PRD: No al fast track al aprobar ley de seguridad y reforma laboral

Dolores Padierna Luna, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática, junto con Jorge Eduardo Hiriartt Estrada, presidente del PRD y miembros del Comité Ejecutivo Estatal, se pronunciaron en contra de las propuestas de iniciativas de ley en torno a la Seguridad Nacional y Laboral, impulsada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), toda vez que pretenden anular derechos, conquistas históricas, menoscabo de los derechos humanos y la violación de la propia constitución.
En conferencia de prensa, flanqueada por integrantes de las expresiones internas del PRD así como de ex presidentes del partido, diputados locales, dirigentes de los comités municipales de Guadalupe, Fresnillo, Calera entre otros, Padierna Luna explicó que la agenda política nacional tiene como asunto toral el impedir la probación de la ley Seguridad Nacional en tanto facultaría, dijo, “al Ejecutivo de manera unilateral decretar un estado de sitio en México, estado de excepción que sólo es posible en las dictaduras militares, lanzando al ejercito a las calles para suprimir así todas las garantías individuales y derechos humanos de los mexicanos” .
Indicó que con dicha reforma se violentaría el necesario equilibrio de poderes que debe ponderar en el Estado mexicano, en tanto que se “facultaría al Ejercito a intervenir llamadas telefónicas, allanar moradas, requerir información a particulares, suspender garantías individuales”, por ello lanzó el exhortó a la sociedad civil y fuerzas democráticas de izquierda en el estado y del país a una movilización ciudadana para impedir la aprobación de dicha reforma.
La dirigente nacional explicó que el dictamen, actualmente en revisión, viola el reglamento interno de la Cámara de Diputados, en que el PRI y PAN pretenden que dicho documento sea votado solamente por los integrantes de la comisión de Seguridad, “excluyendo a las otras cuatro comisiones involucradas: Defensa, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación, por tanto la Junta de Coordinación Política no tiene capacidad de excluirlas”.
Dolores Padierna indicó que el dictamen mella la relación entre seguridad e instituciones ya que desaparece la transparencia, vulnera las libertades -al establecer mecanismos de excepción que no cumplen los supuestos constitucionales- y criminaliza las protestas y movilizaciones sociales que limitan, y marcan un retroceso al viejo sistema tutelado por el PRI.
Refirió que en su visita a Zacatecas con el PRD estatal, con carácter eminentemente institucional se dieron a conocer los acuerdos alcanzados por la Comisión Política Nacional del Sol Azteca en torno a la iniciativa de Reforma Laboral presentada por el PRI pero confabulada por Acción Nacional, tiene visos de generar mucha mayor pobreza, exclusión y problemas sociales en el país, además de procesar pluralmente los acuerdos internos del Sol Azteca en la entidad referentes a su ruta critica.
Advirtió que de consumarse la llamada ley Lozano, representaría un grave retroceso a los derechos laborales, porque «es evidente la confabulación del PRI y de los dirigentes de las centrales sindicales con el sector empresarial, con el objetivo de menoscabar legalmente derechos fundamentales como el de la estabilidad en el empleo, salario remunerador, condiciones de trabajo dignas, seguridad social y el de libertad sindical y al nulo otorgamiento de prestaciones laborales”.
En ese tenor, refirió que en Zacatecas la problemática laboral es delicada toda vez que el 69 por ciento de los trabajadores en el estado carece de prestaciones laborales, convocó a las organizaciones sindicales, a la clase trabajadora en su conjunto, a organismos de derechos humanos y a la sociedad en general a sumarse y no permitir que se consume esta «contra reforma laboral» que generaría «una grave afectación a los derechos de los trabajadores mexicanos y que violenta en todos sus términos el 123 constitucional”.
Dolores Padierna, externó que junto con dichas iniciativas, se aprobó esta semana la reforma política que permite la postulación de candidaturas ciudadanas, al reconocer que marcan precedente en los avances democráticos del país, al tiempo que calificó como una trampa toda vez que dicha enmienda tendría que pasar por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) o ser aprobada al menos por 17 congresos locales para su acreditación y posible operación rumbo a los comicios federales de 2012.
Asimismo, la secretaria general del PRD estimó como vulnerable y restrictiva las reformas a las consultas ciudadanas para que la ciudadanía pueda subir propuestas de ley a las cámaras legislativas en el país, en tanto se requieren de hasta dos millones de firmas para su análisis, y enfatizó que está reforma así como la política son demandas históricas que el PRD ha vertido para su aprobación y análisis, sostuvo.

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