El apoyo a los jóvenes, antídoto contra la violencia

Desafortunadamente, comenzamos esta semana con la noticia de que seis policías municipales y tres civiles fueron asesinados la madrugada de este domingo, a manos de un presunto comando armado en la comunidad La Ameca, Valparaíso. Estos homicidios son parte de los 49 que se registraron, entre el sábado y el domingo, en ocho estados de la república; hechos que tendrían vínculos con el crimen organizado.

Justamente, hace un par de días, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través del «Estudio global de homicidios 2010», informó que México y Centroamérica son algunas de las regiones más peligrosas del mundo, además señala que “ser joven” es un peligro en los países donde el narcotráfico tiene gran influencia. También señala que en los países que cuentan con  bajos ingresos, una desigualdad marcada y que padecen el flagelo de la delincuencia organizada, especialmente narcotráfico, ser hombre joven constituye el mayor riesgo de ser asesinado, destacó dicho informe.

Por otra parte, con cifras relativas al año 2010, se revela también que en nuestro país se registran casi 20 homicidios por cada 100 mil habitantes y que “cuando hay una escalada en la confrontación con las autoridades o con grupos rivales, la presencia de gavillas del crimen organizado puede provocar un crecimiento en la violencia y los homicidios”. En particular, en México resulta preocupante la combinación de factores entre los que destacan la gran  presencia de armas de fuego provenientes de Estados Unidos, la crisis económica y una alta proporción de habitantes jóvenes, factores que conjuntamente producen una cantidad importante de asesinatos y hechos violentos. Prueba de ello, la tasa de homicidios en México aumentó en un 65% entre 2005 y 2010, según detalla el mencionado informe elaborado por expertos de la Oficina de la ONU sobre Drogas y Crimen (UNOCD); el cual, atribuye tal incremento, al ataque directo de las fuerzas de seguridad del Estado sobre los cárteles de la droga.

Así mismo, Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dio a conocer recientemente que mil 400 niños han sido asesinados durante la guerra contra el narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón; aunado a ello, ha generado múltiples trastornos sicológicos a miles de niños “abandonados” por el Estado. La situación se agrava para los 37 millones de niños que viven en México, es decir, casi el 37% del total de la población;  porque 20 millones padecen situación de pobreza y según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 83% de los niños mexicanos, tienen algún tipo de carencia: “en esta lógica se puede ver lo poco que hace el Estado mexicano con la infancia. Sólo destina menos de uno por ciento del PIB para proteger a los menores y permitir que cambie su situación. El Estado no ha sido capaz de garantizar el derecho de los niños a la vida”, advirtió Juan Martín Pérez García.

“Esa es la situación de miles de niños en las zonas rurales y urbanas. No están siendo atendidos”, afirma el psicólogo Rodolfo Salazar Gil quien es creador de un programa de atención a menores víctimas de la violencia, denominado Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Así mismo, Salazar Gil es categórico al sentenciar que “a los niños y niñas de México les están quitando la infancia y los espacios para jugar. Esta guerra mete en su imaginario la violencia, el odio, la venganza, el rencor; y les desplaza la belleza y el disfrute de la vida, la solidaridad. Es el mundo al que han entrado a vivir, lamentablemente”.

Ante esta crítica situación, en el PRD entendemos que el problema de la inseguridad y el empoderamiento de los grupos criminales, es de carácter estructural que requiere de soluciones integrales; tiene que resolverse comenzando por disminuir el espacio para la corrupción y la impunidad, a partir del fortalecimiento de las instituciones democráticas. Como he venido insistiendo, necesitamos comenzar por abatir la desigualdad y resquebrajar la estructura socioeconómica tan desigual y ofensiva que tenemos en México; así mismo, fortalecer nuestros niveles educativos como una manera efectiva de combate a la corrupción. Para tener una sociedad viable, segura y con futuro, necesitamos abrir oportunidades para los jóvenes y procurar que los niños crezcan en un entorno adecuado y seguro; la exclusión social solo genera violencia.

La formación de mejores ciudadanos, de individuos que tengan la oportunidad de desarrollarse integralmente; con seguridad y acceso a la educación, al empleo, a la salud, a la recreación y a los bienes culturales, podrá generar una conciencia cívica como antídoto ante la degradación social. Sin duda, la militarización del país no es la solución a la violencia e inseguridad, el socavamiento de las garantías individuales, los derechos humanos y del propio sistema democrático, nos emplaza a replantear la errónea  estrategia federal y rectificar. Resulta evidente, que con la “guerra” fallida del gobierno federal, simplemente coercitiva; como una mera cuestión de jueces, militares y policías, es muy probable que no se solucione de fondo el problema de la violencia.

La alternativa contra la violencia generalizada, debe construirse a partir del desarrollo social con equidad, en  la asignación de recursos presupuestales en ámbitos estratégicos: en infraestructura, educación, políticas preventivas, en el fortalecimiento de la base productiva nacional para generar empleos; como una manera efectiva de poner alto a la expansión de las actividades ilícitas y a su carga de dolor.

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