La sombra del 68 acecha a San Lázaro

Hace un par de días, las bancadas de PRD y PT en la Cámara de Diputados denunciaron que hoy lunes se prepara un albazo, a fin de aprobar de forma acelerada en las pocas sesiones que restan al periodo ordinario, reformas a la Ley de Seguridad Nacional.
La semana pasada los grupos parlamentarios del PAN y el PRI emitieron un proyecto de dictamen en la Cámara de Diputados para reformar dicha Ley, cuya característica fundamental radica en la facultad que se otorga al Presidente para solicitar la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos de carácter político, electoral y social cuando lo considere una amenaza a la seguridad interior. Lo preocupante es que la minuta de Ley de Seguridad Nacional procedente del Senado atenta contra las garantías individuales, el derecho a la libre asociación y tránsito de las personas en el país.
Dentro de sus atribuciones para preservar la tranquilidad nacional, y mediante la colaboración que ejercen en tareas de seguridad pública, el Ejército y la Armada, podrían intervenir sin que sea necesaria la declaratoria de estado de excepción establecida en el artículo 29 de la Constitución. Esta reforma también brinda atribuciones a militares, marina y CISEN para realizar tareas de espionaje.
La Ley sitúa en la misma clasificación al crimen organizado y a los movimientos de carácter político, social y electoral. Permite además que el Ejército revise las pertenencias de los particulares en las calles y que para requerirles información utilice “cualquier herramienta que resulte necesaria” y prevé que informantes anónimos del ejército puedan usar “cualquier método de recolección de información”.
Cabe recordar que al inicio de su sexenio, el Presidente Calderón decidió sacar a las calles a las fuerzas armadas y, desde entonces, éstas han incurrido en una serie de violaciones a derechos humanos; han disparado y matado a civiles sólo porque no se detuvieron en retenes.
Lorenzo Córdova Vianello, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos advierte que en los últimos cuatro años México ha vivido una “situación excepcional de facto” que se pretende remediar mediante una reforma a la Ley de Seguridad Nacional “para cubrir lo que ya se hizo”.
De aprobarse estas reformas, los mexicanos estaríamos a un paso de un régimen autoritario con rasgos dictatoriales, ya que le daría al Ejército un «poder casi absoluto», solo equiparable al que se presentaría en el caso de que nuestro país estuviera bajo el estado de excepción, caso en el que la intervención castrense no requiere autorización del Congreso de la Unión. Encima de ello, se podrían enviar tropas a conflictos en el extranjero y el Presidente tendría la oportunidad de hacer una interpretación discrecional de «los tiempos de paz».
Sin duda, la militarización del país no es la solución a la violencia e inseguridad. Lejos de encaminarnos hacia la militarización y poner en riesgo las garantías individuales, los derechos humanos y al propio sistema democrático, ahora es tiempo de reflexionar sobre la errónea  estrategia federal y rectificar.
Resulta evidente, que con la “guerra” fallida del gobierno federal, simplemente coercitiva; como una mera cuestión de jueces, militares y policías, es muy probable que no se solucione de fondo el problema de la inseguridad. Estamos llegando al punto de pagar un costo tan excesivo en vidas humanas, seguridad, deterioro institucional y daños económicos que existe el peligro de convertirse un lastre casi irreversible.
La alternativa debe construirse a partir del desarrollo social con equidad, en  la asignación de recursos presupuestales en ámbitos estratégicos: en infraestructura, educación, políticas preventivas y en  la creación de empleos poner alto a la expansión de las actividades ilícitas.
“La orientación tradicional de la seguridad nacional y del monopolio del Estado en el ejercicio de la fuerza permitió la preservación del mismo, pero también justificó la existencia de regímenes autoritarios que invocaban la doctrina de seguridad nacional para conservar la seguridad de las élites por encima de la seguridad de la población. Bajo el discurso de la preservación de la paz social, se ejerció la fuerza del Estado contra la oposición política, y posteriormente, al término de la Guerra Fría, el objeto de amenazas se desplazó al terrorismo y al narcotráfico.
Ha quedado demostrado que el concepto de seguridad nacional no se puede reducir a la guerra contra el crimen organizado. La discusión debe avanzar hacia una visión transversal de la misma para la construcción de la seguridad humana, la cual tiene relación directa con la legitimidad del Estado que debe emanar del reconocimiento de la sociedad a sus gobernantes a partir de una decisión democrática”, nos advertía con gran atingencia y lucidez hace unas semanas Alejandro Encinas.
Finalmente, la izquierda y las fuerzas progresistas y demócratas del país, de ninguna manera pueden permitir que se apruebe una legislación que a todas luces vulnera el régimen constitucional de garantías y que con el pretexto de dar mayores instrumentos al gobierno federal para seguir adelante con su deficiente estrategia de seguridad, siente las bases para un Estado militar y reviva las peores tentaciones autoritarias y dictatoriales, que amenacen seriamente a nuestro sistema político. 

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