La reforma laboral

Hace unos días el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo para, entre otras cosas, introducir nuevas causales de despido, limitar a un año el máximo de salarios caídos que deba pagar el patrón en caso de ser sentenciado por despido injustificado y establece medidas para reducir la duración de los juicios laborales.
Esta iniciativa es el resultado de un trabajo coordinado por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón y, por lo tanto, tiene respaldo de varias bancadas, incluyendo la panista.
El argumento que está detrás de esta iniciativa es que nuestro país necesita mejorar su competitividad y para ello debe flexibilizar su marco jurídico laboral a fin de obligar a los trabajadores a ser más productivos. Además al ser menos costoso el despido de los trabajadores, se incrementaría el número de empresas dispuestas a regularizar su planta laboral.
Todas las fuerzas políticas coincidimos en que nuestro país tiene que ser más competitivo. La legislación laboral ha permitido que algunos sindicatos actúen como verdaderas mafias, los juicios laborales en ocasiones han originado la quiebra de empresas y la destrucción de empleos cuando los patrones no pueden enfrentar los pagos multimillonarios de algunas sentencias.
El problema es que la iniciativa no plantea ningún cambio de fondo en el modelo laboral mexicano. Es cierto que los países más competitivos del mundo tienen legislaciones que permiten al patrón despedir con toda facilidad y a un costo muy bajo a los trabajadores que no funcionan o que ya no necesitan. Sin embargo en esos países existen seguros de desempleo que permiten sobrevivir al trabajador mientras encuentra otro trabajo.
En México no existe seguro de desempleo y la iniciativa no lo propone. Este país tiene que decidir entre los modelos existentes en el mundo: o mantenemos un sistema de despido costoso y legislación laboral rígida como el que tenemos, pero sin seguro de desempleo, o abaratamos y facilitamos el despido, pero al mismo tiempo construimos el seguro de desempleo que nos garantice que los trabajadores podrán sobrevivir mientras encuentran otra ocupación.
El problema es que la iniciativa del PRI únicamente habla de abaratar el despido pero sin siquiera mencionar la otra parte de la ecuación, que es la construcción de una verdadera red de seguridad social que proteja a los desempleados.
El otro elemento que el PRI no menciona es la necesaria reforma para democratizar a las organizaciones sindicales, transparentar sus finanzas, permitir la libre afiliación y establecer una verdadera política pública que impida que las empresas amenacen con despidos a los trabajadores que buscan organizarse.
Por el momento nuestro país está en el peor de los mundos posibles: una legislación laboral que impide la competitividad, un bajísimo número de trabajadores sindicalizados, sindicato que sólo protegen sus privilegios, simulación de las empresas que se niegan a reconocer derechos laborales, pocos puestos de trabajo creados al año y, por otro lado, una enorme cantidad de trabajo precario, trabajadores explotados con sueldos infames, inexistencia de protección social para los trabajadores informales y sus familias y la falta de un seguro de desempleo.
La reforma que propuso el PRI no resolverá ninguno de los problemas estructurales del país. No nos hará más competitivos, ni tendremos sindicatos democráticos y transparentes. Es simplemente perpetuar la misma situación pero con un costo menos en los despidos de trabajadores.

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