2013: una oportunidad para recomponer el rumbo hacia la equidad social
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
Ahora que concluyó el año, en México atravesamos por una crítica y compleja situación en México, la cual ha sido generada en buena medida por persistencia de una política económica basada en mantener los equilibrios macroeconómicos, pero acentuando la concentración de la riqueza y expandiendo la pobreza. Basta ver las cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) que indican cómo 13.3 millones de jóvenes viven en pobreza extrema.
Por supuesto, tal condición ha traído como consecuencia la desintegración del tejido social, dejando en evidencia la ausencia de políticas públicas adecuadas y de mayor alcance en rubros como el combate a la pobreza, la inseguridad, la creación de empleos, la alimentación y la salud. Como advierte el coordinador de la especialización de Desarrollo Social de la división de estudios de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, Mario Luis Fuentes Alcalá: “somos una sociedad profundamente desprotegida, con un andamiaje institucional poco articulado que ha provocado la muerte anual de 30 mil jóvenes y niños, tres millones de menores sin acceso a la escuela, 2.7 millones de niños que se ven obligados a trabajar, 70 mil muertes por diabetes, así como una pandemia de enfermedades mentales y problemas de conducta que se expresan en violencia, homicidios y suicidios, todo ello reflejo de la enorme fractura social en el país”.
Si bien la pobreza no es la causa de la delincuencia presente en la nación, ésta sí contribuye de manera determinante a incrementarla. La marcada desestructuración social que padecemos se refleja en la debilidad de nuestro aparato económico para redistribuir la riqueza. Sumado a ello, la fallida estrategia de seguridad emprendida durante el sexenio presidencial anterior provocó que los grupos del crimen organizado se reprodujeran y expandieran sus espacios de acción en la mayoría de los estados del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha informado que el número de homicidios registrados en el país durante el año 2011, arrojaron un saldo negativo al aumentar a 27,199; es decir, 24 casos por cada 100,000 habitantes. Mientras que en el 2010 la proporción de homicidios fue de 23 por cada 100,000 habitantes.
Basta ver que al comienzo de la administración calderonista, en México operaban siete agrupaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas: Sinaloa, Juárez, Tijuana, Golfo, Colima, Milenio y Oaxaca. En 2007, autoridades de Estados Unidos informaron que tenían registro de 30 cárteles; no obstante, la Procuraduría General de la República negó estas cifras al aseverar que sólo eran siete y 130 pequeñas células. Hace poco más de un año, el titular del ejecutivo federal aseguró que solamente existían 11 grupos delictivos; pero ahora, tras la captura de algunos capos, los reacomodos internos en las asociaciones criminales y la lucha por los territorios, surgieron nuevas ramas y se han extendido en todos los rincones del país. Los más de 70 mil muertos durante el sexenio federal anterior, confirman que desde el inicio de esta estrategia fallida emprendida unilateralmente desde Los Pinos, las autoridades federales quedaron rebasadas frente a un enemigo que no conocían y que no supieron enfrentar: “la embestida del presidente no fue diseñada con base en un diagnóstico detallado. Todo indica que fue resultado de un conjunto de factores circunstanciales: una crisis regional, un éxito en el corto plazo y un contexto político adverso. La inconsistencia en el discurso oficial, en el que a lo largo de los años se citaron objetivos vagos, cambiantes, incluso contradictorios, confirma que la guerra fue producto de una decisión precipitada”.
A pesar de que en México hemos avanzado jurídicamente en el reconocimiento de los derechos humanos, no lo hemos logrado en su observancia. Motivo por el cual, es urgente y prioritario procurar el respeto de todos los integrantes de nuestra sociedad, en especial, para los indígenas, los migrantes, las personas con discapacidad y las mujeres.
Por supuesto, la pobreza y desigualdad son lastres históricos, ya que a lo largo del tiempo distintos gobiernos han aplicado políticas dirigidas a erradicarlo, pero éstas no han dado buenos resultados por su carácter marcadamente asistencialista. Indudablemente, requerimos de mayor transparencia, eficiencia y eficacia en el diseño y aplicación de las políticas gubernamentales; pero esto no es suficiente, porque no resuelve la desigualdad social provocada por una estructura socio-económica injusta y excluyente que sin lugar a dudas hay que trastocar para hacerla más equitativa.
En este sentido, las estrategias para el desarrollo local constituyen un proceso de crecimiento económico y cambio estructural a partir del uso de las potencialidades existentes en un territorio, paralelamente a la búsqueda de una articulación económica de los estados y las regiones con el fin de revertir el desequilibrio de los factores económicos, sociales, culturales, ambientales de nuestra sociedad. En función de este objetivo, la participación ciudadana es fundamental para poder establecer una dinámica económica opuesta a la que prevalece.
Finalmente, ante la descomposición social y las crisis económicas producto de la especulación, de la concentración desmedida de la riqueza y la exclusión de las mayorías; recuperar la esencia de la convivencia colectiva: su sentido ético. De lo contrario, si no lo logramos, acumularemos más problemas, carencias y la violencia seguirá en aumento en los años venideros. Sin embargo, este 2013 nos ofrece una oportunidad para recomponer el rumbo del país.
