Contra la reforma laboral del PRI

La iniciativa de reforma laboral presentada el pasado 10 de marzo por los diputados del PRI es muy similar a la que, por su parte, presentaron el 18 de marzo de 2010 los diputados del PAN. Ambas propuestas tienen en común su orientación antisocial, lo cual queda claramente de manifiesto en la flexibilización del despido y la contratación. En el caso de la propuesta del PRI, se elaboró con la complacencia del sector empresarial y del gobierno federal porque la intención de fondo de este partido es congraciarse con las cúpulas económicas del país y tener su apoyo en los próximos procesos electorales, dado que el PAN no ha podido sacar adelante sus  reformas neoliberales.

Sin duda, esta reforma es regresiva y atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores y refuerza el control corporativo que ejerce el gobierno sobre las organizaciones obreras; contraviene los principios del derecho mexicano del trabajo basados en la estabilidad en el empleo, el salario suficiente, el derecho de huelga, de contratación colectiva y la libertad sindical. Además anula cualquier beneficio y prestación con el despido injustificado; y va dirigida en contra de la libertad sindical consagrada en el Artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo porque impide a los sindicatos gremiales como los del sector aeronáutico y universitario afiliar a los trabajadores y a otras empresas o instituciones.
Esta reforma se puede incluir en la serie de acciones orientadas a socavar las grandes conquistas sociales y los derechos de los trabajadores, entre las que podemos mencionar la cancelación del derecho de seguridad social que en el 2007 promovió el gobierno de Felipe Calderón, con la reforma a la ley del ISSSTE y múltiples reformas a la Ley del IMSS; que se impusieron con el supuesto de mejorar el servicio médico, las prestaciones y el sistema de retiro, cuando en realidad sucedió lo contrario: se perjudicó a los derechohabientes y, curiosamente, y trajo grandes beneficios a banqueros, Afores y funcionarios en la privatización de los servicios.
Otro de los problemas que generará, en caso de aprobarse esta reforma priísta, es que acelerará el crecimiento de las empresas intermediarias (outsourcing), debido a que esta iniciativa al igual que la que presentó el PAN hace más de un año, legitima jurídicamente la práctica anti-laboral de subcontratación.  En ello coinciden plenamente el PRI-PAN en relación con el outsourcing  y responde a su interés de establecer un nuevo marco legal en materia del trabajo que permita al gran capital mejores condiciones de rentabilidad, mano de obra barata y sumisión laboral en México. Cabe recordar, como lo advierte el investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Matteo Dean, en 2004 alrededor del 8% del empleo nacional se ofrecía bajo esa modalidad, cinco años después el crecimiento de ese fenómeno fue de 95%. En la actualidad se estima que 40% de asalariados están bajo alguna de esas formas de subcontratación. Por supuesto, el Partido de la Revolución Democrática rechaza la legitimación de las irregularidades que ya operan en la vida cotidiana, como son: la contratación “a prueba”; el pago por hora, la limitación a seis meses de los salarios caídos, las limitaciones al derecho de huelga, la no reinstalación a trabajadores con antigüedad menor a tres años y también, el ya mencionado  outsourcing, irregularidades que el PAN incluyó en su propuesta de “reforma” laboral y ahora lo hace el PRI con la propia.
El año pasado el PRD presentó una Propuesta de Reforma Laboral en la que se puso énfasis en lograr un cambio de las actuales reglas del juego en el escenario laboral; que ha dejado en manos de las cúpulas sindicales subordinadas al gobierno federal la posibilidad de poner un freno al creciente poder del gran capital. Con los amplios márgenes de intervención gubernamental en los conflictos obrero-patronales e intersindicales, los intereses de los trabajadores continuarán siendo excluidos a la hora de tomar decisiones fundamentales, como las que atentan y presionan a la depresión de los salarios, ofrecida como una ventaja comparativa artificial.
Finalmente, vale la pena destacar que esta reforma representa una traición a la clase trabajadora y una agresión a los fundamentos constitucionales que el pueblo de México ha conseguido con gran sacrificio a través de su historia.

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