La violencia se combate abatiendo pobreza
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
Hoy en día, el tráfico de drogas y la inseguridad se ha convertido en un reto transnacional imposible de abordar única y exclusivamente a partir de políticas nacionales, sobre todo, teniendo en cuenta los limitados recursos y la debilidad institucional de muchos países, en particular, los de América Latina. Así lo muestran los resultados adversos que ha traído el combate exclusivamente militar contra las drogas: los países de la región (sobre todo México) han observado un notable y acelerado incremento del consumo de estupefacientes, según lo revela el Informe Mundial sobre Drogas 2010 de la Agencia de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).
Dadas las condiciones imperantes, se hace patente que cualquier cambio en la política contra las drogas necesita de la colaboración decidida del primer país consumidor del mundo: Estados Unidos, cuya “guerra contra las drogas” tiene “consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo”, tal como lo señala el último informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD), donde además concluye que “cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después de que el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas, se necesitan urgentes reformas en las políticas nacionales y mundiales de control de drogas”.
Es evidente que la inseguridad y el combate al crimen organizado ya no puede abordarse desde el esquema tradicional que distinguía entre países productores, de tránsito y consumidores, debido a que las políticas prohibicionistas y la mano dura no han resuelto este flagelo. Francisco Thoumi, experto en materia de seguridad y narcotráfico y coordinador del mencionado Informe de la ONU, afirma que muchas de las políticas prohibicionistas han contribuido al fortalecimiento de la criminalidad y han traído como consecuencia que los cárteles mantengan sus guerras motivados por las enormes ganancias que produce el narcotráfico. En el mismo tenor, la Secretaria General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la colombiana María Emma Mejía, también considera que la guerra contra las drogas ha fracasado y que se necesitan “nuevas ideas” a nivel global para afrontar un problema que “requiere más que una guerra para solucionarse”, al mismo tiempo de advertir que es necesaria “una decisión de política mundial” para adoptar un nuevo enfoque al problema.
Las propuestas que se han venido planteando, sintetizan el debate que desde hace años explora alternativas para hacer frente a una amenaza transnacional y multidimensional; entre ellas, destacan la sustitución del esquema que criminaliza y castiga a los consumidores, mediante el cambio de estrategias hacia una orientación abordando el problema del consumo de drogas como un asunto de salud pública, de seguridad humana y con pleno respeto a los derechos humanos.
Estas conclusiones deben ser el punto de partida para evitar un nuevo fracaso que nos mantenga en México, inmersos durante años bajo los efectos nocivos de la “guerra” contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal. El riesgo de proseguir la dinámica actual en el país, donde el Estado se ha fragmentado y los grupos del crimen organizado han venido ocupando esos vacíos de poder a partir de su gran capacidad corruptora, radica en que el conjunto de instituciones del Estado en todos los órdenes de gobierno, queden más debilitadas, al punto de que tengan que en un futuro no muy lejano tengan que enfrentarse a organizaciones criminales con mejores medios y una mayor capacidad económica, bélica y logística.
Hasta ahora, en el marco de la estrategia de seguridad panista, la actividad de los grupos delincuenciales y el combate contra ellos por parte de los gobiernos en todos sus niveles, lejos de traer resultados positivos ha desgastado a las instituciones y debilitado al Estado de Derecho. Prueba de ello, tenemos los altos niveles de impunidad que prevalecen en nuestro país, como ejemplo de ello, podemos mencionar que a pesar de las miles de muertes violentas registradas en el contexto de la guerra en contra del narcotráfico; la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha iniciado 997 averiguaciones previas por este tipo de homicidios, ha consignado a 343 personas y ha obtenido únicamente 22 condenas en contra de los responsables, según concluye el más reciente informe de Human Rights Watch (2011) .
Los datos anteriores muestran con claridad, los graves niveles que han alcanzado la impunidad y la falta de competencia para investigar y perseguir los delitos por parte de las instituciones de procuración de justicia del país, lo que explica que la violencia continúe a la alza, además de evidenciar la incapacidad del Estado para ejercer de manera legal y legítima el monopolio de la violencia.
Desafortunadamente, bajo la actual estrategia de seguridad los indicadores no han mejorado sino que han empeorado, además que la impunidad permanece y se ha desatendido prácticamente por completo el establecimiento de una política preventiva integral. A la fecha, los grupos del crimen organizado se han fortalecido, ha aumentado el consumo de drogas y la incidencia de los delitos contra la salud (pero también los del fuero común), lo mismo que la corrupción al interior de las corporaciones policiacas, a la par de que se ha creado un mercado interno de consumo. También hemos observado un desplazamiento y la expansión interna de algunos cárteles que han diversificado sus negocios ilegales, tales como el tráfico de órganos, armas, trata de personas, secuestros y extorsiones.
Esta situación le ha representado al país un enorme costo social: al vivir en la marginalidad y no contar oportunidades de educación y empleo, miles de jóvenes están siendo empujados a las filas del crimen organizado. Desgraciadamente, ellos son quienes en mayor medida han puesto la sangre de los más de 60 mil asesinados en el país durante los últimos 5 años. Para darnos una idea más clara de la descomposición en materia de seguridad que estamos viviendo, basta echar un vistazo al estudio “Barómetro de conflictos 2010”, realizado por la Universidad de Heidelberg de Alemania, el cual asegura que la violencia en México se compara con las de países como Irak, Somalia o Sudán donde “la fuerza bruta se utiliza constantemente, de una forma organizada y sistemática”.
Por lo que toca a las muertes violentas, tan sólo en el periodo que comprende del año 2006 al 2011, experimentamos un incremento abrumador del 600%; si se comparan los resultados del primero con el quinto año de gobierno federal actual, se trata de la mayor pérdida de vidas humanas que históricamente haya tenido lugar en el país dentro del contexto de una política dirigida por el Estado en contra del crimen organizado. Además, cabe mencionar que este derramamiento de sangre ha dejado más de 40 mil huérfanos en México. En cuanto a las personas “desaparecidas”, hasta noviembre de 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que le habían sido reportadas como “desaparecidas” 16 mil 782 personas, algunas de ellas clasificadas como “extraviadas” y otras como “fallecidas no identificadas” (Crónica, 29/11/2011). El caso de los migrantes “secuestrados” es similar: tan sólo en 2010 se estimaron en 20 mil, de acuerdo con el presidente de dicha Comisión (Diario Reforma, 07/01/2011).
Por supuesto, esta nueva dimensión del problema de las drogas y el crimen organizado exige revisar las políticas aplicadas hasta ahora, porque es evidente que existe un reconocimiento generalizado de que la “guerra” contra el narcotráfico no puede tener éxito a partir de la estrategia actual. De entrada, la alternativa a seguir para combatir al crimen, tiene que construirse concertadamente entre todos los sectores sociales y el conjunto de poderes públicos.
Tenemos que partir de eliminar los márgenes escandalosos de corrupción política y cortar las vías de financiamiento del dinero sucio, así como fortalecer, actualizar y modernizar al Estado y reformular la estructura existente del Poder Judicial. Es preciso también, que la ciudadanía recupere los espacios públicos y que el Estado genere oportunidades de educación, salud, alimentación y empleo para los jóvenes y establezca estrategias de prevención del delito, sobre todo, en las zonas de alta marginalidad. De igual forma, tenemos que encarar el problema de las adicciones de manera preventiva y no sólo correctiva; desde la lógica de la salud pública como una política de Estado.
No podemos desestimar el hecho de que en el mundo, la democracia se ha venido erosionando por los efectos de la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en aquellos países donde se ha prolongado la participación del ejército en funciones propias de la policía. Por esta razón, un servidor ha venido insistiendo en que la militarización del país no es la solución a la violencia e inseguridad; no podemos poner en riesgo las garantías individuales, los derechos humanos y, en última instancia, al propio sistema democrático.
La coyuntura política que vivimos en el país, nos obliga a rectificar y entender a profundidad y en toda su amplitud este flagelo; como una actividad económica ilícita de raíz global, pero con causas de carácter social propias de México. Indudablemente, la inseguridad y el crimen deben ser encarados de forma integral, como un asunto de seguridad humana y no limitado a un enfoque de seguridad pública como concepción meramente policiaca y de coerción.
