La urgencia de un gobierno progresista y democrático en México

CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID

México requiere un gobierno progresista y democrático que esté comprometido en resolver los problemas nacionales desde raíz, que cuente con un proyecto capaz de enfrentar los altos índices de inseguridad, corrupción e impunidad, por ello, la población debe estar consciente que en 2018 la participación ciudadana será la que permita el cambio de gobernanza.
Transformar el sistema y el régimen de Estado Mexicano, mediante un gobierno progresista y democrático, es una necesidad trascendental debido a que dejaría de ser centralista, por ende no estaría el poder económico y financiero secuestrado. Con lo cual, tendría impacto directamente y de manera favorable en el desarrollo y estabilidad social y política.

El cambio de régimen provocaría que la población mexicana confíe en los tres poderes de la unión y en los diversos órdenes de gobierno. Se fortalecería la democracia y el sistema de partidos políticos. Existiría garantía de pleno acceso a la justicia, libertad y soberanía. Terminaría la crisis por la que atraviesa el sistema de seguridad y justicia.
La transición a un régimen semiparlamentario y un gobierno de coalición garantes de pluralidad y estabilidad, que corresponde a la verdadera gobernanza democrática, traería para México mayor confianza de la gente hacia el Estado y las instituciones públicas. Cambiar del centralismo autoritario al descentralismo fortalecería la autonomía de los estados y municipios. Un gobierno progresista promovería, indudablemente, un sistema hacendario redistributivo y federalista. La democracia directa sería una realidad (consulta popular, refrendo, plebiscito, iniciativa popular y planeación participativa).
Los problemas y la crisis económica por los que atraviesa México requieren un modelo de desarrollo en el que se ponga en el centro la regulación de la economía de mercado. Se debe tener como visión el impulsar el interés social. La planeación del desarrollo tiene que ser desde una perspectiva de economía de mercado social, donde se garantice el crecimiento sostenible, la generación de empleo, sobre todo, la justa y equitativa distribución de la riqueza. 
Para los gobiernos progresistas es prioridad la transformación y regulación de las instituciones que tienen como responsabilidad fiscalizar y ejecutar las políticas monetarias, financieras y crediticias. El objetivo es evitar que se afecte la economía nacional y el patrimonio de los mexicanos. Debo hacer hincapié que en la actualidad el Estado ha desechado todas las políticas redistributivas, lo cual es reprobable, porque impuso un trato fiscal que favorece al capital financiero por encima de las actividades productivas, debilitando las finanzas y la inversión pública. 
Si a México llega un gobierno democrático no existe duda que una de las prioridades principales será impulsar una gran reforma fiscal que refuerce el mercado interno, disminuya la subordinación de las exportaciones, fortalezca el gasto de inversión, combata el dispendio, la elusión, la evasión y los privilegios fiscales. Ya que con las referidas acciones han quedado en evidencia múltiples casos de impunidad que lamentablemente existen en el país.
Desde ahora, la sociedad y los propios partidos políticos de oposición al actual régimen debemos promover la llegada de un gobierno que converja con nuestros ideales y que salvaguarde la economía nacional. Se deben incrementar los ingresos, reorientar y hacer eficiente el gasto público. Se tiene que dar impulso a la transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas para hacerle frente a los diversos conflictos financieros. Debemos asegurar el bienestar de las familias mexicanas. 
Apostar por un proyecto de gobierno en México que priorice una estrategia contraria al sistema neoliberal, fortalecería el impulsar la soberanía nacional y el crecimiento económico de forma importante. Mediante este cambio se podría revertir la reforma energética por una que de verdad impulse una estrategia al sistema económico, la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica endógena en la materia, el desarrollo industrial y regional. 
Reorganizar el sector energético y activar la economía nacional será prioridad del gobierno progresista. Se debe garantizar que se fortalezcan los ingresos públicos y para que se genere una justa distribución de la riqueza, se promueva el desarrollo regional con equilibrio, procurar el bienestar de la población, el desarrollo equitativo y socialmente responsable. 
Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD)

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