1 de Mayo y los derechos sociales
Ayer, durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en México las organizaciones sindicales y los trabajadores rechazaron la reforma laboral y reclamaron al gobierno federal la situación de precariedad salarial y el retroceso en los derechos laborales que han provocado durante casi tres décadas las políticas neoliberales, así como la intención sistemática de desmantelar los derechos sociales, particularmente, del gobierno federal y del PRI con su iniciativa de reforma laboral presentada (que el PAN avala); y que ahora, de forma oportunista, quiere dar marcha atrás por el costo político que implica: “la decisión de nuestro grupo parlamentario es sacar la iniciativa con el mayor consenso posible”, declaró César Augusto Santiago, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Como todos sabemos, los últimos gobiernos de extracción priísta realizaron reformas sobre el campo mexicano para permitir que la tierra entrara al “libre mercado”, cambiaron los sistemas de pensiones y los pusieron a jugar en las bolsas de valores; y privatizaron muchas empresas paraestatales que dieron pie a los grandes monopolios que ahora padecemos.
Sin embargo, a los agentes neoliberales les quedaron temas por resolver, entre ellos, lograr la penetración del capital en las empresas de producción de energía y combustibles fósiles y reformar el marco jurídico en materia laboral.
Cuando el PAN arribó al poder, una de las encomiendas del gobierno de la alternancia era llevar a cabo las modificaciones en la Ley Federal del Trabajo. Carlos Abascal, secretario del trabajo en aquel entonces y que provenía del sector empresarial, impulso estas reformas, pero no las logró sacar. Felipe Calderón continuó con este propósito, y través de su secretario Javier Lozano está intentando concretar ese objetivo, como lo apunta el periodista jaliciense Jorge Rocha.
Históricamente, la experiencia respecto a estas reformas, ha dejado de manifiesto su incapacidad para aumentar el número de empleos y para mejorar las condiciones de los mismos. En cambio, han provocado una lucha feroz por los trabajos, que ha traído como consecuencia la precarización del empleo, los trabajos son menos y de menor calidad y quienes ganan, como siempre, son los dueños del gran capital.
Por esta razón, el día de ayer los trabajadores pusieron en claro que para ellos, la contratación colectiva, la libertad sindical y el derecho de huelga son irrenunciables.
La reforma propuesta por el PRI claramente resulta retrógrada y de carácter marcadamente antisocial, así se observa en diversos artículos que integra, entre los que destacan: 15 bis, sobre outsourcing; 35, 39 A y 39 F, que modifican la bilateralidad del Contrato Colectivo de Trabajo por contratos a prueba, contratos por capacitación inicial; los 47,48 y 49 que refieren las causales de despido; entre otras consideraciones se exime al patrón de la obligación en el pago del despido e incluye el plazo para el pago de los salarios caídos a un año.
Por supuesto, este esquema atenta en todos sentidos contra lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De aprobarse la reforma en estos términos llevaría a nuestro derecho laboral a retroceder 100 años, si hacemos un repaso de nuestra historia en cuanto a logros laborales y a los derechos sociales, es inevitable recordar que durante el periodo Constituyente de 1917, la tradicional estructura jurídica constitucional (individualista) fue rebasada por el ala izquierda del constitucionalismo mexicano.
Los herederos del magonismo, zapatismo y villismo lucharon exitosamente por incluir en el texto constitucional los Derechos Sociales, figuras jurídicas colectivas: sindicatos, ejidos y el municipio libre. De este modo, la Constitución de 1917 quedó marcada, tanto en su parte dogmática (arts. 3 y 27), como en la orgánica (arts. 115 y 123), por una nueva modalidad jurídica: el derecho social fundado en figuras jurídicas colectivas; el sindicato, elevando a rango constitucional el derecho de huelga y se estableció el derecho al trabajo, a la estabilidad del mismo, al salario remunerador, a las condiciones de trabajo y de vida (que incluyen la vivienda) que aseguren la salud, la educación, el bienestar del trabajador y su familia.
Se asigna al Estado una función Tutelar (no paternalista) que pretende “nivelar la desigualdad económica y social para hacer efectiva la igualdad política”. Este avance jurídico, que para los trabajadores resultó muy significativo, constituyó motivo de inconformidad y desconfianza para los sectores empresariales, tanto mexicanos como extranjeros.
La intención de los grupos revolucionarios era establecer una legislación social impresa en la Constitución, que estuviera integrada por un conjunto de disposiciones jurídicas sobre la propiedad de la tierra, el trabajo y la educación, tendientes en lo fundamental a proteger a los económicamente débiles y marginados: “esta Revolución con la que nos encontramos comprometidos no es solamente por objetivos políticos, como todos sabemos y como lo percibimos los ciudadanos del país; también envuelve hondas necesidades sociales; esta Revolución hecha para regenerar a la gente, para eliminar la necesidad y redimir la raza indígena, ha sido recibida como bendición del cielo por todos aquellos que sufren la pena de no tener lo suficiente para vivir como seres humanos y que deben sufrir miserias a causa de la explotación” (fragmento contenido en el “Diario de los debates del Congreso Constituyente).
La herencia social del proceso revolucionario, empujó a que posteriormente el régimen posrevolucionario tuviera entre los ejes para su supervivencia, la política social, el empleo y el salario.
En torno a ellos se creó una red de instituciones originalmente destinadas a la seguridad social de los trabajadores asalariados. En forma paralela, se crearon instituciones para atender a los no asalariados sobre todo en el área de la salud y ante la creciente demanda se pretendió “universalizar” los servicios de la seguridad social.
De esta forma, resulta evidente la huella profunda que estos artículos constitucionales marcaron para la política social de los “gobiernos de la revolución” y que, efectivamente, lograron transformar a la sociedad con su proyecto modernizador, pero a pesar de su retórica inflamada y su sustento ideológico, a final de cuentas, el largo proyecto posrevolucionario terminó siendo un fracaso: la pobreza y desigualdad crecieron bajo un régimen de corrupción.
El “milagro mexicano” resultó ser un espejismo de abundancia; a la vez que se construían miles de escuelas y carreteras, también fue fortaleciéndose una élite económica conformada por ese binomio entre los administradores del régimen y las fuerzas económicas tradicionales y nuevas.
Hoy en día, ante este nuevo embate neoliberal, que pretende dar la puntilla a una de las grandes luchas históricas del pueblo mexicano con esta reforma abiertamente reaccionaria; que representa una traición a la clase trabajadora y una agresión a los fundamentos constitucionales que nuestro país ha conseguido con gran sacrificio.
Por ello, este primero de mayo, al recordar a los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, el Partido de la revolución Democrática y el pueblo de México, hicieron patente su repudio y denunciaron el grave retroceso y atentado contra los derechos humanos y laborales que significaría la reforma que buscan hacer a la Ley Federal del Trabajo el PAN y el PRI.
