Primer Informe de Jorge Álvarez Máynez

Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la presencia de todos los ciudadanos aquí reunidos. Siempre he creído que los esfuerzos por transformar este país no podrán cristalizar mientras no fortalezcamos nuestros espacios públicos, y este evento intenta ir en esa dirección; el simple hecho de estar aquí reunidos nos permite construir ciudadanía, construir ciudad y construir una nueva narrativa para Zacatecas. Una nueva narrativa del servicio público y del ser ciudadano.
Agradezco a…
También agradezco…
Inicié esta presentación con un video que expone con nitidez el momento que vive nuestro país. Voces como la de Marisela Escobedo, y la de los padres de familia de 49 niños que murieron calcinados en la guardería ABC definen la realidad en la que millones de mexicanos nos sentimos.
Cuando, al paso de los años, se intente hacer una revisión histórica de nuestro tiempo, estos videos serán mucho más útiles para entender lo que pasó que la lectura de la historia oficial y, sobre todo, que los discursos de una clase dirigente que no ha estado a la altura de su tiempo.
Hace algunos meses, cuando discutíamos con algunos legisladores y asesores la iniciativa que nos remitió el gobernador del estado para la creación del Tribunal de Cuentas, los compañeros que se oponían a dicha iniciativa me señalaban que de aprobarla, estaríamos reconociendo el fracaso entero de nuestro diseño institucional; que estaríamos reconociendo que el Estado (con mayúscula) había sido rebasado por el fenómeno de la impunidad.
A la frase, respondí que precisamente por eso debíamos respaldar con firmeza y sin titubeos la valiente iniciativa del Tribunal de Cuentas: porque observaba, y observo, que la descomposición generalizada que se expresa en forma de violencia tiene que ver con el agotamiento de nuestro diseño institucional.
Marisela Escobedo fue asesinada por la impunidad que impera en nuestra patria. Fue un crimen de Estado, porque la impunidad en Chihuahua, y en México, no es un simple fenómeno de corrupción, sino que se desprende de la forma en que se ha institucionalizado la impunidad.
El caso de Zacatecas no es muy diferente. Desde que, en 2008, se estableció el Código Penal Híper-garantista que opera en la actualidad, y que es prácticamente idéntico al de Chihuahua, tenemos niveles de impunidad criminales. Por cada 100 denuncias presentadas, el Poder Judicial apenas es capaz de emitir una sentencia; es decir: de cada 100 posibles delincuentes que un ciudadano tuvo el valor de denunciar, sólo 1 es sentenciado.
Y el dolor de aquellos ciudadanos que son víctimas del crimen organizado, es exacerbado por el Estado en su conjunto. Ese dolor obtiene como respuesta la incapacidad del Poder Legislativo para reformar el marco jurídico, del Poder Ejecutivo para integrar las averiguaciones previas, y del Poder Judicial para dictar una sentencia justa y bien fundada.
Pero además de la incapacidad operativa, el Estado vive una tremenda crisis de valores que sólo agrava el fenómeno de la impunidad.
¿Qué diferencia hay entre el delincuente que roba una casa y el funcionario que pide diezmo a los constructores para asignar obra?
¿Qué diferencia hay entre quienes evaden impuestos y los diputados que deciden evadir la ley de fiscalización, y otorgarse partidas de gestión desmesuradas sin tener que rendir cuentas sobre su aplicación?
¿Qué diferencia hay entre el patrón que viola los derechos laborales de sus trabajadores y el alcalde que decide que sus policías no cuenten, siquiera, con la más elemental seguridad social?
¿Qué hace distintos al académico que fraudulentamente miente para acumular méritos en el Sistema Nacional de Investigadores y el que miente desde un teléfono para extorsionar a los ciudadanos?
Incapacidad institucional y descomposición ética son los elementos que definen la crisis que vivimos en este país; una crisis que lleva el nombre de Impunidad.
Y en este informe, más que hacer un recuento de los hechos que ustedes tienen en sus manos para analizar y evaluar junto a su servidor, mi propósito es explicarles a ustedes, por ser los ciudadanos a los que pretendo representar, que mi actuar en el Congreso ha tenido el claro objetivo de combatir ambos males.
Para dar esta explicación es que decidí hacer el informe cinco meses después de haber rendido protesta como diputado local. Quiero alejarme de la imagen del diputado que sólo toca las puertas de los ciudadanos en época de elecciones y retroalimentar mi conducta en el servicio público con ustedes y con los ciudadanos a los que he visitado en colonias y comunidades.
Quiero demostrar que no sólo voy a regresar con quienes me eligieron, sino que decidí no irme nunca; la mejor forma de desempeñar un cargo es mandar obedeciendo, y hoy reafirmo ese compromiso con ustedes.
También quise venir con ustedes a ratificar mi convicción de no dejarme llevar por las inercias de nuestra cultura política ni por la mediocre visión de “dejar hacer, dejar pasar”.
Hay quienes acusan que una conducta firme y aguerrida lo lleva a uno al aislamiento.
Hoy les digo que rechazo esa idea categóricamente; nadie puede reprochar productividad en mi conducta como servidor público; ni en iniciativas presentadas, ni en iniciativas aprobadas, ni en dictámenes en los que se ha participado, y mucho menos en el rol desempeñado en momentos centrales de la LX Legislatura, como la discusión del presupuesto, o la del Tribunal de Cuentas.
Cuando se ha debatido intensamente, hemos podido lograr acuerdos. La Ley de Desarrollo Metropolitano fue un claro ejemplo de un arduo trabajo de comisiones y de cabildeo con organizaciones sociales, universidades y cuerpos académicos, presidentes municipales y con el propio Poder Ejecutivo.
La zona metropolitana Guadalupe-Fresnillo tiene las bases jurídicas suficientes para su éxito administrativo y su viabilidad en rubros estratégicos como: el transporte público, la vivienda, seguridad pública, recolección de basura y tratamiento de residuos sólidos.
Sin embargo, los episodios más bochornosos de la LX Legislatura no han sido consecuencia del debate, sino de la ausencia del mismo. En el caso del presupuesto, una perversa combinación de chantaje, cerrazón y cinismo nos llevó al repudio social y al deterioro de nuestra convivencia.

El debate no sólo no pone en riesgo la gobernabilidad, sino que es la única forma de construirla. Toda democracia debe alentar los mecanismos democráticos que permitan el consenso; pero el consenso no es punto de partida, sino puerto de llegada, y el vehículo para arribar a él es la deliberación.

Por eso, con ustedes, más que ver al pasado, quiero ver hacia el futuro, y hacia los dos periodos ordinarios que se desarrollarán este año y en los cuales tenemos una agenda legislativa basada en tres vertientes:
La primera vertiente la hemos denominado como la nueva narrativa de los derechos de los zacatecanos, y en ella se incluyen algunas iniciativas ya presentadas, como la que pretende reconocer en la Constitución del Estado el propósito de dar cumplimiento a los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas.
En esta vertiente destacamos también nuestra propuesta de que nuestra Constitución reconozca el derecho al agua como un derecho humano, y la defensa que habremos de hacer de la Ley de Energías Renovables presentada por el gobernador del estado.
Pero además, en esta vertiente de los derechos de los zacatecanos, reconocemos el gran valor de iniciativas presentadas en materia de derechos políticos por otros compañeros legisladores, como las que han presentado el profesor Ramiro Rosales, el profesor Jorge Luis García Vera y la diputada Luz Domínguez, y que tienen la característica común de fomentar la idea de una democracia participativa, con mecanismos como la revocación de mandato, la ratificación de funcionarios por parte del Congreso y la participación del Poder Legislativo en la planeación del desarrollo.
Por otro lado, la segunda vertiente de nuestra agenda legislativa es la de la nueva arquitectura institucional.
En ella, hemos decidido trazarnos como meta una reingeniería de la Administración Pública Estatal.
Este proceso de reforma tiene una connotación administrativa, con reformas como la relativa a la Secretaría del Trabajo, suscrita por un servidor y los diputados Xerardo Ramírez Muñoz y Geovanna Bañuelos de la Torre, o nuestro objetivo de aprobar una nueva Ley Orgánica Municipal, que sea congruente con los principios del artículo 115 constitucional y que ponga un énfasis municipalista en nuestra visión del desarrollo.
Quien no entiende que la crisis de seguridad, económica y alimentaria que vive el Estado Mexicano tiene su principal déficit en la errónea perspectiva del desarrollo, no será capaz de resolver estos complejos problemas. Sólo con desarrollo local se construye bienestar duradero.
Asimismo, en materia de presupuesto y hacienda pública, vemos indispensable la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y al proceso bajo el que se construye el presupuesto estatal. El presupuesto, a nuestro entender, debe tener 3 características fundamentales: partir de una base-cero, estar orientado a resultados e indicadores que prevé el Plan Estatal de Desarrollo, y ejercerse con transparencia.
Pero la connotación más relevante de la nueva arquitectura institucional a la que aspiramos es fundamentalmente ética.
Por eso, pondremos el acento en la creación de un Tribunal de Cuentas que despolitice y profesionalice la rendición de cuentas, tal y como lo ha propuesto un gobernador que ha sido reconocido como valiente y con visión de Estado por los juristas más destacados el país.
Pondremos el acento, asimismo, en una nueva Ley de Acceso a la Información Pública que fortalezca a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública frente a las omisiones y violaciones de los sujetos obligados, ayudando a fortalecer la iniciativa previamente presentada por mi amiga diputada, Noemí Berenice Luna Ayala.
Y también pondremos el acento en una Ley Reglamentaria en materia de Salarios Máximos, que no permita que la importante reforma constitucional que se aprobó en dicha materia, se vaya por el despeñadero.
Y, finalmente, en lo que respecta a la tercera vertiente de nuestra agenda legislativa, daremos continuidad a una política de gestión social que se aleja del corporativismo y del clientelismo y que se sustenta en la construcción de ciudadanía.
Con los excesivos recursos que se aprobaron para el Poder Legislativo, en coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas, y con la presencia grupos de la sociedad civil, ofreceremos a los ciudadanos del municipio de Guadalupe la posibilidad de re-inventarse a largo plazo.
Llevaremos talleres de inglés y de lectura y redacción a colonias y comunidades marginadas de nuestro municipio; conformaremos equipos de psicólogos, activadores físicos y nutriólogos que nos permitan hacer un diagnóstico de la salud física y mental de cientos de ciudadanos, y re-orientarlos a actividades productivas y de recreación social.

Realizaremos torneos deportivos en todos los sectores del municipio, y capacitaremos a mujeres y hombres en técnicas de repostería con un enfoque nutricional, buscando incidir, de forma simultánea, en la productividad y la salud de los guadalupenses.

Asimismo, dispondremos de oficinas para la elaboración y acompañamiento de proyectos productivos en el área rural de nuestro municipio, y ofreceremos, sin distingo de ningún tipo, cursos bimestrales de inglés y computación de forma gratuita, con la posibilidad de extenderlos para quien así lo desee.
También, continuaré la política que inicié en campaña, y he continuado en el ejercicio de mi encargo, de contribuir junto a las sociedades de padres de familia, a la rehabilitación de escuelas en el municipio, regenerando estos espacios que concentran la mayor parte de las actividades públicas de la ciudadanía, y que hoy carecen de dignidad.
Asimismo, impulsaremos el programa de la Segunda Oportunidad, que busque que los niños fuera de la escuela retomen su actividad escolar, y que escapen de la maldición que nuestro sistema educativo ha puesto sobre sus vidas, al definir su propia incapacidad por la vía de reprobarlos.
Aspiramos a que más de 2,000 ciudadanos se beneficien directamente de estos programas, cursos y talleres y que se conviertan en promotores que extiendan dichas capacidades y beneficios puedan a más guadalupenses.
Para sanar al Estado, no basta con sanar al gobierno, también hace falta que sanemos nuestro territorio, pero, sobre todo, nuestra sociedad. Y la mejor forma de hacerlo es la colectiva, en la que todos somos agentes de cambio y entendemos que, cualquier contribución propia al régimen de impunidad, tarde o temprano terminará por golpearnos de forma directa y agresiva.
No podemos escoger otro municipio, ni otro estado, ni otro país para luchar. Ni podemos escapar del cáncer de la impunidad con otras herramientas que no sean la creatividad, la tenacidad y la consistencia ética.
Pertenezco a la última de generación de mexicanos que tuvimos conciencia para disfrutar de la seguridad en nuestros bienes y personas. Pertenezco a la última generación de mexicanos que dejó crecer la desigualdad y la pobreza de millones porque creíamos que no nos afectaba de forma directa.
Y en ese sentido, también quiero pertenecer a la última generación de mexicanos que vea a sus hijos y nietos quedarse en casa porque el espacio público le pertenece a los delincuentes.
Pero, sobre todo, quiero pertenecer a una generación con la suficiente altura de miras para darse cuenta de que los excesos de ayer, son las carencias de hoy, y que los sacrificios que hagamos en el presente serán retribuidos en el futuro.
Quiero ser parte de la generación de Marisela Escobedo, de Benjamín Le Barón, de Alejo Garza Tamés y de aquellos que nunca borraron de su narrativa de vida, y de su narrativa de país, dos palabras:
Podemos Cambiar.

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