Repensar la ciudad

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ *

A un mes de iniciar el tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, parece pertinente poner sobre la mesa aquellos temas que deben conformar una agenda legislativa para el cierre de los trabajos.

La LX Legislatura se ha caracterizado por un tímido incremento de la productividad y la transparencia, todavía limitado por las burocracias partidistas, la falta de confianza y la altura de miras para hacer reformas de fondo en diversos temas.

Para dar un salto cualitativo es necesario, por un lado, planear un presupuesto que desde la austeridad le permita a Zacatecas enfrentar el ambiente recesivo de la economía global (evitando por supuesto cualquier aumento al gasto corriente del Poder Legislativo) y concertar una agenda de acuerdos que nos permita instalarnos con dignidad en la memoria histórica.

Hemos hablado ya de la necesaria Reforma Electoral que reduzca el costo de nuestra vida democrática, estimule la participación y la organización ciudadana y someta a los partidos al escrutinio ciudadano como entes de interés público que son, con candidaturas independientes, elecciones concurrentes y la ratificación por parte del Legislativo de aquellos temas que deben trascender a la voluntad unilateral del Ejecutivo, como el Plan Estatal del Desarrollo.

Pero la coyuntura de la elección local del 2013 también nos debe invitar a repensar nuestro esquema agotado de gobiernos locales.

El desastre urbano es una realidad en la inmensa mayoría de las metrópolis mexicanas y en el caso de Zacatecas el descuido de algunos temas es ya preocupante.

No es casualidad que la mayoría de los municipios compartan un diagnóstico de quiebra financiera, gobiernos sometidos al chantaje de los cabildos, ineficiencia en el otorgamiento de servicios públicos (limpia, drenaje, alumbrado público), gasto corriente desbordado y policías infiltradas por el crimen organizado.

Creer que esa realidad cambiará con una simple sustitución de alcaldes es un acto de ingenuidad que la clase política zacatecana no puede volver a cometer, y por ello, la reforma municipal se asoma como necesaria para ser discutida justo antes de que la mayoría de los diputados locales antepongan sus aspiraciones personales a las necesidades de nuestros municipios.

Hay una coincidencia en la reducción del número de regidores pero no está claro que con menos integrantes en los cabildos se faciliten los acuerdos y se frene el saqueo que éstos encabezan.

Los regidores deben de volver a su naturaleza, siendo un cargo prácticamente en términos de retribución económica y sumamente poderoso siempre y cuando actúe de forma colegiada.

La pulverización del poder edilicio nos ha traído a una realidad donde el Presidente se queda con la mayor tajada de la corrupción (incluyendo el famoso diezmo de las obras públicas) y satisface la ambición de los integrantes del cabildo con canonjías personales y recursos públicos supuestamente dirigidos a gestión social que son ejercidos con opacidad (repitiendo el esquema de corrupción de los diputados locales).

El resultado de ese formato de gobierno ha sido la perdida del único espacio naturalmente parlamentario que el poder público mexicano diseñó y la imposibilidad de discutir los grandes asuntos de la ciudad (servicios públicos, ordenamiento territorial, regeneración urbana). A cambio, se discuten pequeñeces en función de interés individuales.

Por eso, además de reducir el número de regidores, hay que generar obligaciones en materia de transparencia claramente establecidas a nivel municipal y generar un esquema de rendición de cuentas, que puede partir desde la propia elección del cabildo. Elegir una parte de los regidores de acuerdo a sus áreas de representación (como una especie de mini-distritos) y sin involucrar a los partidos políticos en su postulación, podría ser un buen comienzo.

Asimismo, la figura del Síndico tiene que transformarse en la de un administrador de la ciudad que pueda ser re-electo. Más que la re-elección de alcaldes, los municipios necesitan continuidad operativa y administrativa; una defensa de la vocación y las prioridades municipales que no esté sujeta a los tiempos políticos.

Si tuviéramos esta figura fortalecida, sería imposible que un alcalde (que actualmente es patrón del Síndico) desatendiera obligaciones fundamentales como el pago del Seguro Social o las necesidades de alumbrado público, para pagar obras faraónicas e incrementar el gasto en nómina.

De la misma manera, la planeación de infraestructura debe democratizarse y el Programa Municipal de Obra debe adquirir el carácter de participativo con lo que podría darse, en el mediano plazo, un más eficiente uso de los recursos y, sobre todo, una recuperación importante de los espacios públicos, hoy sumamente deteriorados en municipios como Fresnillo y Guadalupe.

Esta recuperación de espacios públicos debe de acompañarse por lineamientos legales que prioricen el uso de formas alternativas de transporte (además de un mejor transporte público, promover la bicicleta y habilitar las ciudades para quienes caminan). El principio es sencillo: las ciudades deben de servir a las personas y no a los automóviles.

En la Legislatura hay propuestas en la materia que recogen la mayoría de estas y es buen momento de retomarlas para trazar un programa de reconquista del espacio público y de ordenamiento administrativo que nos permita darle viabilidad a nuestros municipios.

Solo así, Zacatecas puede aspirar a la mayoría de edad que permita nuestro desarrollo. Solo con mejores ciudades, podemos aspirar a mejores ciudadanos.

*Diputado local

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