Urge regular esquemas de financiamiento: Tomás Torres

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México, DF.- El senador Tomás Torres Mercado propuso modificar las Leyes General de Deuda Pública y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de contar con un marco jurídico que regule los esquemas de financiamiento, mejore la contabilidad y planeación del sector público para dar certeza a inversionistas privados e instituciones bancarias que participen en el desarrollo de los proyectos.

La iniciativa del senador Torres Mercado plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 16 de la Ley General de Deuda Pública y un último párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“Los esquemas de financiamiento para la construcción de infraestructura se registran como gasto corriente, obligando a las entidades y dependencias contratantes a dar prioridad a las obligaciones derivadas de los mismos. Lo anterior compromete las finanzas públicas en el largo plazo y debilita el gasto, en un contexto marcado un bajo nivel de recaudación”, explicó el senador por Zacatecas.

Tomás Torres detalló que en la actualidad los Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), conocidos como Proyectos de Infraestructura de largo Plazo, no son considerados como financiamiento crediticio e integrados a la cuantificación de la deuda pública, aún cuando generan obligaciones presupuestales para el sector público.

“El problema es bastante serio si consideramos que la inversión financiada por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante el mecanismo de PIDIREGAS hasta el 2007 es de 1.7 billones de pesos, a lo que hay que sumar 617.2 mil millones por concepto de intereses que deberán cubrirse en un horizonte que concluye en el 2045”, comentó.

Serán considerados como financiamiento crediticio e integrados a la cuantificación de la deuda pública los compromisos financieros derivados de cualquier esquema por el que se establezca una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y privado, que involucren la provisión total o parcial de infraestructura por parte de este último y generen obligaciones presupuestales para el pago de intereses y pagos corrientes futuros.

La iniciativa se remitió a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

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