La Casa de los Perros: A punto de estallar
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Cuando un ciudadano, cualquiera, es víctima de una injusticia, lo primero que la autoridad dice es: Denuncien. Lo hemos escuchado en voz de todos los gobiernos, de todos los colores, de todas las ideologías.
Estos últimos meses, ese mandato para que nadie se quede callado ha resonado en voz no sólo del inquilino de La Casa de los Perros, sino de todos los funcionarios de esta administración gubernamental.
Algunos se han atrevido y lo han hecho de manera formal, como la ex diputada Soledad Luévano Cantú, quien lleva a cuenta varias denuncias en contra del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ). Hasta la fecha, de las pesquisas que se supone se realizan, nada sabemos.
Mara Muñoz, Galván, al presentar su renuncia a la dirección del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Zacatecas realizó una denuncia pública en la que desveló compadrazgos y falta de apoyo por parte del procurador Francisco Murillo Ruiseco. La respuesta fue que nada se podía hacer mientras no hubiera algo formal. Un documento publicado en Facebook no era suficiente.
Hoy, de los tejes y manejes de los funcionarios de la PGJEZ, tampoco se sabe nada. Quedaron en el olvido los señalamientos.
El pasado viernes 12 de mayo, un grupo de policías estatales hicieron lo propio, levantaron la voz, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, se manifestaron en contra de supuestos abusos cometidos en su contra no sólo por parte del titular del área, Froylán Carlos Cruz, sino de algunos comandantes.
De entrada, lo primero que recibieron fue descalificaciones de parte del funcionario policiaco. Él reviró con la acusación de que eran infiltrados del crimen organizado, pero tampoco demostró sus dichos y mucho menos denunció formalmente el grave hecho.
Ahora, nos enteramos que quienes se atrevieron a alzar la voz y reclamar no sólo mejores condiciones de trabajo, sino una verdadera estrategia para realizar su labor, la cual aseguran no existe, han sido obligados a firmar una carta para recibir una sanción administrativa.
Los policías estatales recibieron la promesa del gobernador Alejandro Tello Cristerna de que serían atendidos, escuchados, que el diálogo se ponderaría a cualquier situación, pero sobre todo, les aseguró, no habría ninguna represalia.
El cuestionado secretario de Seguridad Pública, quien tiene abierta una investigación por los hechos sucedidos el 19 de junio del 2016, en Nochixtlán, Oaxaca, cuando encabezó un operativo de desalojo como jefe de la policía estatal en el que murieron ocho personas y cien más resultaron heridas, se mantiene en su puesto, a pesar de que ha dejado al descubierto que la responsabilidad le quedó corta.
La exigencia de su renuncia está en boca de los ciudadanos, los mismos diputados se la solicitaron de frente cuando compareció ante los integrantes de la LXII Legislatura, pero nada, como el gobernador dijo que no se maneja bajo presión, pues se mantiene de manera inexplicable en el puesto.
Ayer, nuevamente desde la Tribuna del Congreso del Estado, la panista Lorena Oropeza demandó su salida, y pidió a Tello Cristerna que se decida ya, pero sobre todo, que no se haga efectiva la sanción a los policías que, sin armamento, ni adiestramiento, ni patrullas, salen todos los días a arriesgar la vida.
Ahora se entiende perfectamente por qué los ciudadanos no denuncian, por qué ni los mismos funcionarios cuando se ven envueltos en situaciones de peligro lo hacen. Mientras no haya garantías para expresarse, para decir libremente lo que está mal, seguiremos viviendo en el estado en el que no pasa nada y todo es felicidad.
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