Protección y garantía a la libertad de expresión

MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS *

Las Diputadas y Diputados de las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo de Zacatecas ratificamos nuestro compromiso con el reconocimiento, respeto, protección y garantía de los derechos a la información  y libertades de expresión e imprenta; asimismo, confirmamos nuestro compromiso con la comunidad de periodistas del estado , mediante actos concretos, firmes, legales y apegados estrictamente al ámbito de nuestra competencia legal, con la aprobación  de la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General de la República.

Los Diputados Georgina Ramírez Rivera, del Partido Acción Nacional; Jorge Luis García Vera, del Partido Nueva Alianza; Roberto Luévano Ruiz y Benjamín Medrano Quezada, del Revolucionario Institucional; Luis Gerardo Romo Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática, y su servidora Ma. de la Luz Domínguez Campos de Movimiento Ciudadano, que integramos la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales expresamos mediante la dictaminacion positiva de esta reforma constitucional en clara muestra de nuestro compromiso por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de los Mexicanos y particularmente de los periodistas, comunicadores y trabadores de los medios de comunicación de nuestro Estado de Zacatecas y en general del país.

Asimismo debo expresar que igualmente comparte este compromiso los Diputados y Diputada del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México.

Los derechos a la información  y libertades de expresión e imprenta corresponde su ejercicio a todos los mexicanos, pero particularmente son los periodistas y comunicadores quienes los ejercen de manera cotidiana en el ejercicio diario de su actividad laboral, por lo tanto su promoción, respeto, protección y garantía corresponde realizarla no solo a un diputado o fracción partidista; sino a la totalidad de este Poder Legislativo y en general a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Por lo tanto, todos los Diputados y Diputadas integrantes de esta Legislatura y  representantes de la sociedad y de todos los Partidos Políticos, manifiestan su compromiso con los periodistas Zacatecanos.

Traigo a la memoria el pensamiento de Francisco Zargo, a la hora de elevar a rango constitucional la libertad de prensa:

“No hay acaso regla más segura para conocer la ilustración y el liberalismo de un gobierno, que la de las disposiciones que dicta en materia de imprenta.  “Si no teme el examen de sus actos: si desea sinceramente el bien público: si en vez de impedir la discusión, él mismo la provoca y la escucha, puede asegurarse con evidencia que no son sus tendencias las del despotismo. Si por el contrario se afana por sofocar el pensamiento, poniendo trabajas a la circulación de los periódicos, persiguiendo a los escritores, exigiendo fianzas, imponiendo multas, estableciendo la censura previa, no puede ya caber la menor duda de que aspira a un dominio tiránico y a una obediencia ciega”.

La memoria histórica nos remite a la defensa de los postulados de nuestra Constitución y de los próceres que lograron plasmarla como uno de los derechos fundamentales.

De ahí parte para hacer un exhorto a todas las fracciones parlamentarias representadas en esta 60 Legislatura, para que profundicemos en el análisis de la trascendencia que tiene el proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conocida en como “Delitos contra periodistas”, enviada por la Cámara de Diputados el 15 de noviembre de 2011 al Senado de la República, y aprobada el pasado 13 de marzo de 2012, y que hoy, como integrantes del Constituyente Permanente, nos corresponde abordar y resolver.

La iniciativa tiene por objeto generar un mecanismo de excepción, por el cual se faculte a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión, con objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos y dar pleno cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el reconocimiento y protección de tales derechos.

El dictamen a la Minuta Proyecto de Decreto, propone aprobar mediante reforma al artículo 73 constitucional, facultar a las autoridades federales para que puedan atraer e investigar los delitos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas, o cualquier persona, en el que se adviertan atentados contra la libertad de expresión o imprenta.

Dotar de esta facultad de atracción a las autoridades federales, tiene entre sus objetivos, enfrentar el problema que surge cuando existen elementos suficientes que presupongan la necesidad de que sea la Federación la encargada de investigar, perseguir y sancionar algún delito que sea de competencia de las entidades federativas, para lo cual deberá desarrollarse el mecanismo y los supuestos para su procedencia en la legislación secundaria.

Consideramos que con esta iniciativa damos una respuesta contundente y efectiva al reclamo social, relativo a evitar y sancionar los atentados contra el derecho a la libertad de expresión.

La reforma al Artículo 73 en su Fracción XXI, dice:

“Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”.

Además en sus transitorios establece que el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del Decreto. Y señala que las autoridades federales podrán ejercer la facultad de atracción a que se refiere el Decreto, después de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria, que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

Cabe recordar que ya existe una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y los Periodistas, FEADCLE de la Procuraduría General de la República (PGR), que a la fecha, no sabemos el resultado de sus acciones.

Esperamos que con la Reforma constitucional, con la que se crea un mecanismo de excepción que faculta a las instituciones federales, concretamente a la PGR, para atraer las investigaciones relativas a agresiones a periodistas, comunicadores e instalaciones de medios de comunicación, aun cuando se traten de delitos del fuero común.

Consideramos que esta iniciativa va contra quienes violenten esta garantía y accionar los mecanismos contra aquellos que atenten contra la Libertad de Expresión, y por eso mi exhorto a que lo probemos por unanimidad en esta 60 Legislatura.

Como integrantes del Constituyente Permanente, debemos nuestro voto a favor al párrafo adicionado y que ahora deberá ser aprobado por las dos terceras partes de las legislaturas locales.

Puede asegurarse que constituir al Estado Mexicano en su conjunto, en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza trascienden en el ámbito de las entidades, es un avance muy grande y se da respuesta a la exigencia de periodistas y defensores civiles de los derechos humanos, quienes se encuentran en el peor momento de su vida profesional; no sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de Derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad. Afectar la libertad de expresión, es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país.

La violencia contra los periodistas se ha intensificado en México y tiende a agravarse, lo más lamentable es que estas violaciones han quedado casi en su totalidad impunes, sin aclararse, lo que representa una ofensa para el ejercicio de la libertad de expresión y evidentemente para el Estado de Derecho. Nunca antes en la historia de nuestro país se habían cometido tantos crímenes contra periodistas en un sexenio.

En los considerándos de la iniciativa se argumenta con declaraciones de Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, quien afirmó en agosto de 2010, que la impunidad es el mayor problema al que se enfrentan los periodistas. Asimismo, señaló que lo que más preocupa a la CIDH es “pedir al Estado que cumpla su deber de proteger a los periodistas” y que “implemente mecanismos previos de protección”.

Es de todos conocidos que nuestro país ocupa el primer lugar como el más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo, después de Iraq tras la ocupación de Estados Unidos en 2003.

Nos sumamos a ese imperativo y por eso votaremos a favor de la iniciativa, para proteger la actividad esencial que realizan en beneficio de la vida pública del país, en especial en los casos en que los profesionales de la información cubren situaciones de alto riesgo.

Demos este paso como los que ya se han dados para reformar la Constitución en materia de derechos humanos (publicadas el 10 de junio de 2011) que incorporaron los tratados internacionales a nuestro derecho interno, y que obligan al Estado mexicano a darles cabal cumplimiento.

Y es por ello que la intención de la presente reforma es incorporar expresamente en nuestro derecho, figuras sustantivas y adjetivas que regulen la coordinación entre los tres niveles de gobierno para efecto de que sus autoridades actúen debidamente para proteger a los habitantes del país, cuando ocurran atentados contra la libertad de expresión.

La libre manifestación de ideas, en todas sus posibilidades y alternativas, permite que las sociedades avancen en la construcción de diálogo, y de una opinión que respete la pluralidad de ideas, que a su vez, permita el desarrollo de una cultura política y participativa necesaria en la consolidación de un Estado Democrático de Derecho. Así, la libertad de expresión es un indicador del nivel de consolidación de la democracia en un país y un fiel reflejo del ejercicio de otros derechos fundamentales.

La violación a la libertad de expresión de quienes ejercen esta función, representa una afectación a la sociedad en su conjunto.

Libertad de expresión, es parte del concepto de derechos humanos, y el otorgar competencia para la Federación evitará que estos queden impunes y garantizará imparcialidad, lo que repercute directamente en mejorar la procuración y administración de la justicia para las víctimas y sus familiares.

Finalmente, tenemos presente que el Constituyente Permanente justificó la actuación de las autoridades federales respecto de los delitos normalmente considerados del fuero común ante la presencia de delitos conexos, o sea, de hechos relacionados con delitos del orden federal y local, principio de conexidad que ya se encuentra establecido para delito diverso, y que con la presente reforma se ampliará en materia de atentados contra la libertad de expresión y otros supuestos.

Concluyo con Francisco Zarco: “No estamos por cauciones, ni mucho menos por censura previa. Muy justo es que se castigue al que delinca; pero poner trabas al pensamiento sólo porque se puede delinquir, es acabar con toda libertad. Nada hay en el mundo que no debiera estar sujeto a la misma regla, si ella fuera admisible”.

* Diputada de Movimiento Ciudadano

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