Medidas de austeridad de Alejandro Tello deben estar ya en vigor
Zacatecas, Zac.- Este 6 de octubre, tras ser publicadas en el Periódico Oficial, entraron en vigor las “Medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y calidad del gasto”, así como un ajuste presupuestario aplicable a dependencias centralizadas y entidades paraestatales, sobrevivir la conclusión del ejercicio presupuestal 2016. El «Acuerdo» sólo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.
El gobernador Alejandro Tello Cristerna deja en claro en la publicación que para cumplir con el Contrato con Zacatecas, resulta “no solo conveniente, sino prioritario y de urgencia” establecer dichas medidas, sobre todo cuando actualmente el Gobierno del Estado tiene una deuda de siete mil 698.6 millones de pesos, exclusivamente a la deuda contratada con las instituciones bancarias, lo que implica una “importante presión” para las finanzas.
Tello Cristerna detalla que se han identificado rubros de gasto que no son “estrictamente indispensables” y que está fuera de la realidad y posibilidad de Zacatecas, de ahí que no se les puede hacer frente. Los rubros son: Servicios personales, telefonía celular, combustibles y lubricantes, contrataciones de asesorías, gastos de representación, gastos de viaje y viáticos, publicidad, apoyos a instituciones diversas, entre otros.
Por lo pronto, Tello Cristerna promete que “no generará más proyectos que no cuenten con el respaldo social, no más obras de relumbrón de poca o nula utilidad real para la ciudadanía”, además que anulará la “mala práctica” de otorgar préstamos a municipios, a organismos públicos descentralizados paraestatales y paramunicipales, e inclusive a terceros. “No es aceptable que, ante la situación de falta de recursos financieros, todavía sean distraídos recursos públicos para atender este tipo de presiones extrapresupuestarias”.
Se señala que se “han detectado” en las primeras semanas de esta administración, que no hay una aplicación estricta del control presupuestal, como pagos no previstos en el presupuesto en nómina, materiales y servicios básicos: consumo de energía eléctrica, combustibles y lubricantes, servicios contratados de diversa índole.
Como parte del ajuste presupuestal se instrumentará un programa de retiro voluntario, el cual llevará a cabo la Secretaría de Administración (SAD), y toda plaza “liberada” será cancelada y sólo podrán ser utilizadas las que se justifique plenamente. Sólo se podrán contratar servicios bajo el régimen de honorarios, así como asimilables a salarios o similares, previa autorización de la SAD y la Secretaría de la Función Pública (SF).
Las dependencias tendrán de plazo hasta el 31 de octubre, para entregar un diagnóstico sobre la estructura orgánica con la que cuentan, sus procesos internos, así como del gasto de operación a su cargo.
La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF), integrada por las secretarías de Finanzas, de Administración, de la Función Pública, así como la Unidad de Planeación de la Oficina del Gobernador podrá recomendar al titular del Ejecutivo la fusión o supresión de dependencias y entidades.
La SAD tiene hasta el 4 de noviembre para presentar un nuevo Tabulador de Sueldos y Salarios, el cual deberá incluir absolutamente todas las prestaciones y percepciones otorgadas a los trabajadores, tanto de confianza como sindicalizados.
A partir de la publicación del Acuerdo, las incapacidades deberán ser cobradas ante el IMSS; asimismo, se realizarán los respectivos descuentos derivados de inasistencias, ya sea por faltas o incapacidades.
Uso oficial
Por lo pronto, el Acuerdo recalca que “de inmediato” se activará un control interno por para el uso y rendimiento de los combustibles utilizados en el parque vehicular, para lo cual se instalarán dispositivos de GPS de manera aleatoria en los vehículos, y así poder monitorear los recorridos y la real comprobación de los mismos.
A partir del 5 de octubre, la totalidad de los vehículos deben ya contar con los respectivos logos y números económicos –excepto los vehículos destinados a las áreas operativas de procuración de justicia y seguridad pública–, además que deberán mostrar el oficio de comisión en un lugar visible (adherido a la ventana trasera derecha o al medallón en caso de vehículos tipo pick up).
No está autorizada la asignación de vehículos públicos para el traslado de servidores públicos de su casa al trabajo y viceversa. Se pide a los ciudadanos que, con el uso de las redes sociales, vigilen el cumplimiento de esta disposición.
Adiós a celulares, posadas y papelería excesiva
Se instruye a las dependencias y entidades que generen ahorros en el consumo de energía eléctrica, agua y servicios telefónicos; además que queda prohibida la edición e impresión de libros y publicaciones que no sean estrictamente necesarias. Para ahorrar material de oficina, insumos y útiles de impresión y fotocopiado, de ahora en adelante se privilegiará la transmisión electrónica de datos e implementar la firma electrónica, para agilizar la comunicación.
Si se cumple con el Acuerdo publicado, desde el pasado 5 de octubre ya deben estar eliminadas las asignaciones presupuestales para telefonía celular y radiotelefonía, con excepción de las utilizadas en las áreas de Seguridad Pública y Salud.
También deberán reducirse en un 10% las tarifas de viáticos nacionales e internacionales, mientras que los gastos de representación y comisiones oficiales se reducirán en al menos un 30%; además que el presupuesto asignado para los eventos de carácter social (posadas, aniversarios, aniversarios, verbenas, entre otros), orientados al personal deberán reducir su presupuesto al menos en un 20%, con respecto a los devengado en el último trimestre del ejercicio 2015.
Las dependencias, en lo referente a las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, deberán justificar su realización y priorizar la utilización de inmuebles propiedad del Estado o bajo su administración.
