara a la Cuenta Pública 2011 de la Federación, en la que se detectó que 14 organizaciones de productores de maíz y frijol incurrieron en irregularidades entre las que destacan documentos probatorios falsos, alterados y desvío de recursos, por ello la Auditoría mandó 15 denuncias a la PGR, para fincar responsabilidades penales contra quien resulte responsable.

Fernando Galván detalló que la dependencia Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), órgano desconcentrado de la Sagarpa entregó recursos a productores y comercializadores de frijol para pagar los costos de almacenaje y flete terrestre con el fin de sacar del mercado los excedentes de producto temporalmente con el objetivo de equilibrar la oferta y demanda, y así evitar la caída en los precios de los granos.

Sin embargo, no se lograron los fines para los que se otorgaron estos recursos, por la irresponsabilidad de líderes que cometieron fraude que para el caso de Zacatecas está tipificado en el Código Penal Artículo 339.

«Es lamentable que organizaciones existentes en nuestro estado se encuentren involucradas en este escándalo nacional y más lamentable que entre los integrantes de esas, se encuentre un candidato por el PRI, que aspira a gobernar uno de los municipios más importantes en el Estado, Río Grande».

Resulta inaceptable permitir que un Instituto Político, en este caso el PRI postule candidatos con historial presuntamente delictivo, un personaje con tales características debería abandonar sus aspiraciones políticas por respeto al partido que lo postuló y sobre todo por respeto a la ciudadanía; pues de demostrarse la presunta responsabilidad de Constantino Castañeda en este megafraude frijolero investigado por la Auditoría, queda prácticamente inhabilitado para desempeñar cualquier cargo de representación popular pues de un momento a otro la PGR podría ejercer acción penal en su contra, y el PRI se quedaría sin candidato ya que una vez sujeto a proceso judicial incumple lo normado en los artículos 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevén que para que un mexicano pueda ejercer un derecho político debe tener un modo honesto de vivir, norma que se opone a la conducta de Constantino.

Hago un llamado desde la tribuna más alta del Estado para que el actual candidato del PRI por Río Grande Constantino Castañeda Muñoz, enfrente a la justicia.

Primero que le aclare a las organizaciones de productores frijoleros que representa qué uso le dio a los recursos que le otorgó ASERCA y posteriormente explique a la sociedad riograndense porqué razones la Auditoría Superior de la Federación y la PGR le imputan el fraude a su organización; asimismo exhorto respetuosamente al Partido Revolucionario Institucional que postuló a este personaje para la presidencia de Río Grande, reconsidere su decisión por salud propia de ese Instituto Político y tomen en cuenta a los auténticos priístas, gente honesta y valiosa por sus principios.

Y finalmente a mis paisanos riograndenses que reflexionen pues de ganar la Presidencia (que dudamos mucho pues según las últimas encuestas lo ubican en un segundo lugar y otras lo mandan hasta el tercer lugar) una persona que hoy está siendo investigada por fraude, podría enfrentar un proceso amparado pero muy costoso que se pagaría con el dinero del Municipio… recuerden que la Auditoria Superior de la Federación es el órgano máximo fiscalizador del país, emana del poder legislativo de las dos cámaras y ellos son quien lo determinan en base a la citada revisión.

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